En defensa de la sociedad civil organizada

Miguel Concha, La Jornada

Este 10 de diciembre conmemoramos el Día Internacional de los Derechos Humanos. Fecha que nos interpela y obliga a mirar cómo vamos en el mundo y en nuestro país en cuanto al progreso de esa aspiración universal. En esta ocasión nos ocupamos del ejercicio de derechos de la sociedad civil, actor fundamental en el avance de la democracia participativa, que en razón de la gobernabilidad implica un entorno propicio para el diálogo político y la incidencia en lo público de la sociedad civil organizada.

Hoy en un gran número de países se enfrentan retrocesos por el progresivo cierre de espacios cívicos de participación social y ciudadana ganados a costa de sacrificios de quienes se movilizaron por la democracia y el ejercicio de sus derechos de expresión y asociación a lo largo de décadas.

Por eso la Alianza de Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) para la Efectividad del Desarrollo (AOED), a la que se sumaron varias organizaciones y redes en México, decidió impulsar el Día mundial de acción contra la reducción de espacios cívicos: trabajando juntos para defender los derechos humanos y el espacio cívico para un mundo justo y sostenible, para valorar sus actuales circunstancias, identificar las opciones de salida de una situación crítica y demandar el diálogo político con el actual gobierno.

Venezuela y los derechos humanos

José Blanco, La Jornada

Guaidó debió regresar ayer a Venezuela. Su gira tuvo buena acogida entre los gobernantes sudamericanos, que ya le habían brindado nutridos aplausos por su autoproclamación como presidente encargado, en un impúdico alineamiento con la arbitrariedad descarada de Washington. El encargado tiene tanta legitimidad que debió ser acompañado por Kimberly Breier, subsecretaria de Estado de Estados Unidos para Asuntos del Hemisferio Occidental, abriéndole puertas de los gobiernos vasallos.

Washington entró en un callejón que le era desconocido con su ayuda huma­ni­taria. En su primer careo con los venezolanos en la frontera con Colombia llegó, extrañamente sin saberlo, con pólvora mo­jada. Resultó pueril el reclamo del vicepresidente Mike Pence a Guaidó en la cumbre de Bogotá, encabezada por el vice: el ejército venezolano debió dar la espalda a Maduro y eso no ocurrió. Desertaron, se dice, unos 300 militares de un ejército de 300 mil.

No dejó de ser sorprendente la postura del Grupo de Lima: rechazó una intervención militar en Venezuela, incuida la posición del vicepresidente de Brasil, ge­neral Hamilton Mourão, enfrentando a Pence. Antes de esa expresión, ocurrió la declaración de la Comisión Europea, comunicada por la vocera para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Maja Kocijancic, diciendo, respecto al llamado de Guaidó a una intervención militar contra Venezuela, que “la posición de la Unión Europea… es muy clara: evitar la intervención militar”.

Prisión perpetua a 29 genocidas argentinos

Stella Calloni, Buenos Aires

En un día histórico para los derechos humanos, fueron condenados a prisión perpetua los principales responsables de crímenes de lesa humanidad perpetrados en el centro clandestino de detención y exterminio de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) durante la pasada dictadura militar en Argentina. Jorge El Tigre Acosta y Alfredo Astiz, el Ángel de la Muerte, están entre los 54 militares sentenciados, lo que hizo estallar de alegría a familiares y representantes de organismos humanitarios; hubo abrazos, llanto y un reconocimiento a los sobrevivientes que, a pesar de lo que significaba recordar una y otra vez el horror vivido, rindieron testimonio cada vez que se les citó.

Los genocidas fueron juzgados por 789 casos investigados en una megacausa, ya que la ESMA fue uno de los lugares donde desaparecieron unas 5 mil personas y ahí nacieron hijos de detenidos-desaparecidos que fueron robados por los militares en un plan sistemático, varios de los cuales han sido recuperados gracias al trabajo inclaudicable de las Abuelas de Plaza de Mayo.

Durante casi cuatro horas, el Tribunal Federal cinco leyó por orden alfabético las condenas. Acosta, quien fue jefe del grupo de tarea y uno de los más temibles represores, Alfredo Astiz, Ricardo Cavallo y Juan Antonio Azic, son algunos de los 29 condenados a prisión perpetua.

También impactó la condena del médico militar Jorge Luis Magnasco, conocido como El partero de la maternidad clandestina de la ESMA, sentenciado a 24 años. Dos de los pilotos de los vuelos de la muerte cumplirán también la pena máxima.

EEUU-Latinoamérica: verdades reveladas

Peter Kornbluh, La Jornada

Cuando el secretario de Estado John F. Kerry viajó a Chile, en octubre del año pasado, para asistir a una conferencia internacional sobre preservación de los océanos, llevaba algo que nada tenía que ver con la colaboración ambiental: un disco de computadora que contenía 282 documentos recién desclasificados sobre el papel del general Augusto Pinochet en un acto descarado de terrorismo internacional en Washington, que costó la vida al ex embajador chileno Orlando Letelier y su colega Ronni Karpen Moffitt, de 25 años de edad, hecho del que ayer se cumplieron 40 años. En un gesto diplomático sin paralelo, Kerry entregó personalmente el disco de documentos a la presidenta chilena Michelle Bachelet.

