Renaud Vivien,
CADTM
El 26 de febrero las autoridades provisionales de Ucrania solicitaron un préstamo al FMI para reembolsar la deuda del país en plazo, es decir, 13.000 millones de dólares solo para este año. El FMI respondió positivamente y decidió enviar una misión de «expertos» a Ucrania para discutir las condiciones de dicho préstamo. Mientras el país está en plena ebullición, el reembolso de la deuda pública aparece como la prioridad absoluta de Kiev y sus acreedores. Para ellos, las necesidades de la población pasan a segundo plano. La situación incluso podría deteriorarse si se llega a un acuerdo con el FMI, que se halla en una posición de fuerza para imponer una cura de austeridad al pueblo ucraniano a cambio del préstamo.
Las dificultades financieras de Ucrania sobre el telón de fondo de la revuelta política son una nueva oportunidad para el FMI de imponer una terapia de choque, como hizo en Grecia, Portugal e Irlanda, aplicando tras el estallido de la crisis violentas medidas de austeridad dictadas por la troika, compuesta por el FMI, la Comisión Europea y el Banco Central Europeo.
En esos países, el riesgo de fallar en el pago a los acreedores (principalmente los bancos privados) fue el punto de partida de la intervención del FMI y sus acólitos europeos. Así Grecia, Portugal e Irlanda, cuando ya no tuvieron acceso a los mercados financieros debido a las tasas de interés prohibitivas, se volvieron hacia la troika, que aprovechó para proponerles préstamos, ciertamente menos onerosos, pero acompañados de programas de austeridad conocidos con el nombre de «memorandos». La lista de medidas contenidas en dichos memorandos siempre es la misma: privatización de sectores estratégicos de la economía, reducción de los salarios, de las pensiones, aumento de impuestos desiguales como el IVA, despidos masivos en la función pública, recortes drásticos en los gastos sociales, etc.
