Jaque al Neoliberalismo: El poder intermediario y la forja angloamericana del dominio financiero

Santiago Mondéjar, Geopolitika

Este artículo presenta un análisis estructural a largo plazo de la transformación del poder occidental desde la Edad Moderna hasta su configuración angloamericana contemporánea. El desplazamiento del paradigma imperial español y el sucesivo auge de la hegemonía holandesa, inglesa y, finalmente, estadounidense solo se pueden comprender parcialmente si no se integra el papel históricamente demostrado que desempeñaron las redes judío-conversas y sefardíes en las finanzas, la inteligencia, la propaganda y el comercio transnacional.

Partiendo exclusivamente de procesos históricos documentados —y rechazando explícitamente cualquier interpretación identitaria o conspirativa—, el argumento reconstruye cómo estas redes, inicialmente expulsadas o marginadas por los proyectos ibéricos de unificación religiosa, fueron incorporadas selectivamente a los órdenes protestantes y mercantiles más flexibles del norte de Europa.

El resultado fue la cristalización de una modalidad de poder distinta, caracterizada por la gobernanza indirecta, la primacía informativa, la intermediación financiera y la negación ideológica. El análisis concluye situando esta formación histórica dentro de los antagonismos geopolíticos contemporáneos, argumentando que la lógica intermediaria que una vez permitió el dominio angloamericano ha generado ahora condiciones de fragilidad sistémica, parálisis estratégica y agotamiento político que se manifiestan especialmente en Gran Bretaña.

La ruptura de la cristiandad occidental a principios de la Edad Moderna no constituyó solo un cisma teológico, sino una reorganización integral de la autoridad política, la coordinación económica y el control epistémico. La separación de Inglaterra de Roma, la revuelta holandesa contra la soberanía española y la Guerra Civil Inglesa se tratan convencionalmente como episodios nacionales o confesionales discretos.

Sin embargo, si se consideran momentos interconectados dentro de un único proceso histórico, revelan una transposición coherente del poder: la soberanía se desplazó progresivamente de los fundamentos sacramentales, territoriales y dinásticos hacia un régimen basado en las finanzas, la información y la dominación indirecta.

Esta transformación no debe interpretarse erróneamente desde una perspectiva declinista con respecto a España. La España del siglo XVI y principios del XVII alcanzó un apogeo imperial, económico y cultural sin precedentes. El Siglo de Oro coincidió con la expansión territorial global, la capacidad fiscal sostenida y los extraordinarios logros en el arte, la literatura, la teología y el derecho. España no fracasó dentro de su propio paradigma histórico.

Más bien, el proceso que aquí se examina se refiere a una mutación en la propia estructura del poder, que privilegió gradualmente capacidades —intermediación financiera, control de la información, abstracción jurídica— para las que el imperio sacramental no estaba diseñado ni dependía.

El proyecto imperial español se basaba en una concepción de la soberanía que fusionaba la legitimidad dinástica, el dominio territorial y la universalidad católica en un único orden visible. Bajo Felipe II, esta síntesis alcanzó su articulación más sistemática. La autoridad política se concebía como la manifestación terrenal de una jerarquía trascendente, con la Iglesia actuando como mediadora entre el orden divino y el dominio mundano. En este marco, la unificación religiosa no era un exceso ideológico, sino un requisito constitutivo de la soberanía.

La expulsión de los judíos y la persecución de los conversos eran, por lo tanto, internamente coherentes y, a corto y medio plazo, políticamente eficaces. Reforzaron la unidad confesional, estabilizaron la autoridad y acompañaron la consolidación imperial de España. Sin embargo, su consecuencia a largo plazo fue otra. Al imponer la homogeneidad religiosa, la monarquía española externalizó formas de experiencia comercial, lingüística, jurídica e informativa que solo más tarde se convertirían en estratégicamente decisivas, cuando el poder dependiera cada vez más no del dominio territorial y la legitimidad dinástica, sino de las finanzas, la mediación y la circulación transnacional. Esto no fue una causa del declive español, sino una externalidad estructural cuyos efectos solo se hicieron visibles una vez que cambió el propio modo de poder.

La revuelta holandesa contra el dominio español supuso la primera brecha sostenida en la supremacía ibérica, no porque España careciera de capacidad militar o económica, sino porque el conflicto se desarrolló en un nuevo terreno estratégico. La guerra se extendió al ámbito informativo, donde la propia legitimidad se convirtió en el principal objeto de controversia. Los centros de impresión —primero Amberes y más tarde Ámsterdam— se convirtieron en laboratorios de polémica antiespañola y anticatólica que atacaban no solo la política, sino el principio de la monarquía universal.

