El gobierno de Rodrigo Paz llegó al poder con votos populares y los traicionó de inmediato. El ajuste, el alineamiento con Trump y el desmantelamiento del Estado plurinacional desataron una huelga política de masas que pone en jaque su gobernabilidad.
Vladimir Mendoza Manjón, Jacobin
Rodrigo Paz asumió el poder ejecutivo a fines de 2025, después de ganar en segunda vuelta con el 54% de los votos a Tuto Quiroga, el candidato de los poderes económicos y los grandes medios. La hazaña electoral fue posible gracias a que Paz y su candidato a vicepresidente recibieron el respaldo de los sectores populares que antes recaía «en bloque» sobre el otrora poderoso Movimiento Al Socialismo (MAS). Paz proviene de una tradición donde amasar poder es para lo único que sirve la política, así que su instinto lo forzó a asumir poses centristas. Pensó cada frase de campaña para diferenciarse de las narrativas de ultraderecha y se esmeró en conectar con los sentidos comunes de las clases populares. Usó esta excepcional oportunidad para llegar al Palacio quemado y fue usado por las masas obreras y campesinas para cerrarle el paso a la ultraderecha.
Rodrigo Paz y la agenda Trump
La intervención militar y el secuestro del presidente de Venezuela, la agresión sostenida sobre Cuba, las intervenciones indisimuladas en el proceso electoral de Honduras y los salvatajes monetarios al gobierno adicto de Argentina posicionan al gobierno norteamericano como un factor determinante en la presente coyuntura latinoamericana.
La intervención de Casa Blanca sobre la política boliviana tiene evidencias públicas desde mediados de 2025, cuando se organizaron reuniones ampliadas entre organismos financieros internacionales, empresarios privados, operadores políticos de la ultraderecha y todos los candidatos del centro hacia la derecha, incluyendo a Rodrigo Paz, para acordar la nueva agenda gubernamental.
Ni bien asumió el gobierno, Paz conformó un gabinete con el personal neoliberal de los partidos tradicionales, anuló con normativa inconstitucional a su vicepresidente (sospechoso de tener alguna sensibilidad hacia los sectores populares), se distanció de los presidentes progresistas de la región y se incorporó, junto a Milei y Bukele, al club de gobiernos dispuestos a viabilizar en el continente la Estrategia de seguridad nacional de Donald Trump.














