Jorge Rafael Videla asume el poder tras el golpe de marzo de 1976 en Argentina
Julián Bokser, Counter Punch
Han pasado cincuenta años desde el golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, uno de los capítulos más trágicos de la historia reciente de Argentina: una dictadura que combinó el terrorismo de Estado con una transformación estructural de su economía. A lo largo del siglo XX, el país experimentó seis interrupciones de su orden democrático —en 1930, 1943, 1955, 1962, 1966 y 1976—, pero el último golpe marcó el comienzo del ciclo más violento. En coordinación con otras dictaduras del Cono Sur y con el respaldo del gobierno de Estados Unidos, el régimen militar llevó a cabo un plan sistemático de represión, desaparición y disciplina social.
Las cifras sirven para ilustrar la magnitud del horror: 30.000 personas desaparecidas, más de 900 centros clandestinos de detención, tortura y exterminio, alrededor de 500 niños apropiados y casi medio millón de exiliados. Lejos de ser excesos aislados, estos crímenes constituyeron una política de Estado deliberada. No eran desviaciones de un sistema, sino de su lenguaje. La violencia no era un exceso; era el método. La represión se coordinó a escala regional a través de la Operación Cóndor, que integró a Argentina, Chile, Uruguay, Brasil, Paraguay y Bolivia en un sistema de persecución transnacional. La violencia no sólo buscaba eliminar a los oponentes: tenía como objetivo desmantelar las organizaciones sociales, debilitar la capacidad de resistencia colectiva e imponer un nuevo orden. La dictadura no sólo cerró la democracia:reconfiguró la estructura productiva del país. El objetivo era sustituir un modelo industrial orientado al mercado interno por uno basado en la especulación financiera, la apertura externa y el endeudamiento.



















