Hace diez años, el Congreso estadounidense y el Gobierno de Bush inició el mayor rescate bancario en la historia de la humanidad.
Con la aprobación de la Ley de Estabilización Económica de Emergencia de 2008, la cual creó el Programa de Rescate de Activos en Problemas (TARP, por sus siglas en inglés), se le autorizó al Tesoro de Estados Unidos gastar unos $700 mil millones para comprar “activos en problemas” de los principales bancos de Wall Street. Este iba a ser meramente un pago inicial de un programa mayor, con el apoyo pleno del Gobierno y la supervisión en gran parte de la Administración de Obama, alcanzando los 4 billones de dólares.
La aprobación del TARP fue la primera respuesta de la clase gobernante estadounidense a la crisis que desencadenó el colapso de la burbuja hipotecaria, en sí el producto de décadas de creciente especulación y financiarización. Los principales bancos e instituciones financieras han ganado miles de millones por medio de la comercialización fraudulenta de hipotecas de alto riesgo. Cuando se acabó el lucrativo y maniaco festejo, tenían en mano billones en activos que esencialmente no tenían valor alguno (“en problemas”).
En declaraciones públicas, algunos líderes de la élite gobernante estadounidense emitieron advertencias severas sobre las consecuencias si el Gobierno no intervenía inmediatamente para salvar los bancos. Todos los recursos de la sociedad tenían que ser exprimidos para recatar el sistema financiero. No se podía eludir ningún gasto ni cuestionarlo.
Mientras que la crisis de 2008 estaba arraigada en las contradicciones fundamentales del capitalismo estadounidense y global, se realizaron ciertas decisiones premeditadas para crear las condiciones más aptas para una transferencia masiva de riqueza a la élite dominante.
