Sarkozy se da a la fuga

Nicolás Sarkozy llegando a su domicilio tras salir de la cárcel

David Torres, Público

Entre Marcel Proust, Simone de Beauvoir, la república, Diderot, Jeanne Moreau, las baguettes, Debussy, Bardot, Voltaire, los croissants, Truffaut, el borgoña, Yourcenar, los Gitanes, los quesos y Flaubert, Francia siempre ha sido un país ejemplar, un verdadero modelo de país, pero últimamente no hay manera de tomárselo en serio. Unos ladrones asaltan el Louvre al estilo de Pepe Gotera y Otilio y unos días después nos enteramos de que la contraseña de seguridad en la videovigilancia del museo era "Louvre". Llega a pasar algo parecido en el Museo del Prado y en Le Monde están choteándose cuatro meses, pero como ha sido cosa de los franceses, habrá que ver si al final no lo ponen de moda.

Al menos desde tiempos de Molière, Francia no es una tierra donde arraigue muy bien la comedia y sin embargo llevan unos días en que no paran de trasplantar a la realidad los esperpentos de Valle-Inclán, el cine de Berlanga y los mejores disparates de Monicelli, Risi, De Sica, Germi y Comencini. En Rufufú, de Monicelli, los ladrones iban a robar una caja fuerte y terminaban asaltando un frigorífico, mientras que en el Louvre parecía que iban a transportar un frigorífico y se llevaron 88 millones de euros en joyas. De igual modo, en medio de este magno festival de la chapuza que están celebrando en París, el ex presidente Sarkozy entra a la cárcel de La Santé para cumplir cinco años de prisión y este lunes, tres semanas después, regresa a casa en libertad condicional. Es posible que, en cuestión de atracos, los comediantes franceses estén imitando a los italianos, pero en lo que concierne a la justicia, sus magistrados parecen españoles de pura cepa.

Nord Stream: el peligro de la justicia

Nahia Sanzo, Slavyangrad

“Los daños causados a los gasoductos Nordstream 1 y Nordstream 2 en aguas internacionales del mar Báltico son motivo de profunda preocupación”, afirmaba el breve comunicado publicado por la OTAN tras los sabotajes de gasoducto que unía Rusia y Alemania, para confirmar que “toda la información disponible hasta el momento indica que se trata del resultado de actos de sabotaje deliberados, imprudentes e irresponsables”. “Estas fugas están poniendo en peligro la navegación y causando daños medioambientales considerables” añadía adhiriéndose a una preocupación medioambiental que, como las ansias de investigar lo sucedido en septiembre de 2022, desapareció rápidamente en el momento en el que todas las pistas comenzaron a apuntar decisivamente a un aliado, Ucrania, y no al enemigo ruso. “Como aliados, nos hemos comprometido a prepararnos, disuadir y defendernos contra el uso coercitivo de la energía y otras tácticas híbridas por parte de actores estatales y no estatales. Cualquier ataque deliberado contra la infraestructura crítica de los aliados recibirá una respuesta unida y decidida”, concluía el comunicado que, teniendo en cuenta el desarrollo de la investigación y las reacciones políticas que han provocado los detalles que se han conocido, solo puede ser leído con ironía. La importancia de ese pasaje radica en la certeza de que los hechos habrían sido presentados como un acto de guerra o incluso un ataque no solo contra Alemania, sino contra el colectivo de países miembros de la OTAN -y de la Unión Europea- en caso de que hubiera podido probarse la participación del actor al que el continente europeo acusa de todos los actos de guerra híbrida, Rusia.

¿Que dirá la Corte Penal Internacional del genocidio de Netanyahu?

El año pasado, y con gran celeridad, la Corte Penal Internacional (CPI) emitió una orden de arresto contra Vladímir Putin por, supuestamente, secuestrar niños y privarlos de su libertad junto a su familia. Y aunque las acusaciones nunca han sido confirmadas, siguen ahí. Sin embargo, la Corte Penal Internacional no ha hecho absolutamente nada contra Netanyahu por la matanza de más de 6 mil niños en la Franja de Gaza en los últimos dos meses.

Turquía presentó en noviembre una demanda contra Netanyahu en la CPI, y otras naciones se han sumado a ella como Irán, Sudáfrica, Argelia y Colombia. Sin embargo, el tema aún no recibe la importancia correspondiente en la Corte mostrando el insano doble rasero de Occidente. ¿Será que EEUU ha presionado para que no se avance con el tema? ¿O simplemente no le dan importancia porque no es un caso impulsado por países occidentales y no responde a sus intereses?

Privatización del sistema de justicia en EEUU, según NYT: ¡aniquilación del individuo!

Alfredo Jalife-Rahme, La Jornada

El perturbador reportaje en tres entregas en The New York Times (NYT), de los excelsos reporteros Jessica Silver-Greenberg, Robert Gebeloff y Michael Corkery, espléndidamente resumido por Amie Tsang, deja estupefacto a un lector que haya podido conservar su alma en medio del imperante hipermaterialismo global.

Amie Tsang resume y rezuma que decenas de millones de ciudadanos de Estados Unidos han renunciado a su derecho constitucional para acudir siquiera un día a los tribunales aun sin saberlo, debido a que las trasnacionales han estado insertando cláusulas individuales de arbitraje en los contratos de empleo y de usuarios, dando la vuelta a los tribunales y previniendo a la gente de emprender juicios de acción colectiva (http://goo.gl/rMWDgE).

Las cláusulas pueden ser solamente pocas palabras, como aquellas con las que obligan a los tarjetahabientes en sus contratos de tarjetas de crédito, al señalar que quienes presentan un problema con su cuenta pueden elegir resolver cualquier reclamo mediante el arbitraje individual.

Tal movimiento fue ingeniado hace más de una década por una coalición de empresas de tarjetas de crédito y de menudistas de Wall Street quienes deseaban aislarse (sic) de los juicios legales muy costosos, lo que llevó a dos sentencias de la Suprema Corte que prohibían los juicios de acción colectiva en los contratos.

El caso Penta y la corrupción neoliberal en Chile

Fraude tributario reiterado, cohecho, sobornos, lavado de dinero, tráfico de influencias y financiamiento ilegal a los partidos de derecha eran temas ampliamente conocidos por la ciudadanía pero jamás abordados por la justicia chilena, que hacía oídos sordos a las denuncias y siempre encontraba subterfugios para rehuir un formato de prácticas delictivas que se arrastran desde la dictadura de Pinochet. Los amplios lazos entre la esfera política y la empresarial siempre gozaron de la protección de la justicia... hasta ahora. Nunca antes estas prácticas delictivas habían sido investigadas y denunciadas por la justicia, y se pensaba que así sería para siempre.