El gobierno de Rodrigo Paz llegó al poder con votos populares y los traicionó de inmediato. El ajuste, el alineamiento con Trump y el desmantelamiento del Estado plurinacional desataron una huelga política de masas que pone en jaque su gobernabilidad.
Vladimir Mendoza Manjón, Jacobin
Rodrigo Paz asumió el poder ejecutivo a fines de 2025, después de ganar en segunda vuelta con el 54% de los votos a Tuto Quiroga, el candidato de los poderes económicos y los grandes medios. La hazaña electoral fue posible gracias a que Paz y su candidato a vicepresidente recibieron el respaldo de los sectores populares que antes recaía «en bloque» sobre el otrora poderoso Movimiento Al Socialismo (MAS). Paz proviene de una tradición donde amasar poder es para lo único que sirve la política, así que su instinto lo forzó a asumir poses centristas. Pensó cada frase de campaña para diferenciarse de las narrativas de ultraderecha y se esmeró en conectar con los sentidos comunes de las clases populares. Usó esta excepcional oportunidad para llegar al Palacio quemado y fue usado por las masas obreras y campesinas para cerrarle el paso a la ultraderecha.
Rodrigo Paz y la agenda Trump
La intervención militar y el secuestro del presidente de Venezuela, la agresión sostenida sobre Cuba, las intervenciones indisimuladas en el proceso electoral de Honduras y los salvatajes monetarios al gobierno adicto de Argentina posicionan al gobierno norteamericano como un factor determinante en la presente coyuntura latinoamericana.
La intervención de Casa Blanca sobre la política boliviana tiene evidencias públicas desde mediados de 2025, cuando se organizaron reuniones ampliadas entre organismos financieros internacionales, empresarios privados, operadores políticos de la ultraderecha y todos los candidatos del centro hacia la derecha, incluyendo a Rodrigo Paz, para acordar la nueva agenda gubernamental.
Ni bien asumió el gobierno, Paz conformó un gabinete con el personal neoliberal de los partidos tradicionales, anuló con normativa inconstitucional a su vicepresidente (sospechoso de tener alguna sensibilidad hacia los sectores populares), se distanció de los presidentes progresistas de la región y se incorporó, junto a Milei y Bukele, al club de gobiernos dispuestos a viabilizar en el continente la Estrategia de seguridad nacional de Donald Trump.
En diciembre el gobierno estrenó su gestión con un Decreto Supremo en el que, además de lanzar un «gasolinazo» —una elevación del 100% en el precio de combustibles—, promovía reformas tributarias regresivas y entregas «exprés» de recursos naturales a las transnacionales. Todo un viraje en política económica que, en los hechos, modificaba disposiciones constitucionales.
La Central Obrera Boliviana (COB) respondió de inmediato y desplegó una movilización que se extendió hasta mediados de enero de 2026, logrando desnudar el contenido antinacional del decretazo gubernamental. La incorporación a la lucha de las comunidades campesinas con su método del bloqueo de caminos terminó definiendo la pulseta a favor del movimiento popular, obligando a Rodrigo Paz a anular su Decreto, excepto la cuestión del elevamiento del precio de combustibles.
Después de esta derrota política, la táctica de Paz no cambió un milímetro. Redobló empeños en reunir las fuerzas disponibles para posibilitar su gobernabilidad. Profundizó su sometimiento a Trump firmando un memorándum para la entrega del litio y tierras raras y abriendo las puertas a operaciones de la DEA; empezó un proceso compulsivo de endeudamiento (en seis meses de gestión el gobierno ha elevado la deuda de 6 a 14 mil millones de dólares) para garantizar la obsecuencia del Estado a la política económica de los organismos supraestatales dependientes del imperialismo. Paz y toda la derecha boliviana tienen una confianza ciega en que el alineamiento absoluto con EEUU les proveerá la gobernabilidad relativa que gozaron en los años ochenta y noventa del siglo XX. Simultáneamente, el gobierno quiere lograr una mayoría parlamentaria estableciendo una coalición de facto con los demás partidos de derecha, sin haber logrado aún aprobar ninguna reforma significativa. Sí consiguieron dar otra señal de buena voluntad con los intereses de los grupos empresariales, aprobando la Ley 1720, un mecanismo legal para promover el despojo de las pequeñas propiedades agrarias de las familias campesinas y la mayor acumulación a favor de los gamonales.
El conjunto de estos hechos explica en buena medida la rebelión popular que actualmente tensiona al país. El Estado plurinacional de Bolivia, formado en 2009, significa principalmente un Estado captador del excedente y distribuidor de la riqueza social; supone también la participación de los pueblos indígenas a través de representación propia en las instituciones. Ambas cosas, conseguidas con grandes luchas que marcaron puntos de inflexión en la historia del país, están buscando ser borradas de un plumazo por el gobierno de Paz.
Crisis de Estado
Bolivia fue conocida durante mucho tiempo por su crónica inestabilidad política. Su aparato estatal, lejos de jugar un rol articulador del todo social, fungía como herramienta de uno de los bandos, colisionados en disputa permanente. En su historia de insurrecciones populares y golpes militares, sólo el período del 2005 al 2019 puede verse como una relativa excepción. Por supuesto, hubo conflictividad, generada no por el movimiento de masas sino por las clases con poder económico y comunicacional, es decir, las minorías sociales. Los índices de estabilidad política surgieron con la configuración de un nuevo régimen, el Estado plurinacional, sostenido en dos pilares clave: la participación directa del movimiento indígena-campesino en el poder político y la ampliación de derechos sociales gracias a los ingresos provenientes de la renta del gas.
