Marcos Roitman Rosenmann,
La Jornada
Hace tres años saltaba a la prensa española una noticia, por decir lo menos, poco halagüeña. Los sindicatos mayoritarios, UGT y CCOO, daban por buena la mediación del gobierno con la empresa Nissan para la fabricación, en su planta de Barcelona, de la camioneta pick up. El origen de tal mediación se asentaba en el creciente rumor sobre el cierre de su filial barcelonesa y la apertura, en Marruecos, de otra planta similar, donde la mano de obra era más barata y la legislación laboral mucho más permisible y adecuada a los criterios empresariales de la trasnacional. Entre el miedo y la desesperación, las centrales sindicales decidieron aceptar unas condiciones draconianas, posteriormente ratificadas por 80 por ciento de la plantilla, a pesar de ser lesivas para los intereses de los trabajadores. El acuerdo era sencillo, se daba el visto bueno a una congelación salarial hasta el año 2014, aumentando la productividad en 6 por ciento y elevar el número de horas trabajadas a cambio de mantener el puesto de trabajo. Semanas más tarde, otra noticia vería la luz: Nissan-España desmiente el desmantelamiento de su planta en Barcelona. Los costes de instalación en Marruecos eran poco rentables. Quien divulgó la primera noticia no representaba a la política ni el espíritu de Nissan. En otras palabras, el rumor de cierre fue suficiente para generar un pánico entre los trabajadores y doblegar su voluntad, aceptando la propuesta consensuada entre el Ministerio de Industria y los sindicatos mayoritarios. Esta estrategia sirvió de ejemplo para el sector automotriz, y Renault, Seat, Opel y Peugeot la usaron. Pero si tuvo éxito, el PSOE, meditó y llegó a otra conclusión. ¿Por qué no realizar un real decreto ley que contemple dichos acuerdos y los legitime institucionalmente en todos los sectores productivos?
