Nahia Sanzo, Slavyangrad
Recurrente en la política ucraniana de la última década, la corrupción ha ejercido de argumento fácilmente esgrimido como eje de las campañas electorales y de la posterior oposición. En 2014, Poroshenko se proponía acabar con la corrupción del malvado líder prorruso Yanukovich, con el que había sido ministro, un detalle que omitía sistemáticamente. En 2019, el joven candidato Zelensky no se limitaba a prometer acabar con el poder oligárquico -a pesar de alcanzarlo de la mano de uno de ellos, Ihor Kolomoisky-, sino que se proponía encarcelar a su predecesor. Evidentemente, Petro Poroshenko no ha sido encarcelado, ni siquiera ha sido sometido a un juicio, pero Zelensky sí cumplió parcialmente su promesa. El expresidente ucraniano, junto a otra figura política relevante, Viktor Medvedchuk, fue acusado en una causa por corrupción vinculada a la compra de carbón de los territorios de la RPD cuando el Gobierno ucraniano había impuesto el bloqueo económico de las zonas de Donbass fuera de su control.
Ejemplo del uso partidista de la corrupción y también de los límites a los que se puede llegar, Poroshenko y Medvedchuk, acusados por los mismos actos, sufrieron un castigo diferente. Medvedchuk fue encarcelado primero, puesto bajo arresto domiciliario después, condenado a la pena de telediario tras un supuesto intento de huida y finalmente entregado a Rusia como prisionero de una guerra en la que no había participado. Con una postura menos radical sobre el uso de la fuerza contra Donbass, Medvedchuk, un hombre personalmente cercano a Vladimir Putin, ejerció de enviado extraoficial de Ucrania para conseguir el retorno de prisioneros de guerra. Su posición, y de ahí su utilidad para el Estado, era la de conseguir el retorno de los territorios de Donbass a control ucraniano, algo que no le garantizó inmunidad, sino que le condenó al tratamiento que le dio Zelensky desde el momento en el que su partido, la Plataforma Opositora Por la Vida, se convirtió en líder de las encuestas de intención de voto para las elecciones legislativas. Destruir a Medvedchuk y a la opción política que lideraba fue la prioridad del Gobierno ucraniano, que en ningún momento buscó modificar las estructuras de poder que habían dado lugar a la corrupción ni castigar a Petro Poroshenko.
