La farsa anticorrupción de Brasil

Emir Sader, La Jornada

Brasil ha vivido varios años bajo el chantaje de una farsa. Con el pretexto del combate a la corrupción se ha destruido su democracia, desmoralizado el Estado de derecho, liquidado el prestigio de jueces, golpeado duramente su economía y cambiado el destino politico del país. Esa farsa fue denunciada a lo largo de todos esos años por Lula –principal víctima directa de esa operación– por la izquierda, por las fuerzas democráticas, sin que el Poder Judicial frenara las arbitrariedades de la llamada operación Lava Jato.

Ahora, las denuncias de las escandalosas conversaciones entre los agentes de Lava Jato, que incluyen a miembros del Tribunal Superior de Justicia, a los medios de comunicacion, a parlamentarios de la derecha y a Estados Unidos, desnudan de forma brutal toda la trampa montada para perseguir al PT y a Lula y bloquear la voluntad popular de que volvieran a presidir el país.

El segundo paquete de denuncias revela, por una parte, un compromiso directo de un miembro del STF, que se comporta como militante político de un proyecto de derecha, sometiendo esa máxima instancia del Poder Judicial al juez Sergio Moro, así como la subordinacion de toda la operación de Lava Jato a instancias estadunidenses, a las que se dice que habría que consultar.

Aunque todo lo revelado apenas confirma lo que había sido denunciado sistemáticamente, parte de la opinión pública queda atónita frente a lo revelado, otra se aprovecha para cambiar de posición después de haberse adherido con entusiasmo a la Lava Jato y erigir a Sergio Moro un héroe nacional. El mismo STF, reiteradamente, la vez más reciente hace pocas semanas, rechazó todas las denuncias de la defensa de Lula sobre el carácter para nada imparcial de Sergio Moro para juzgar a Lula. Posiciones políticas concretas de ese juez, sus vínculos directos con el PSDB, absolutamente inocentes, la condena de Lula sin pruebas, la persecución política al PT, no han servido para que se declarara su falta total de culpa.

En varias circunstancias Moro ha actuado como jefe político de una facción del Poder Judicial para impedir la libertad de Lula, desconociendo decisiones de instancias más altas, ha orientado jueces para dificultar o impedir la salida de Lula para funerales de parientes y amigos, así como para que no conceda entrevistas, lo que hizo suponer que había una estrecha coordinación entre todos los miembros de la Lava Jato, violando la imparcialidad que los jueces deben tener.

Cuando se han revelado las conversaciones, la primera reacción de Moro ha sido la de decir que no había hecho nada ilegal, reconociendo implícitamente la veracidad de todo lo revelado. Cuando la reacción generalizada fue la de que sí había cometido graves violaciones, toda la derecha se ha movido en otra dirección: el carácter ilegal de las escuchas y las interceptaciones de las conversaciones. Cuando se dio cuenta de que un gran material interno a la Lava Jato había llegado a un órgano de los medios. Moro denunció que su celular había sido hackeado, como preparando la justificación de la forma supuestamente ilegal en que se obtuvo toda la informacion.

Después de que los medios difundieron toda la información, Globo fue acusado directamente por el periodista que dirige The Intercept en Brasil de participar directamente en la operación Lava Jato, ese órgano pasó a intentar descalificar a ese medio de prensa alternativa, con duros ataques a ese periodista y destacando el carácter supuestamente ilegal de cómo se obtuvo la información y con la acusación de que los materiales pudieron haber sido falsificados.

El país asiste todo al vilo, aguardando las nuevas revelaciones, dado que los que tienen el material –además de enviar copia de todo al exterior– anuncian nuevas revelaciones.