El 16 de junio, el presidente Donald Trump pronunció un discurso en el barrio Little Havana en Miami, describiendo su plan de echar atrás la reducción de restricciones de los viajes y las relaciones comerciales, iniciadas bajo la administración de Obama. Repitiendo su absurdo argumento de que el acuerdo para reabrir las relaciones diplomáticas y permitir que las compañías estadounidenses operen en la isla fue “unilateral” y “terrible y equivocado”, el gobierno de Trump está hablando no sólo para los ricos exiliados cubanos de derecha que fueron parte de su base electoral. Las capas más voraces del imperialismo americano ven un hundimiento económico cubano en el horizonte y una oportunidad para recuperar su antigua propiedad sin tener que dar un corte a la dirección cubana y a sus asociados.
Pese a reclamar la cancelación del acuerdo “de inmediato”, Trump firmó una directiva presidencial para que los departamentos de Comercio y Tesorería comenzaran a elaborar los cambios de las regulaciones más recientes de la administración Obama, en un lapso de 30 días. Según los informes y funcionarios de la administración, los dos cambios más importantes impactarían principalmente el viaje individual a la isla por parte de ciudadanos estadounidenses, así como también aumentarían las limitaciones a los acuerdos comerciales con entidades propiedad de los militares cubanos.
El más grande cambio esperado con respecto a los viajes es la eliminación de la licencia individual de viaje educativo de “gente para la gente”. Debido al embargo cubano, a los estadounidenses no se les permite gastar dinero en Cuba sin una licencia de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro. La administración Obama, como parte de su acercamiento con el gobierno de Raúl Castro, creó más categorías de licencias “generales” bajo las cuales la gente podía “auto certificar”, esencialmente marcando una casilla en la puerta de salida de su aeropuerto.
Con altos funcionarios de la administración alegando que la licencia individual de viaje “persona a persona” estaba “madura para el abuso”, esencialmente permitiendo viajar a individuos, siempre y cuando declararan que era para fines educativos, la licencia volverá a estar disponible sólo para viajes en grupo. También es probable que haya una aplicación más estricta de los reglamentos de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC, por sus siglas en Inglés) sobre los viajeros que regresan —en particular de los que viajan individualmente— y las solicitudes de prueba de actividades y gastos.
Esto podría reducir drásticamente los viajes a la isla de los visitantes no cubano-americanos que fueron 285.000 sólo en los primeros cinco meses de 2017, aproximadamente el mismo número de visitantes en todo el año 2016. Esto representa aproximadamente el 7 por ciento de los viajes turísticos a Cuba. La mayoría de los visitantes son procedentes de Europa, Canadá y otros países de América Latina.
El otro gran cambio anunciado por Trump es la prohibición de las transacciones financieras que envuelvan a los militares cubanos. El ejército cubano controla partes significativas de la economía a través de su Grupo de Administración Empresarial, S.A. (GAESA), incluyendo el turismo, a través de sus filiales Gaviota y Habaguanex. No está del todo claro cuán amplias serán estas restricciones, ya que aparentemente los acuerdos actuales —como en el caso de la administración Marriot del hotel Four Points Sheraton de La Habana, propiedad de Gaviota— podrán continuar. Airbnb seguirá siendo capaz de operar, aunque no está claro cómo las nuevas políticas reducirán la demanda. Los cruceros y aerolíneas también estarán exentos.
Esencialmente, las compañías estadounidenses más grandes están siendo protegidas de la responsabilidad legal, con la carga colocada más directamente sobre los viajeros individuales, en un movimiento que sólo puede verse como un intento de enfriar el mercado de viajes individuales y desalentar a los que les gustaría visitar la isla que está a menos de 100 millas de la parte continental de Estados Unidos.
Si bien estos movimientos en sí mismos probablemente tendrán poco efecto significativo en la elite gobernante del gobierno cubano, van a afectar negativamente al creciente número de cubanos que dependen del turismo estadounidense, desde los propietarios de Airbnb hasta los trabajadores y propietarios de restaurantes, los taxistas y empleados hoteleros, entre otros. Oficialmente, 535.000 cubanos, alrededor del 10 por ciento de la población, son “autónomos” y ya no trabajan en empleos estatales, aunque posiblemente varios cientos de miles están en la misma categoría informalmente.
