Las protestas en Francia son otra expresión de un malestar que recorre todo el continente. Pero mientras crecen la precariedad económica y el descontento social, los líderes europeos siguen defendiendo las políticas de ajuste que alimentan la crisis
Harrison Stetler, Jacobin
El malestar social que sacude actualmente a Francia es, en muchos sentidos, un fenómeno nacional. La frustración ante un sistema educativo desbordado estalló a finales del mes pasado en forma de movilizaciones, bloqueos y acciones colectivas en las escuelas y las universidades. A mediados de octubre, al movimiento estudiantil se sumaron sectores más amplios de la población, hartos de los altos precios de la gasolina, la inflación persistente y la caída de los salarios reales.
La violenta respuesta policial que ha conmocionado tanto a manifestantes como a observadores dentro y fuera de Francia tampoco tiene nada de novedoso. Los aliados de Emmanuel Macron, ante todo, buscan proteger la agenda presidencial de recortes impositivos favorables a las empresas, un factor que suele pasarse por alto en la crisis fiscal del país. Se prevé que el déficit público francés alcance el 5,4% del PIB en 2026, el nivel más alto de la zona euro. Esto ha provocado turbulencias en los mercados de bonos y ha dado lugar a llamamientos a recortar drásticamente los servicios públicos.
El 26 de octubre, el gobierno hizo sus primeros gestos hacia los estudiantes al insinuar la posible sustitución de la denostada plataforma de selección universitaria Parcoursup, la imposición de límites al número de estudiantes por aula y el apoyo estatal a la renovación de edificios.
Pero la realidad que vive el resto de los países europeos alimenta la indignación. Las recientes manifestaciones en España por el costo de la vivienda llevaron al primer ministro Pedro Sánchez a convocar elecciones anticipadas para finales de noviembre. Mientras tanto, las protestas juveniles paralizaron ciudades de Italia, Bélgica y Grecia. Forman parte de lo que algunos comentaristas denominan una revuelta de la «Generación Z» contra la inseguridad económica, la incertidumbre que rodea el auge de la inteligencia artificial y la respuesta política cada vez más débil frente al cambio climático.
En Europa, estos problemas confluyen con una sombría economía política de expectativas cada vez más acotadas. La semana pasada, al viajar a los países del Golfo para negociar compras de energía de emergencia, Macron argumentó que la disminución del poder adquisitivo es el resultado de choques externos que afectan a la UE. En Francia, los precios del diésel se han mantenido en torno a los 2,36 euros por litro en octubre (un efecto directo de la turbulencia que agita los mercados energéticos mundiales desde que Estados Unidos e Israel lanzaron su última guerra contra Irán). Esto solo se ha sumado a la inflación residual derivada de los esfuerzos de Europa por dejar de depender del petróleo y el gas rusos desde la invasión de Ucrania por parte de Moscú en 2022. En noviembre de 2018, al inicio de la llamada revuelta de los «chalecos amarillos» que sacudió el primer mandato de Macron, los precios de la gasolina estaban en 1,50 euros por litro.
Pero la energía es solo uno de los muchos focos de tensión del capitalismo europeo. La globalización comercial que sostuvo el motor de acumulación de Europa entre la década de 1990 y la de 2010 se está desmoronando ante los aranceles de Donald Trump y el avance de China en la cadena de valor, que ahora amenaza a industrias fundamentales de la UE. De cara al futuro, Europa queda cada vez más rezagada frente a las empresas estadounidenses y chinas que se disputan el control de los sectores de alta tecnología e inteligencia artificial.
Merz le da la espalda a Europa
Los manifestantes que este otoño salen a las calles de Europa no son los únicos que denuncian una situación económica insostenible. En los últimos años, distintos sectores de la élite tecnocrática de la Unión Europea han lanzado advertencias cada vez más alarmantes sobre el atolladero en que se encuentra el bloque y la inercia política que agrava sus problemas. En septiembre de 2024, el ex primer ministro italiano Mario Draghi elaboró un influyente informe sobre la economía de la UE en el que advertía de la «lenta agonía» del continente: la escasez de inversiones en infraestructura, tecnología verde y servicios públicos, sumada a los bajos salarios, alimenta un prolongado estancamiento económico.
Ese diagnóstico se refleja, en parte, en la indignación que estalla este otoño. Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), se prevé que el crecimiento del PIB de la zona del euro se sitúe entre el 0,8% y el 1% en 2026. Desde 2019, según Le Monde, los salarios reales en Francia caen sostenidamente: la inflación acumulada del 21,3% ha más que devorado el aumento salarial promedio del 18,7%.
Pero incluso frente a crisis entrelazadas como estas, la formulación de políticas de la UE tiene una notable capacidad para seguir adelante por pura inercia. Nada parece capaz de alterar sustancialmente el rumbo marcado por la escasa inversión y la mínima intervención económica por parte de Bruselas.
