Las protestas en Francia son otra expresión de un malestar que recorre todo el continente. Pero mientras crecen la precariedad económica y el descontento social, los líderes europeos siguen defendiendo las políticas de ajuste que alimentan la crisis
Harrison Stetler, Jacobin
El malestar social que sacude actualmente a Francia es, en muchos sentidos, un fenómeno nacional. La frustración ante un sistema educativo desbordado estalló a finales del mes pasado en forma de movilizaciones, bloqueos y acciones colectivas en las escuelas y las universidades. A mediados de octubre, al movimiento estudiantil se sumaron sectores más amplios de la población, hartos de los altos precios de la gasolina, la inflación persistente y la caída de los salarios reales.
La violenta respuesta policial que ha conmocionado tanto a manifestantes como a observadores dentro y fuera de Francia tampoco tiene nada de novedoso. Los aliados de Emmanuel Macron, ante todo, buscan proteger la agenda presidencial de recortes impositivos favorables a las empresas, un factor que suele pasarse por alto en la crisis fiscal del país. Se prevé que el déficit público francés alcance el 5,4% del PIB en 2026, el nivel más alto de la zona euro. Esto ha provocado turbulencias en los mercados de bonos y ha dado lugar a llamamientos a recortar drásticamente los servicios públicos.
El 26 de octubre, el gobierno hizo sus primeros gestos hacia los estudiantes al insinuar la posible sustitución de la denostada plataforma de selección universitaria Parcoursup, la imposición de límites al número de estudiantes por aula y el apoyo estatal a la renovación de edificios.
