Según un informe de la ONU, en Argentina se siguen violando derechos políticos y civiles
Alejandro Rebossio, Público
Argentina ha dado un ejemplo juzgando a los criminales de la última dictadura militar (1976-1983), pero en la actualidad se siguen violando derechos políticos y civiles, según un informe que en julio pasado presentó el Comité de Derechos Humanos de la ONU.
Naciones Unidas cuestiona el desmantelamiento por parte del presidente argentino, Mauricio Macri, de áreas de derechos humanos en diversas dependencias del Estado que contribuían a los juicios contra los criminales del antiguo régimen y critica otras cuestiones que se mantuvieron tras 12 años de kirchnerismo, como las torturas en cárceles y comisarías, la violencia policial y la vulneración de los derechos de los indígenas.
El primer Gobierno democrático tras la dictadura, el de Raúl Alfonsín (1983-1989), juzgó a los jerarcas militares, pero perdonó a todos los mandos medios e inferiores que ejecutaron el terrorismo de Estado. Después vino el presidente Carlos Menem (1989-1999) a amnistiar a los que estaban presos. El Gobierno de Néstor Kirchner (2003-2007) volvió a impulsar los juicios y hasta ahora se cuentan 370 condenados, incluido el ex-dictador Jorge Videla, que murió en la cárcel a los 87 años en 2013. Durante la era kirchnerista, la mayoría de las organizaciones de derechos humanos comulgó con el Gobierno. Además, se produjeron algunos casos de corrupción, como el desfalco millonario en la construcción de viviendas sociales con fondos estatales por parte de uno de los dos colectivos que reúnen a las Madres de Plaza de Mayo.
Macri, que llegó a la Casa Rosada en diciembre pasado, mantuvo a la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación como litigante en los juicios de delitos de lesa humanidad del régimen, pero ha apoyado el hecho de que unos 50 condenados mayores de 70 años lograran que la justicia les concediera el arresto domiciliario y, sobre todo, ha cambiado en forma drástica el discurso gubernamental sobre lo ocurrido en los setenta.
“Yo no puedo interferir [en los juicios], no creo en la forma en la que se condujo el Gobierno anterior, donde se presionó”, declaró Macri a principios de agosto al sitio estadounidense BuzzFeed. “Esa no es la forma de disfrutar de una vida en democracia. El Poder Judicial tiene una tarea y el Poder Ejecutivo tiene otra”, agregó el jefe de Estado, hijo de un empresario que fundó un emporio de la construcción en 1951 y que no dejó de crecer durante la dictadura. “Todo lo que tenga que ver con esclarecer la verdad y que se llegue a saber qué pasó en los hechos del pasado es una prioridad, pero la mayor prioridad también es trabajar en los derechos humanos del siglo XXI, como el acceso a la educación, salud, un buen trabajo. Es importante saber bien lo que pasó y darle el derecho a los familiares a que sepan definitivamente después de esa horrible tragedia, que fue esa guerra sucia”, continuó Macri, usando una terminología perimida, obsoleta, y reemplazada hace tiempo por la calificación de terrorismo de Estado. Incluso su ministra de Relaciones Exteriores, Susana Malcorra, lo criticó: “Yo no hubiera usado el término guerra sucia”.
El presidente argentino evitó adentrarse en la polémica sobre cuántos fueron los desaparecidos en el régimen: "No tengo idea. Es un debate en el que no voy a entrar, si son 9.000 o 30.000, si son los que están anotados en un muro o si son mucho más. Me parece que es una discusión que no tiene sentido”. En julio pasado debió renunciar uno de sus partidarios al cargo de secretario de Cultura de Buenos Aires por soltar que las organizaciones de derechos humanos habían inventado la cifra de 30.000 para cobrar indemnizaciones. En cambio, Macri se metió con la presidenta de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, que fue recientemente indagada por el caso de las viviendas y que a sus 87 años no descansa en su crítica al nuevo presidente: “Está desquiciada, dice barbaridades fuera de lugar hace varios años”.
El Comité de Derechos Humanos de la ONU censuró a Macri por “la adopción de recientes medidas de reducción de personal y cambios institucionales en áreas destinadas a la protección de los derechos humanos, particularmente respecto a las instituciones destinadas al proceso de memoria, verdad y justicia”. La comisión manifestó su preocupación porque el nuevo Gobierno designó a un ex-militar como director del Programa Nacional de Protección de Testigos e Imputados, clave para los juicios de los crímenes de la dictadura. También apuntó contra los otros dos poderes del Estado: por un lado, reclamó celeridad a los juicios y, por otro, que se creara la prevista comisión legislativa de identificación de las complicidades empresariales con el régimen.