El mes pasado, cuando Kerry voló a Buenos Aires para unas pláticas comerciales, llevaba otro disco, esta vez cargado con mil 78 páginas de registros sobre la guerra sucia en Argentina durante la dictadura militar de 1976 a 1983. Kerry entregó esos documentos al presidente Mauricio Macri y prometió que habría más en el futuro.

Junto con los tradicionales instrumentos de gobierno, la administración Obama ha desarrollado una herramienta totalmente nueva: desclasificar viejos secretos de Estado para compartir con otros gobiernos y sus sociedades. El presidente Obama ha usado esta diplomacia desclasificada para reparar daños con otras naciones, promover la causa de los derechos humanos e incluso corregir la historia negra del apoyo de Washington a la represión en el extranjero. Los aliados lo agradecen y los historiadores están encantados. Y, dada la profundidad y alcance de los archivos estadounidenses de la guerra fría que permanecen secretos, la diplomacia desclasificada tiene el potencial de llegar mucho más lejos todavía.

El desprecio de Macri a los desaparecidos

Según un informe de la ONU, en Argentina se siguen violando derechos políticos y civiles

Alejandro Rebossio, Público

Argentina ha dado un ejemplo juzgando a los criminales de la última dictadura militar (1976-1983), pero en la actualidad se siguen violando derechos políticos y civiles, según un informe que en julio pasado presentó el Comité de Derechos Humanos de la ONU.

Naciones Unidas cuestiona el desmantelamiento por parte del presidente argentino, Mauricio Macri, de áreas de derechos humanos en diversas dependencias del Estado que contribuían a los juicios contra los criminales del antiguo régimen y critica otras cuestiones que se mantuvieron tras 12 años de kirchnerismo, como las torturas en cárceles y comisarías, la violencia policial y la vulneración de los derechos de los indígenas.

El primer Gobierno democrático tras la dictadura, el de Raúl Alfonsín (1983-1989), juzgó a los jerarcas militares, pero perdonó a todos los mandos medios e inferiores que ejecutaron el terrorismo de Estado. Después vino el presidente Carlos Menem (1989-1999) a amnistiar a los que estaban presos. El Gobierno de Néstor Kirchner (2003-2007) volvió a impulsar los juicios y hasta ahora se cuentan 370 condenados, incluido el ex-dictador Jorge Videla, que murió en la cárcel a los 87 años en 2013. Durante la era kirchnerista, la mayoría de las organizaciones de derechos humanos comulgó con el Gobierno. Además, se produjeron algunos casos de corrupción, como el desfalco millonario en la construcción de viviendas sociales con fondos estatales por parte de uno de los dos colectivos que reúnen a las Madres de Plaza de Mayo.

México en la historia de una violencia institucionalizada

José Toledo Alcalde, Alainet

Como parte de este colectivo denominado humanidad pienso y repienso, siento y resiento el inhumano drama y no menos la desconcertante desaparición de los 43 estudiantes de la escuela normal Ayotzinapa en la localidad mexicana de Iguala de la Independencia (En náhuatl: yohualcehuatl, ‘donde serena la noche’) , municipio de Tixtla de Guerrero (En náhuatl: textli, tla, ‘masa de maíz, locativo’ ‘en la masa de maíz’). Como no considerar a los 70 mil muertos y 20 mil desaparecidos resultado de la guerra contra el narcotráfico mexicano en tiempos de Felipe Calderón (2006-2012), otras fuentes hablan de 150 mil muertos.[1] Como no mencionar a los miles de migrantes que atreviéndose a cruzar el muro mueren bajo la inclemencia del desierto o la de hordas criminales ávidas de dinero y poder. Como si fuese poco toda esta pesadilla, una vez llegados a USA - como destino de sus sueños -sufren las consecuencias del estigma de la “ilegalidad”. Tanto el cruel hecho en Iguala como los padecimientos del éxodo forzado, nos coloca en la disyuntiva, ¿Qué de humano podría existir en el uso de la violencia, en cualquiera de sus manifestaciones, como método de control y gobernabilidad?

Conmoción mundial por asesinato de Gadafi

Mientras la muerte de Muammar Gadafi hizo las delicias de algunos líderes occidentales y de los rebeldes libios, otros se manifestaron contra lo que tildaron de una expresa violación a los derechos humanos. La voz cantante la llevaron Naciones Unidas, Amnesty International y Rusia. La organización pro derechos humanos dijo que el asesinato de Gadafi podría constituir un crimen de guerra. En ese sentido, el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, dijo ayer que la ejecución del fundador de la Jamahiriya (República de Masas) constituyó una violación al tratado de Ginebra. Por su parte, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU pidió ayer a través de su vocero que se determine si Gadafi fue muerto en combate o si fue ajusticiado.