Ariel Goldstein, Página 12La no casación (o la no pérdida) de los derechos políticos de Dilma Rousseff –como señaló André Singer en su columna en Folha de S. Paulo (03/09)– equivale a una confesión de parte: el “crimen de responsabilidad” fue una forma constitucional utilizada políticamente para destituir a una presidenta impopular, que pretendía dar continuidad a una agenda de reformas adversa a las elites dominantes.
A su vez, la destitución sin casación de derechos políticos recupera una forma política conocida de la historia brasileña: el pacto conciliador de las elites para garantizar la reproducción del orden. La defensa de Dilma, contundente y con argumentos que demostraban la injusticia del proceso, llevó a la necesidad del PMDB de admitir una fórmula intermedia de destitución sin casación de derechos políticos. Es totalmente factible considerar que en este cálculo del PMDB estuvo la consideración respecto de que Dilma difícilmente pueda volver a la presidencia del país, por tratarse de una política hoy impopular, y por el carácter errático que fue propio de su segundo gobierno.













