La crisis que precipitó la caída de Santiago Peña expuso las contradicciones del «modelo paraguayo», celebrado por las derechas latinoamericanas. Detrás del supuesto paraíso del libre mercado aparece una estrecha relación entre el poder político, los grandes grupos empresariales y los recursos del Estado
David Cavalcante, Jacobin
Durante años, Paraguay fue presentado por sectores de la derecha latinoamericana como un ejemplo de las virtudes del libre mercado. Impuestos bajos, regulaciones limitadas, salarios reducidos y condiciones favorables para la inversión extranjera parecían ofrecer una fórmula sencilla para alcanzar la prosperidad económica. La crisis que terminó con la destitución del presidente Santiago Peña, el 6 de noviembre, ha puesto esa imagen bajo una luz menos favorable.
El escándalo que provocó su caída tuvo su origen en el Banco Ueno, una de las principales instituciones financieras del país, cuyos vínculos con el poder político quedaron en el centro de las investigaciones. La intervención del banco dejó a millones de clientes sin acceso a sus ahorros, comprometió recursos de la seguridad social y desencadenó una ola de protestas que terminó por quebrar el respaldo parlamentario del presidente.
El episodio permite examinar una contradicción del modelo paraguayo: detrás de la imagen de una economía sostenida por la iniciativa privada aparece un entramado de relaciones entre grandes grupos empresariales, recursos públicos y poder político. El problema no parece residir simplemente en la ausencia de regulación estatal, sino también en la posibilidad de que las instituciones encargadas de ejercerla queden subordinadas a los intereses que deberían controlar.














