"Se cometieron errores en AIG a una escala que pocos podían haber imaginado que fuera posible", dijo en una declaración pública ante la Cámara de Representantes.
El presidente ejecutivo de AIG designado por el gobierno afirmó que su nuevo equipo de dirección trabaja duro para reestructurar AIG a centrarse en el negocio de los seguros a fin de rembolsar a los contribuyentes estadounidenses los 180 mil millones de dólares aportados.
"Para poder hacer eso, debemos continuar manejando nuestro negocio como un negocio, tomando en cuenta la fría realidad de la competencia por clientes, por ingresos y por empleados. Como consecuencia de ello, y como consecuencia de algunas obligaciones legales, AIG realizó recientemente una serie de pagos compensatorios, algunos de los cuales encuentro desagradables", agregó.
Liddy compareció ante el Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes para intentar explicar el pago por parte de la aseguradora de unos 165 millones de dólares de la ayuda monetaria que recibiera del Gobierno de Washington tras su colapso. El presidente Obama se mostró sorprendido al conocer el pago de las primas, dos días después de que el secretario del Tesoro, Timmothy Geithner, fuera informado de los planes de AIG.
Los llamados pagos de retención, que van desde un millón a 6,5 millones de dólares, fueron abonados a las cuentas de 73 ejecutivos con fondos de los 180 mil millones de dólares que recibió AIG de los planes de ayuda del gobierno, según afirmó el fiscal de Nueva York, Andrew Cuomo, quien entregó información sobre el desembolso, aunque no de los receptores, al presidente del Comité de Servicios Financieros, Barney Frank.
El escándalo ha indignado a los legisladores y podría tener consecuencias negativas para futuros planes de rescate de otras compañías estadounidenses, advierten los congresistas. Por ello, se ha anunciado que propondrán una medida para restringir las bonificaciones de los ejecutivos de AIG para recuperar el dinero que la empresa obtuvo del Ejecutivo. A raíz de este rescate, el Estado estadounidense tiene el 80 por ciento del capital social de AIG.
Este escándalo ha empujado a los senadores demócratas a estudiar la posibilidad de imponer impuestos a las bonificaciones de hasta 91 por ciento si AIG no devuelve el dinero de forma voluntaria. Entre las medidas que evalúa el Congreso está la de autorizar al fiscal general de la nación para que recupere el dinero dado en compensaciones "excesivas" a empresas que se beneficiaron de la ayuda del Gobierno, prohibir que se abuse de las primas y recuperar una parte "sustancial" de las mismas a través del cobro de impuestos.
La última propuesta fue efectuada ayer jueves por Frank, quien consideró que el Congreso debería revisar una ley de la época de la Gran Depresión que la Reserva Federal usó para conceder a AIG la inyección inicial del Gobierno para evitar su quiebra. Mientras tanto, la oposición republicana sólo se ha dedicado a culpar al Gobierno de Obama de no haber hecho lo suficiente para evitar que los ejecutivos pudiesen recibir esas bonificaciones. En medio de esta controversia se encuentra Geithner, quien dijo al Congreso que descontará las primas pagadas a los altos directivos de AIG de los 30 mil millones de dólares pendientes de entrega en la operación de rescate. Nadie saldrá ileso de la crisis.