Vijay Prashad, Counter Punch
Durante más de seis décadas, Estados Unidos ha intentado que el pueblo cubano pague las consecuencias de su decisión de seguir un camino socialista e independiente. La última fase de esta guerra económica se ha centrado en la arteria más vulnerable de la isla: su suministro energético. Seis meses después de que Washington intensificara la presión sobre los países y las empresas que abastecen de petróleo a Cuba, esta política no ha traído democracia ni mejorado la vida de los cubanos de a pie. Lo que sí ha provocado son hogares más oscuros, autobuses paralizados, hospitales inoperativos y mayores dificultades para transportar alimentos del campo a las ciudades.
La tarea inmediata es prevenir una catástrofe humanitaria. La tarea más importante es sustituir la coerción por la cooperación soberana y ayudar a Cuba a construir un sistema energético que no pueda volver a ser estrangulado por una potencia extranjera.
Seis meses de crisis cada vez más profunda
El 29 de enero de 2026, el presidente estadounidense Donald Trump emitió una orden ejecutiva que establecía un mecanismo para imponer aranceles adicionales a los productos de cualquier país que suministrara petróleo a Cuba, directa o indirectamente. Washington presentó la medida como una defensa de la seguridad nacional de Estados Unidos. Su propósito práctico era inconfundible: obligar a terceros países a elegir entre una pequeña nación caribeña con dificultades económicas y el acceso al enorme mercado estadounidense.















