Cuando hablamos del CETA y otros acuerdos comerciales similares como el TTIP o el TiSA, es frecuente referirnos a las consecuencias que tienen estos sobre los derechos sociales y laborales, sobre la merma de estos derechos que conllevará aún más, después de esta década de recortes, a la precarización de la calidad de vida de las clases populares. Puede que estos aspectos del tratado, así como los peligros de dar carta blanca a los inversores, sean los más conocidos, si es que podemos dar por conocido aquello que no ha dispuesto de la menor transparencia.
También tiene cierta relevancia informativa en relación con el mundo agrario la entrada de alimentos transgénicos, de carne hormonada y de aves sacrificadas desinfectadas mediante productos clorados. Pero esta cuestión, ya de por sí grave, encierra algo de capital importancia para el mundo agroganadero. Algo que no solo afecta a los territorios europeos y canadiense sino que puede alcanzar proporciones globales al servir de modelo para otros tratados regionales o bilaterales, algo al que el, de momento, suspendido TTIP no es ajeno.
Nos referimos al tipo de agricultura y ganadería que se va imponiendo a escala global, al tipo de alimentación que nos obligan a consumir. A lo que estamos asistiendo con el CETA es a la unificación de los modelos productivos entre las partes signatarias del acuerdo comercial o más concretamente a la imposición de los modelos de carácter agroindustrial sobre los tradicionales. Si bien ambos modelos hoy día están sujetos a las lógicas de la oferta y la demanda del mercado capitalista, en Europa, en mayor medida que Canadá, se mantiene aún en muchas explotaciones agrarias, aunque en retroceso, una producción pluriespecífica centrada en lo local, fijada al territorio, con empleo familiar, sistemas cooperativistas y significativa cuota de elaboración ecológica, mientras que en Canadá predomina otro modelo basado en producciones intensivas, monoespecíficas, reducida mano de obra y alta tecnologización, utilización masiva de fitosanitarios y pesticidas y alejadas de los centros de consumo. Esto no significa que la agroindustria no esté instalada en Europa , todo lo contrario ya que, desde finales de los años 80 y más concretamente desde la creación de la OMC (1995), se ha optado por la máxima liberalización del mercado agroalimentario sustentada en el apoyo a las grandes empresas productoras y de la gran distribución. Pero en Europa aún se mantienen estas prácticas tradicionales en el manejo de la biodiversidad y de los recursos naturales que hacen que su modelo pueda diferenciarse, aunque sea de forma parcial, del agroindustrial y que por ello está en el punto de mira de un tratado como el CETA que opta por la concentración del negocio alimentario en multinacionales de este sector y a la supeditación del resto a sus reglas, cuando no a la simple aniquilación.