El discurso de Trump en el Teatro Manuel Artime —así llamado por un exiliado cubano que trabajó estrechamente con la CIA en los complots anti-Castro incluyendo la invasión de Bahía de Cochinos— fue un evento deliberadamente calculado para atraer a la extremadamente derechista capa de exiliados cubano-americanos. Trump elogió a ese grupo, que le proporcionó más de 300.000 votos en el condado de Miami-Dade. Aunque perdió allí ante Hillary Clinton, el margen de victoria de Trump en todo el estado fue de sólo 112.911 votos, convirtiendo a este grupo en una fuente extremadamente importante de apoyo para cualquier candidato republicano.
Prominentes políticos republicanos cubano-americanos, entre ellos el senador Marco Rubio y el congresista Mario Díaz-Balart, dejaron de lado cualquier prolongada diferencia con Trump para hacer el anuncio, que es ampliamente opuesto por la gran mayoría de la población estadounidense, así como también a una gran variedad de negocios, incluyendo la Cámara de Comercio de los Estados Unidos.
Las afirmaciones de Trump, resumidas en un memorándum presidencial, el cual dice que “el pueblo cubano ha sufrido durante mucho tiempo bajo un régimen comunista que suprime sus legítimas aspiraciones de libertad y prosperidad y no respeta su dignidad humana esencial”, es risible, viniendo de un gobierno estadounidense que rutinariamente se dedica a la tortura, el asesinato y el encarcelamiento de sus enemigos políticos, y el que ha construido la infraestructura de un estado policial más allá de los sueños del régimen en La Habana.
Sin embargo, sus políticas reflejan el punto de vista del proyecto de largo tiempo de desestabilización de Venezuela, que podría dar sus frutos y socavar su capacidad para subsidiar la economía cubana a través del suministro de petróleo barato. Cuba recibió anteriormente cerca del 4 por ciento de las exportaciones de petróleo de Venezuela, pero los envíos se detuvieron por un período de ocho meses que terminó en mayo, según reportes de Reuters que examinaron documentos de envío.
Hay preocupaciones significativas dentro del régimen cubano que un fin del apoyo venezolano significará el retorno del “período especial” de los años noventa, cuando el fin del apoyo soviético condujo al hambre y al colapso económico. Con los cubanos teniendo un mayor acceso a la información y a fuentes de entretenimiento de todo el mundo, así como más contacto con visitantes internacionales, existe la preocupación de que cualquier protesta o furia social generalizada rápidamente postraría los medios de control del régimen. Aunque la respuesta oficial del gobierno cubano al anuncio de Trump fue que “una estrategia destinada a cambiar los sistemas políticos, económicos y sociales de Cuba, ya sea por presión o coacción, o empleando métodos más sutiles, estará condenada al fracaso”, por ningún motivo excluye que el régimen esté dispuesto a hacer un trato.
Además de las demandas de liberar a los presos políticos y abrir Cuba a las libertades políticas y económicas, Trump también exigió el regreso de los fugitivos estadounidenses, nombrando específicamente a Joanne Chesimard, también conocida como Assata Shakur, que vive en Cuba desde 1984, después de obtener el asilo político en este país. Ex-miembro del Partido de la Pantera Negra y otros grupos nacionalistas negros, Shakur escapó de la prisión en 1979 tras una condena por un tiroteo de 1973 en el New Jersey Turnpike durante el cual murió un policía estatal.
El gobierno de La Habana siempre ha mostrado una política exterior pequeñoburguesa por excelencia —intentando maniobrar entre las grandes potencias— para asegurar la ayuda y la continuidad de su propio gobierno. Con su relación con Venezuela viéndose inestable, el gobierno de Castro ahora se enfrenta a la elección de aceptar las demandas de Estados Unidos o tal vez hacer girar su eje hacia Rusia o China, lo cual sólo lo pondría más directamente en la mira del imperialismo estadounidense.
En particular, Rusia envió su primer envío de petróleo a Cuba desde la década de 1990 en mayo de este año. También se ha informado que Rusia ha hablado con Cuba sobre la posibilidad de reabrir una base militar en la isla, abriendo la posibilidad de una repetición de eventos como la crisis de los misiles cubanos.
Contra el intento de separarlos artificialmente, el destino de los trabajadores cubanos y estadounidenses está indeleblemente ligado. La lucha para evitar el saqueo y la explotación de Cuba por parte de los bancos y corporaciones estadounidenses sólo puede darse a través del desarrollo del movimiento socialista internacional representado por el ICFI y la construcción de sus secciones nacionales en Cuba y en todo el mundo.
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