Desde 1953: Mohammad Mosaddegh, primer ministro elegido democráticamente, fue derrocado por británicos y estadounidenses por haber nacionalizado el petróleo iraní
Soumaya Ghannoushi, El Viejo Topo
"No seremos coaccionados, ni por gobiernos extranjeros ni por autoridades internacionales", advirtió el ex primer ministro iraní Mohammad Mosaddegh al Consejo de Seguridad de la ONU en 1951.
Más de siete décadas después, mientras un grupo de ataque de portaaviones estadounidense entra en el Océano Índico y destructores con misiles guiados se dispersan por Medio Oriente, la advertencia de Mosaddegh parece menos historia y más un comentario en vivo.
Los buques de guerra no se posicionan al azar. Su movimiento indica una intención. De igual manera, los expedientes de inteligencia no suelen compilarse para descubrir la verdad, sino que se inventan para generar consenso para la acción militar: el marco para una intervención ya en marcha.
En este contexto, el régimen israelí ha entregado a Trump lo que considera evidencia decisiva de que las autoridades iraníes ejecutaron a cientos de manifestantes detenidos durante la reciente represión a escala nacional. Que Tel Aviv se presente ahora como el principal proveedor de pruebas contra Irán sería cómico, si no fuera tan grave lo que está en juego.
El Estado que ha impulsado incansablemente la guerra contra Teherán, que declara abiertamente un cambio de régimen en Irán como un objetivo estratégico y que tiene más que ganar que cualquier otro actor con el colapso de Irán, se presenta repentinamente como un testigo humanitario neutral. Por lo tanto, Tel Aviv ha sido ascendido a fiscal jefe; sus declaraciones fueron consideradas no como una defensa, sino como hechos.