Las esperanzas de que hubiera margen para una mayor flexibilidad volvieron a frustrarse en la reunión del Consejo Europeo celebrada a mediados de octubre, que reunió a los jefes de Estado y de gobierno de los veintisiete países miembros. El canciller alemán Friedrich Merz y la alianza de Estados del norte de Europa que comparte su conservadurismo fiscal exigen recortes por valor de «varios cientos de miles de millones de euros» en el próximo presupuesto del bloque, correspondiente al período 2028-2034. El objetivo es alcanzar un acuerdo antes del próximo ciclo electoral en importantes Estados miembros, como Francia, Italia y Polonia.
Esta posición no es nueva. Desde hace décadas, la política económica de la UE es escenario de una disputa entre quienes defienden un mayor federalismo económico y los halcones fiscales que propugnan una política de contención del gasto, disputa en la que estos últimos han llevado las de ganar. El presupuesto que Bruselas tiene asignado, equivalente a alrededor del 1% del PIB anual de la Unión Europea, ya constituye una victoria para los miembros conservadores dominantes del bloque. Ante la presión interna que enfrenta por el ascenso del partido de extrema derecha Alternative für Deutschland, Merz quiere reducir las partidas destinadas a las subvenciones agrícolas de la UE y a los fondos de cohesión para liberar recursos que puedan destinarse a cuestiones como el rearme.
La obstrucción de Alemania, pese a las crecientes pruebas del estancamiento europeo, sorprende incluso a algunos sectores del centro político. «Es difícil insistir en la necesidad de más Europa en materia de defensa e innovación y, al mismo tiempo, impulsar recortes en un presupuesto que ya es lamentablemente bajo e insuficiente», declaró Sandro Gozi, eurodiputado y líder del grupo parlamentario Renew, aliado de Macron, en el Parlamento Europeo. «Merz se presenta como un líder de la UE, pero está jugando un juego muy peligroso en la situación actual», agregó.
Una imagen de nuestro futuro
Sin duda, hay una gran distancia entre estas disputas presupuestarias en Bruselas y lo que ocurre en las calles de las ciudades europeas. Pero no es difícil deducir, a partir de la posición alemana, cómo reaccionaría Berlín ante una crisis fiscal descontrolada en un Estado miembro como Francia, un escenario que preocupa cada vez más a quienes toman decisiones en las instituciones de la UE.
En ese sentido, las protestas francesas son también una andanada en la creciente confrontación en torno a las políticas presupuestarias. Se estima que este año el costo del servicio de la deuda francesa superará el presupuesto operativo del Ministerio de Educación. Los rendimientos de los bonos del Estado francés alcanzaron el 5% durante la semana posterior a las marchas del 17 de octubre, que congregaron a grandes multitudes en las calles de distintas ciudades y, en algunos casos, desembocaron en violentos disturbios.
«La situación en Francia es una imagen de nuestro futuro», afirmó un asesor cercano a Enrico Letta, exprimer ministro italiano que, al igual que Draghi, también publicó un influyente informe sobre la economía europea en 2024. «La política fiscal se está volviendo extremadamente difícil de gestionar, las mayorías débiles tienen dificultades
para aprobar los presupuestos, las necesidades de inversión son muy elevadas, la población está descontenta y los mercados ya están incorporando todo esto a sus expectativas mediante el aumento de las tasas de interés». Mientras tanto, el primer ministro francés, Sébastien Lecornu, tiene dificultades para reunir una mayoría que respalde un presupuesto para 2027 orientado a recortar el gasto. Busca ahorrar decenas de miles de millones de euros con el objetivo de mantener el déficit en torno al 5% del PIB el próximo año. Sin embargo, las manifestaciones en curso aumentan la presión sobre los partidos de la mayoría y de la oposición en el Parlamento para que no tiendan una mano al gobierno.
En Francia, muchas voces sostienen que resolver la crisis fiscal exige un nuevo acuerdo económico en Europa. La France Insoumise, el partido de izquierda liderado por Jean-Luc Mélenchon, candidato presidencial en cuatro ocasiones, ha propuesto congelar la deuda pública en manos del Banco de Francia, que forma parte del Eurosistema, junto con el Banco Central Europeo y demás bancos centrales nacionales de la zona del euro.
No es para nada improbable que el próximo presidente de Francia sea elegido con un programa que plantee un enfrentamiento con la estructura actual de la UE. De cara a la primera vuelta de las elecciones presidenciales, prevista para el 18 de abril, Mélenchon ocupa actualmente un lejano segundo puesto en las encuestas, por detrás de Marine Le Pen, candidata de Rassemblement National.
La líder del partido de extrema derecha declaró recientemente al Financial Times que estaba dispuesta a librar una «prueba de fuerza» con la UE en torno a la contribución de Francia al presupuesto comunitario, una partida que La France Insoumise también ha amenazado con recortar en un 10%. Aunque Le Pen se ha pronunciado a favor de introducir un «freno a la deuda» en la Constitución y ha prometido drásticos recortes del gasto si resulta elegida, también ha pedido al BCE que intervenga para reducir las tasas de interés.
Gane quien gane, se perfilan los contornos de un enfrentamiento importante en torno a la situación fiscal de Francia. A juzgar por el tono de las últimas semanas, los dirigentes de la UE deberían prestar atención a cómo podría evolucionar la situación si llevan demasiado lejos la presión sobre la población francesa.
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