En cuanto a las actuales violaciones a los derechos humanos, la ONU felicitó a Argentina por su plan nacional de acción para la prevención, asistencia y erradicación de la violencia contra las mujeres, pero lamentó las demoras en su implementación. En la provincia de Buenos Aires, donde vive casi el 40% de los argentinos y donde también gobierna el partido de Macri, Propuesta Republicana (PRO), el secretario de Derechos Humanos bonaerense, Santiago Cantón, cuenta que la lucha contra la violencia de género constituye la prioridad de su gestión y que para ello ampliarán el número de refugios para víctimas de 30 a 50 en tres años, impondrán pulseras electrónicas para controlar a los agresores, ampliarán las líneas telefónicas de emergencia y capacitarán a los docentes para promover el cambio cultural en las escuelas. Claro que al mismo tiempo las dos exmujeres del jefe de la Policía bonaerense han contado a la revista porteña Noticias que lo habían denunciado ante la justicia por golpes... A su vez, la igualdad de género continúa pendiente en Argentina: las mujeres ganan 25% menos que los varones y ocupan muchos menos puestos decisorios, según Naciones Unidas.
A Cantón también le preocupan las condiciones de detención y las torturas en cárceles y comisarías. El Comité de Derechos Humanos de la ONU ha señalado que en las prisiones rige el “autogobierno” de las fuerzas penitenciarias, es decir, carecen de efectivo control civil, mientras que resulta “escaso el número de condenas de los responsables y leves las sanciones impuestas a los autores” de los tormentos y malos tratos. El organismo relató la existencia de “requisas vejatorias, alta tasa de violencia entre los detenidos, traslados forzosos y el recurrente uso de la reclusión en régimen de aislamiento”. A la comisión le “preocupa que los castigos corporales no estén específicamente prohibidos como forma de disciplina en el hogar, en la escuela, en los centros de privación de la libertad y en las instituciones de protección de menores”. También le inquieta que seis de cada diez presos permanezcan encerrados sin condena, bajo el régimen de prisión preventiva, y augura que el plan Justicia 2020 del Gobierno de Macri solucione esta cuestión. Mientras tanto, reina el hacinamiento y el deficiente acceso a la salud de los reclusos, algunos de los cuales ni siquiera están alojados en cárceles sino en sedes policiales.
Las fuerzas de seguridad continúan deteniendo al azar, sobre todo en los barrios pobres. “El comité reitera su preocupación por la normativa y prácticas de la policía para detener a personas con el objeto de averiguar su identidad sin orden judicial anterior y por un largo período de tiempo, sin que la persona detenida sea llevada ante un juez u otro funcionario autorizado por la ley para ejercer un control judicial”, alertó el documento.
El aborto siempre aparece en estos informes de la ONU. La organización lamentó que no en todo el territorio argentino se aplique de manera homogénea un fallo de la Corte Suprema del país que permite interrumpir el embarazo a las mujeres violadas o con riesgo de vida. Advirtió sobre los abortos clandestinos que derivan en muertes maternas, los embarazos adolescentes y el caso de una joven condenada por homicidio de su bebé recién nacido, pese a que ella alegaba que se trató de un aborto espontáneo. La mujer acaba de ser liberada, después de dos años presa y con el patrocinio de una abogada de Católicas por el Derecho a Decidir.
Las personas con discapacidad llamaron la atención del comité. Pese la obligación legal que les reserva una cuota laboral del 4%, diversos informes dan cuenta de que el cumplimiento es de sólo el 0,8%. Además, la ONU advirtió sobre violaciones a los derechos humanos de pacientes ingresados en hospitales psiquiátricos.
La impunidad por el atentado terrorista que mató a 85 personas en 1994 en la sede porteña de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) sigue siendo motivo de espanto. Más antigua aún es la deuda con los indígenas, que suponen el 2% de la población del país sudamericano. La Constitución de 1995 les reconoce sus territorios ancestrales y una ley de 2006 establece que sean relevados, pero poco se hizo en diez años y en diversas provincias continúan sufriendo desalojos violentos.
El Comité de Derechos Humanos de la ONU se metió, por último, en el decreto por el que Macri modificó la ley kirchnerista de medios audiovisuales y que fue ratificado por el Congreso, en el que la coalición gobernante consiguió el apoyo de parte de la oposición. “Las recientes reformas podrían tener el efecto de concentrar la titularidad de los medios de comunicación y afectar negativamente el derecho a la libertad de expresión”, planteó el organismo. En fin, mucha tarea pendiente para un gobierno que lleva apenas nueve meses y al que le restan tres años y tres meses más.
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