Una tesis es fundamental para iniciar el debate: el crimen organizado es parte consustancial de los procesos de acumulación de capital, y –a su vez– se engarza con mecanismos de desposesión y despojo, así como con la triple explotación –la que recae sobre la naturaleza, la clase trabajadora y sobre la mujer. Y ello se eslabona y, paralelamente, reproduce una descomposición del tejido social que incrementa exponencialmente la vulnerabilidad de las sociedades e individuos. Más aún, el crimen organizado es parte de las estructuras de poder, riqueza y dominación, y funge a su vez como un dispositivo de segregación y control social que recae sobre comunidades enteras, familias e individuos; mostrando su rostro más lacerante a través de la violencia.
El poder del crimen organizado se fundamenta, en principio, en el control del territorio y desde allí escala –en países como México– al control y despojo de los recursos naturales y a la cruenta disputa en torno a bosques, aserraderos, agua, tierras fértiles, rutas y mercados para el tráfico de estupefacientes y armas. Redondea su poder con la incursión de los recursos de procedencia ilícita en los mercados financieros y en el sistema bancario internacional. Más todavía: en todo momento, el inframundo de la ilegalidad precisa de los Estados, la corrupción y de la impunidad para expandirse y profundizar sus formas de operación y los procesos de acumulación de capital en los cuales participa.
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