Las elecciones de 2025 dieron como ganador a un gobierno cuyo programa apunta a destruir ambos sostenes del Estado. La participación indígena ha venido siendo proscrita y burlada de diversas formas, incluyendo las últimas elecciones subnacionales en las que el candidato oficialista fue declarado «ganador» de la gobernación de La Paz sin segunda vuelta. Paralelamente, la agenda gubernamental de Rodrigo Paz está lastimando aspectos sensibles de la legitimidad estatal: recorta los proyectos de desarrollo rural y deteriora rápidamente la calidad de vida de las grandes mayorías. La gestión gubernamental plantea, de conjunto, una contrarreforma estatal oligárquica y antipopular.
Por su parte, la revuelta popular en curso busca frenar en seco la agenda neoliberal del trumpismo boliviano, de ahí su forma de huelga política de masas. Rosa Luxemburgo llamó así a las explosiones sociales que combinan demandas económicas y políticas. La consigna de «fuera Rodrigo Paz» que se enarbola en los bloqueos campesinos y las manifestaciones obreras plantea una salida política a la crisis a través de la convocatoria a nuevas elecciones nacionales y está enlazada con un rechazo enérgico al programa de recortes fiscales y privatizaciones del actual gobierno.
La demanda de renuncia del presidente y el rechazo al programa económico de la derecha son las dos piernas con las que camina la movilización social. Hay un desnivel evidente entre ellas. Después de todo, la aversión de las masas a la agenda neoliberal no explicita todavía un programa alternativo con arraigo en sus organizaciones. Sólo una combinación de ambos factores: representación política surgida de las masas con una agenda económica de reformas progresivas, podría viabilizar una alternativa política que, en caso de suceder a la derecha en el gobierno, tendría gobernabilidad plausible.
Perspectivas de la rebelión popular
Las movilizaciones de las multitudes plebeyas se gestaron a fines de abril y a la fecha (última semana de mayo) se muestran vigorosas. Sus trincheras de avanzada son los bloqueos de caminos, los cuales se combinan con incursiones multitudinarias de hileras de gente que inundan la ciudad de La Paz y desbordan cualquier intento de aplacamiento represivo de la policía y las fuerzas armadas. En las últimas jornadas, la lucha se ha expandido más allá de La Paz alcanzando las áreas rurales de otros departamentos como Potosí, Cochabamba, Chuquisaca y Santa Cruz. Al momento, los puntos de bloqueo suman sesenta, la mayoría de ellos situados en el occidente andino del país.
Aun así, la lucha no ha adquirido el volumen suficiente para liquidar al gobierno de Paz y forzar su renuncia. Su debilidad fundamental está en las urbes. Sólo El Alto, la capital aymara, ha aportado importantes contingentes de barrios obreros y populares para engrosar la presión; las centrales obreras y organizaciones vecinales de otras ciudades importantes, como Cochabamba y Santa Cruz, todavía no se han incorporado. La derecha reaccionaria aprovecha esta debilidad para organizar reducidos mitines contra los bloqueos de caminos, pidiendo al gobierno la represión sangrienta de los movilizados, y su voz es amplificada por su aparato mediático. Entre la presión de la ultraderecha y la lucha popular, el gobierno de Rodrigo Paz ha estado optando principalmente por esperar el desgaste de los bloqueos, confiando en que los objetivos maximalistas de la movilización social sólo pueden ser logrados si la revuelta se transforma en un huracán que lo barra todo. Si ello no ocurriera, confía el gobierno, los combatientes se verían obligados al repliegue y la posible desmoralización.
El gobierno se aferra a una posibilidad realista; en contextos tan tensos como el boliviano, pueden desencadenarse saltos abruptos e imprevisibles, provocados por situaciones contingentes. Ese no es, en todo caso, su mayor problema. No hay mejor ejemplo de la ruina del pragmatismo político que el actual gobierno boliviano. Todo su modo de operar, desde la campaña electoral hasta el presente, ha situado al gobierno de Rodrigo Paz en un campo de minas. Se encuentra incapacitado para llegar a acuerdos que desactiven la movilización social, pues ello lo obligaría a asumir compromisos de corte estratégico (como no modificar la Constitución y abstenerse de privatizar empresas y recursos, por ejemplo). El carácter político del presidente lo llevaría a firmar esos compromisos solo para pisotearlos al día siguiente, tal como ha venido haciendo: seguiría quemando en tiempo récord la escasa credibilidad que le resta y arriesgándose a enfrentar nuevamente la furia de las barricadas. El gobierno se ha colocado en una situación en la que cumplir con quienes lo llevaron al cargo implica incumplir con la oligarquía y con Trump, y viceversa.
El desafío para el movimiento popular está en superar el desarrollo desigual de su subjetividad política. En su interior conviven posturas muy diversas: desde los radicales, que no están dispuestos a ceder hasta lograr la renuncia del presidente; pasando por quienes aceptarían compromisos intermedios; sectores que, rechazando la movilización «política», aceptan una que plantee demandas «económicas»; hasta llegar a una amplia franja que, pese a su malestar con el gobierno y la situación del país, por ahora no tiene intención de sumarse a la lucha. Este desigual desarrollo ocurre en medio de contradicciones y tensiones internas en las organizaciones plebeyas. La superación de esas tensiones para construir una perspectiva política nacional es una tarea ineludible (tal como ocurrió en el ciclo de luchas de 2000-2005, cuando se forjó la llamada «Agenda de octubre», cuyos ejes centrales fueron la nacionalización del gas y la convocatoria a una Asamblea Constituyente). En esa tarea, el papel de las izquierdas y los luchadores sociales resulta clave.
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