Los patrones migratorios judíos han mostrado históricamente un alto grado de adaptabilidad estratégica, respondiendo a las circunstancias sociopolíticas imperantes de formas que se han interpretado como al servicio de los intereses colectivos del grupo dentro de un marco evolutivo. Así, los judeocristianos que habían adoptado el calvinismo desempeñaron un papel desproporcionado en esta campaña. Su competencia multilingüe, su íntima familiaridad con la cultura política ibérica y su experiencia en materia de censura les permitieron producir propaganda de una calidad excepcional.

Estas guerras de panfletos prefiguraron la guerra de información moderna al apuntar a la legitimidad en lugar del territorio. La República Holandesa demostró ser estructuralmente receptiva a tales actores. Su constitución federativa, su orientación mercantil y su relativa libertad religiosa fomentaron un entorno hospitalario para las redes transnacionales que operaban a través de las fronteras confesionales y políticas. El resultado fue una política protomoderna en la que la soberanía era difusa, el comercio privilegiado y la uniformidad ideológica subordinada a la utilidad funcional, lo que contrastaba notablemente con la monarquía sacramental española y el absolutismo francés.

En la Inglaterra isabelina, la proscripción formal de los judíos coexistía con la incorporación práctica de un número cada vez mayor de judíos conversos al aparato comercial y administrativo del Estado. Esta tensión ejemplifica un patrón recurrente dentro del poder intermediario: la exclusión a nivel de identidad se combina con la inclusión a nivel funcional. Entre 1630 y 1650 los judíos conversos que llegaban de los Países Bajos se unieron a los exiliados calvinistas en Londres, integrándose en la élite mercantil y controlando una parte significativa del comercio exterior de Inglaterra.

Su ambigüedad jurídica —a menudo protegida por la nacionalidad extranjera y el patrocinio diplomático— les permitió operar más allá de los embargos y las fronteras confesionales. La indispensabilidad económica se impuso repetidamente a la rigidez ideológica, lo que supuso un cambio decisivo en los fundamentos de la autoridad política. El Estado inglés, que carecía de la escala territorial y la profundidad fiscal de España, dependía cada vez más de instrumentos asimétricos: los corsarios, la perturbación financiera, la propaganda y la innovación jurídica. Lo que comenzó como una táctica compensatoria se fue convirtiendo gradualmente en un sistema. Inglaterra aprendió a gobernar no mediante la soberanía manifiesta, sino mediante la mediación.

La Guerra Civil Inglesa introdujo una transformación cualitativa en los fundamentos ideológicos del poder inglés. La teología puritana repudió la mediación sacramental, privilegió el pacto directo y se inspiró ampliamente en los modelos hebraicos. Inglaterra fue reimaginada como un nuevo Israel, su lucha política interpretada a través de la tipología del Éxodo y la conquista, con Oliver Cromwell en el papel de Moisés y Josué. Dentro de esta hermenéutica, los judíos y los conversos dejaron de ser figuras marginales y se convirtieron en precursores tipológicos.

Las redes judeocristianas proporcionaron financiación e inteligencia a la causa puritana y sus conexiones continentales resultaron decisivas tanto durante la Guerra Civil como en las campañas posteriores contra las posesiones españolas en el Caribe. Tras la Paz de Westfalia, Ámsterdam consolidó su estatus como principal centro de la vida sefardí en Europa, institucionalizando la práctica judía abierta, la publicación sin restricciones y la plena participación comercial. La ciudad se convirtió en un punto nodal de poder intermediario, que conectaba Europa, el mundo otomano, el norte de África y la economía atlántica.

Estos cambios religiosos y políticos se alinearon con transformaciones más amplias en la economía política. La expropiación de la riqueza eclesiástica durante las revoluciones protestantes, analizada por Marx como un momento fundacional de la acumulación capitalista, reconfiguró la ontología jurídica de la propiedad. La tierra, el trabajo y el crédito se abstrajeron de las restricciones consuetudinarias y eclesiásticas, lo que permitió la aparición de instrumentos financieros cada vez más alejados de la producción.

El capital se volvió móvil, anónimo y autorreferencial. Esta abstracción era indispensable para el poder intermediario. El pietismo protestante filisteo proporcionó el amparo moral bajo el cual tales transformaciones pudieron llevarse a cabo sin resistencia teológica, normalizando el lucro, la especulación y la acumulación como prácticas éticas.

