El Ciudadano
La clase política chilena, ante los nuevos antecedentes que muestran de forma indesmentible la relación no sólo antiética, sino ilegal con el capital del gran empresariado, busca justificaciones para deslindar responsabilidades. Desde argumentos que van de los “hechos puntuales”, “errores involuntarios”, “me enteré a través de la prensa” y otras expresiones bien grabadas en la conciencia social, ahora levantan la expresión de la “crisis sistémica” de la política. Sin duda lo es, pero, a diferencia de la falaz defensa que surge desde los más involucrados en la recepción de dineros ilegales desde los grupos económicos, es una crisis terminal no generada por la naturaleza o heredada de una opaca institucionalidad, sino creada por ellos mismos. La crisis actual, la pestilencia en la cual se halla la política no sólo del duopolio, es una construcción cuyas bases se levantan de forma simultánea al resto de los programas pactados durante la transición.
La recepción de dineros de SQM por parte del PPD durante la presidencia de Carolina Tohá es una nueva constatación del proceso de descomposición del sistema político, cuyos antecedentes si bien se remontan a la primera década de la transición y marcan importantes episodios en los años siguientes, es a partir del actual gobierno cuando se levanta el manto que ocultaba no sólo las fuentes del financiamiento de la política, sino sus alcances y objetivos. En este momento, con este nuevo evento, el escenario instalado desde finales del 2014 con los casos Penta, Caval y SQM suma nuevos actos y se refuerza sin dar señales de concluir.
