Daniel Jadue*, Página 12
La justicia argentina ha hablado, y lo ha hecho con el tono solemne y cínico de los tribunales coloniales: seis años de prisión para Cristina Fernández de Kirchner, dos veces presidenta, una vez vicepresidenta y actual titular del Partido Justicialista. La acusación —mal disfrazada de caso de corrupción— es apenas una máscara de la verdadera causa: haber desafiado al capital y al poder mediático durante más de una década.
No es la primera vez, ni será la última. Lo que vemos hoy no es justicia: es una venganza de clase. Cristina no está siendo castigada por enriquecerse (cosa que no probaron), sino por tocar los intereses del capital concentrado: por ampliar derechos, por recuperar la soberanía de YPF, por enfrentar a Clarín, por poner a las Madres de Plaza de Mayo en la Casa Rosada y a los genocidas en la cárcel. Eso no se perdona.
Como explicó Lenin, el Estado burgués es "una máquina de opresión de una clase por otra". Y en América Latina esa máquina ha perfeccionado una nueva forma de dominación: el lawfare, o guerra judicial, donde el código penal reemplaza a los tanques, y los fiscales operan como tropas de ocupación ideológica. En esta guerra sucia, los enemigos del pueblo son juzgados por la misma justicia que amnistía a genocidas y empresarios evasores.
La condena a Cristina busca cancelar políticamente al kirchnerismo. La quieren proscripta, invisible, borrada del juego electoral, como hicieron con Lula en 2018, abriéndole la puerta a Bolsonaro. La receta es la misma: crear un clima mediático de linchamiento, judicializar decisiones políticas, manipular al Poder Judicial como un brazo armado del neoliberalismo.
