El reporte de que el Gobierno de Trump busca aprobar otro regalo de $100 mil millones para los superricos subraya la urgente realidad que enfrenta la clase trabajadora: la sociedad estadounidense ya no puede costear la interminable acumulación de riqueza personal por parte de la élite gobernante.
Este es, por supuesto, un problema global. Como lo concluyó un estudio de Oxfam el año pasado, ocho multimillonarios controlan tanta riqueza como la mitad más pobre de la humanidad, alrededor de 3,6 mil millones de personas. Seis de ellos son estadounidenses, mientras que no hay otra parte en el mundo en que el conflicto entre las necesidades de los trabajadores y el apetito voraz de la aristocracia financiera sea tan agudo como en Estados Unidos.
Un solo megamilmillonario, Jeff Bezos de Amazon, el hombre más rico del mundo, ha visto su fortuna aumentar casi $50 mil millones en el 2018, lo suficiente como para pagarles una bonificación de $100.000 a los más de medio millón de trabajadores de la empresa.
La propuesta para otro obsequio tributario masivo es la expresión más reciente de la agenda bipartidista de redistribución de la riqueza que han avanzado tanto republicanos como demócratas por varias décadas. Sin duda, la mayor transferencia de riqueza ocurrió durante el Gobierno de Obama tras el colapso económico del 2008, cuando dedicó billones de dólares para inflar los mercados financieros, el principal mecanismo que ingeniaron para rescatar a los ricos.
Un reporte reciente del Instituto Roosevelt y el Proyecto Nacional de Leyes Laborales devela el nivel exorbitante de parasitismo financiero que caracteriza a la economía estadounidense. El reporte examinó las recompras de acciones bursátiles en tres industrias importantes: restaurantes, ventas minoristas y producción alimentaria.
Bajo la desregulación financiera impulsada tanto por Gobiernos demócratas como por republicanos durante los últimos 25 años, las recompras de acciones se han disparado de menos de 5 por ciento de las ganancias a principios de los años ochenta hasta 54 por ciento en el 2012 y casi 60 por ciento en la actualidad.
Tales cifras desmientan inequívocamente el mito procapitalista de que las ganancias capitalistas “gotearán” hasta llegar a las masas porque las compañías invertirán sus ingresos en nuevas máquinas y en la contratación de más trabajadores. En realidad, gastaron más de la mitad de sus ganancias enriqueciendo a sus grandes tenedores de acciones y altos gerentes, quienes controlan el grueso de las acciones.
Cabe notar que la industria gastronómica gastó más en recompras de lo que obtuvo en ganancias, un 136,5 por ciento. Esto significa que las compañías en el sector acumularon deudas, tomando prestado dinero para darle regalías a sus inversores. Las cinco mayores cadenas de restaurantes son McDonald’s, YUM Brands (Taco Bell, KFC, Pizza Hut), Starbucks, Restaurant Brands International (Burger King, Tim Horton’s) y Domino’s Pizza. Si ese dinero se hubiera dividido entre los trabajadores, eso hubiera aumentado los salarios un 25 por ciento.
La industria de ventas minoristas gastó 79,2 por ciento de sus ganancias netas en recompras de acciones. Empresas como Walmart, CVS, Target, Lowe’s y Home Depot les pudieron haber dado un aumento salarial del 63 por ciento a sus trabajadores. En cuando a la producción alimentaria (PepsiCo, KraftHeinz, Tyson Foods, Archer Daniels Midland, entre otros), las cifras comparables equivalen a un gasto de 58 por ciento de las ganancias netas en recompras de acciones; sin embargo, las ganancias fueron mayores y pudieron traducirse en un aumento salarial de 79 por ciento para los trabajadores.
Las recompras de acciones enriquecen a los CEO en particular, quienes reciben la mayor parte de sus ingresos a través de acciones financieras y, consecuentemente, se benefician cuando las recompras aumentan sus precios. Según un reporte esta semana de Politico, los CEO que más fueron remunerados incluyeron a Safra Catz de Oracle ($250 millones), Thomas Kurian de Oracle ($85 millones) y Ajay Banga de Mastercard ($44,4 millones).
Otro hecho expone las enormes sumas de dinero siendo acaparadas por la aristocracia corporativa y financiera. Más temprano esta semana, el Wall Street Journal reportó que 350 ejecutivos y miembros de la junta directa de Goldman Sachs que recibieron participaciones accionarias en el 2008, en lo peor de la crisis financiera global, habrán acumulado $3 mil millones para cuando estas participaciones expiren este año.
La inundación de recompras bursátiles fue desatada por el gigantesco recorte de impuestos valorado en $1,5 billones de dólares promulgado por Trump y el Congreso republicano en diciembre, con la complicidad de los demócratas. La élite corporativa estadounidense está rellenando los bolsillos de sus accionistas con $2,5 billones por medio de recompras, dividendos, fusiones y adquisiciones y otras manipulaciones financieras.
Fue evidente el resentimiento de ciertas secciones de los superricos de que los recortes se dirigieran a impuestos de ganancias corporativas y personales, mientras que las tasas fiscales para ganancias al capital se mantuvieron intactas. Como respuesta, el Gobierno de Trump ha indicado que se está preparando para revertir los precedentes existentes, considerando un decreto ejecutivo para cambiar el reglamento para los impuestos sobre las ganancias de capital—provenientes de la compra y venta de acciones, bonos y otros activos financieros—permitiéndoles a los ricos restar el efecto de la inflación en sus declaraciones de impuestos.
Esto reducirá el impuesto sobre las ganancias de capital por una tercera parte, o $102 mil millones en total a lo largo de diez años. Dos terceras partes de esta suma o $66 mil millones irán al 0,1 por ciento más rico de estadounidenses.
Gobiernos previos han determinado que dicho ajuste a la inflación requerirá una autorización por parte del Congreso, lo cual significa que un cambio por decreto ejecutivo es ilegal. Sin embargo, según Mnuchin, “Si no se puede hacer por medio de un proceso legislativo, veremos cuáles herramientas tenemos en el Tesoro para hacerlo por nuestra cuenta y lo consideraremos”.
Esta es una Administración que demoniza a millones de trabajadores que vienen a EUA en busca de seguridad y una vida mejor, llamándolos “extranjeros ilegales” porque son indocumentados. Sin embargo, en lo que se refiere a los intereses de los milmillonarios, no les preocupa qué sea y no sea ilegal, solo qué ensanche más sus portafolios de inversiones.
Lo que sostiene a la Administración de Trump, en cara a la creciente hostilidad popular hacia sus políticas retrógradas sociales, sus ataques flagrantes contra los derechos democráticos y su militarismo irrestricto, es el carácter de la supuesta oposición. El Partido Demócrata es el partido de Wall Street y el aparato militar y de inteligencia y no está menos dedicado que Trump a defender los intereses de la élite corporativa y financiera.
No existe ni un solo problema social que pueda resolverse mientras la élite corporativa y financiera gobierne la economía estadounidense y global. Ponerle fin al dominio de estos parásitos sociales significa acabar con el sistema económico en su conjunto, el capitalismo, el cual existe para mantener y expandir su riqueza y poder
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