Cuando el Estado se debilita, se vuelve autoritario: la Alemania de Merz oficializa la vigilancia masiva

Gastel Etzwane, Euro-Sinergias

Mientras el gobierno de Friedrich Merz se enfrenta a una creciente contestación y a una legitimidad vacilante, Alemania da un paso más en una dirección preocupante. El ministro del Interior, Alexander Dobrindt (CSU), ha presentado un proyecto de reforma que transforma en profundidad la Oficina Federal para la Protección de la Constitución (BfV), el equivalente alemán de los servicios de inteligencia interior. Bajo el pretexto del “aumento de las amenazas” (ciberataques, extremismo, injerencias extranjeras), el texto otorga a este organismo poderes operativos inéditos: pirateo de sistemas informáticos privados, manipulación o eliminación de datos, difusión de información falsa, e incluso el reclutamiento oficial de adolescentes de 16 años como informantes.

Ya no se trata solo de vigilancia pasiva. Se trata de una capacidad de intervención activa en el ámbito digital y, en algunos casos, sobre el terreno, con una reducción de los controles judiciales previos. Voces como la de Wolfgang Kubicki (FDP) han denunciado el reclutamiento de menores como “moral y éticamente inaceptable”. Alice Weidel (AfD) fue aún más lejos: cuando el Estado comienza a mentir y a falsificar, “el Estado de derecho está muerto”.

El esquema clásico del poder debilitado

Este endurecimiento no es una anomalía, sino tristemente un patrón clásico. Cuando un poder se debilita, es más cuestionado y tiene dificultades para responder a las expectativas de la población en materia de poder adquisitivo, inmigración o seguridad cotidiana, con demasiada frecuencia opta por el camino de la coacción en lugar de la reforma. En lugar de apaciguar la ira, la vigila. En lugar de restaurar la confianza, amplía los archivos y las escuchas.

Alemania ofrece hoy un ejemplo emblemático: mientras se envían miles de millones a Ucrania y se incrementa masivamente el presupuesto de defensa, se refuerza simultáneamente el arsenal represivo interno. El mensaje es claro: las prioridades geopolíticas prevalecen y la contestación interna debe ser contenida.

Este fenómeno va mucho más allá de Alemania.

En Francia, las leyes de “seguridad” y las herramientas de vigilancia digital se multiplican frente a una sociedad fracturada. En el Reino Unido, la tendencia está aún más avanzada, con una normalización de la censura y el control de los discursos en línea. En toda Europa occidental, los gobiernos parecen renunciar a convencer y prefieren encuadrar, filtrar y castigar.

Quizá lo más grave sea esto: el delito más duramente reprimido se está convirtiendo progresivamente en la expresión del descontento. Expresar públicamente la oposición a las decisiones del poder (sobre migración, energía, política exterior o libertades) expone cada vez más a riesgos judiciales, mediáticos o administrativos, mientras que otras formas de delincuencia se relativizan.

Las apariencias democráticas caen una tras otra. Ni siquiera se intenta mantenerlas. Lo que emerge es un modelo híbrido: liberal en lo económico y social para las élites, autoritario en materia de seguridad y represivo para el pueblo.

Alemania ya ha llegado. Francia no está lejos. Y muchos europeos empiezan a preguntarse hasta dónde llegará esta deriva.