Humberto Villasmil Prieto, OIT
A comienzos del siglo pasado, la segunda Revolución Industrial estaba en pleno desarrollo, signada por la aparición de la energía eléctrica y los motores impulsados por derivados del petróleo, lo que dio lugar a la producción masiva de bienes manufacturados. La concentración en centros fabriles urbanos que empleaban importantes contingentes de trabajadores generó cambios sustanciales en la organización del trabajo. Esa nueva organización del trabajo tuvo como arquetipo el modelo de fábrica fordista, que tomó su nombre desde que “en 1909 Henry Ford anunció la producción del modelo «T», un automóvil práctico e igual para todos y destinado a ser producido para un mercado masivo” (Raso Delgue), que comenzó a fabricarse a partir de 1913 sobre una línea de montaje y bajo la “organización científica del trabajo”.
Frederick Taylor teorizó un modelo capaz de aumentar la producción y la productividad de hombres y de máquinas bajo la óptica de la one best way (“la mejor manera de hacer las cosas”).
Pero todo aquello ameritaba ser juridificado, normado. A partir de la reunión masiva de trabajadores, surgió el concepto de categoría –abstracta por definición–, a la que se le asignaba un trabajo fijo, con tiempos de trabajo predeterminados, una estructura salarial proporcional y jerarquizada y una supervisión directa de los representantes del empleador. En aquel momento, como apunta Juan Raso Delgue, surgió la idea del poder disciplinario del empleador y de su contracara, la subordinación (Raso Delge).
Todo esto reclamó un modelo de contrato de trabajo estándar, unitario, que se levantó sobre el paradigma de una relación de trabajo estable –requisito de las promociones en cuanto se fuese capaz de escalar en la estructura jerárquica de la empresa– y a tiempo indeterminado, de modo que la relación tendiera a durar. Esa relación laboral fue la base de los modelos solidarios de seguridad social.