Para los siglos XVIII y XIX estos cimientos habían madurado hasta convertirse en un sistema británico duradero. El sionismo cristiano y el filosemitismo de las élites impregnaron la cultura política británica, mientras que dinastías financieras como los Rothschild ejemplificaban la fusión de las finanzas, la diplomacia y la información. La integración del capital financiero con las infraestructuras mediáticas incorporó el poder económico al control de la información. El dominio imperial británico, dirigido por Disraeli, se basaba así menos en el control territorial directo que en la coordinación de las rutas comerciales, los circuitos financieros, las normas jurídicas y las redes de comunicación. Gran Bretaña no abolió la soberanía, sino que la desplazó hacia el exterior, gobernando a través de la mediación y manteniendo la apariencia de continuidad constitucional en el interior.

Estados Unidos heredó e intensificó este paradigma intermediario, pero lo hizo realizando una tabula rasa. Desde sus fundamentos puritanos hasta su arquitectura constitucional, el poder estadounidense se construyó sobre una profunda desconfianza hacia la soberanía sin mediación y una preferencia por los amortiguadores institucionales.

Los mercados financieros, las agencias reguladoras y los monopolios informativos sustituyeron al mando político directo. Sin embargo, lo más importante es que Estados Unidos no se limitó a replicar el modelo británico, sino que lo absorbió y lo sustituyó. Las infraestructuras financieras, legales e informativas que en su día sustentaron el poder británico se trasladaron progresivamente al otro lado del Atlántico. Gran Bretaña se convirtió en el intermediario de un intermediario: formalmente soberana, estratégicamente subordinada.

Esta inversión marca el punto de inflexión decisivo del argumento. Gran Bretaña, que en su día fue el arquetipo de la dominación indirecta, se ve ahora sometida a la misma lógica que ella misma impulsó. Esta nueva realidad es algo que Gran Bretaña nunca ha asimilado del todo. La política exterior británica contemporánea sigue operando dentro de un imaginario renovado del «Gran Juego» —maniobras euroasiáticas, gestión de alianzas, escalada de proxy— incluso cuando la capacidad material de Gran Bretaña para sostener tales ambiciones se erosiona constantemente.

Un ejemplo claro de ello es la falta de soberanía militar de Gran Bretaña. Su disuasión nuclear depende estructuralmente de Estados Unidos, lejos de ser autónoma como la de Francia; tanto Rusia como los Estados de la UE son muy conscientes de que los cuatro submarinos de misiles balísticos de la Royal Navy que constituyen el arsenal nuclear del Reino Unido son esencialmente barcos diseñados por Estados Unidos y construidos bajo licencia estadounidense, con misiles Trident y sus ojivas nucleares fabricadas en Estados Unidos y alquiladas al Reino Unido, al que se le permite desplegar alrededor de 70 misiles almacenados en instalaciones estratégicas compartidas en King’s Bay, Georgia, donde los submarinos británicos deben navegar regularmente para su mantenimiento y reabastecimiento.

La mayor parte de la tecnología y los componentes críticos del sistema Trident —desde los generadores de neutrones y los depósitos de gas hasta los sistemas de guía y navegación— son igualmente de origen estadounidense, un acuerdo muy lucrativo para las empresas de defensa estadounidenses y que se extiende a la participación de empresas estadounidenses en instalaciones nucleares británicas, como Aldermaston y Devonport, mientras que la propia Atomic Weapons Establishment funciona como un consorcio que incluye a empresas estadounidenses.

En términos prácticos, la disuasión «independiente» del Reino Unido es un clásico tigre de papel: formidable en retórica, pero estructuralmente dependiente de Washington para su existencia y funcionamiento; su infraestructura estratégica está integrada en los sistemas industriales y logísticos estadounidenses. Sin embargo, el orden constitucional británico sigue basándose en una soberanía personificada encarnada en la Corona, cuya legitimidad simbólica respalda la autoridad parlamentaria, la prerrogativa ejecutiva y la continuidad jurídica. Esta disyunción produce fragilidad. Gran Bretaña conserva los símbolos de la soberanía, pero carece de su sustancia. Sus élites persisten en gestos imperiales mientras operan en un entorno estratégico dominado por Estados Unidos.

La insistencia de Carl Schmitt en que la soberanía reside en la capacidad de decidir aclara el coste del poder intermediario. Los sistemas que sustituyen la decisión por el procedimiento, los mercados y la legalidad buscan neutralizar el antagonismo en lugar de enfrentarlo. Sin embargo, el antagonismo se acumula. El análisis del poder de Foucault ilumina la transición del mando soberano a la gestión biopolítica: gobernanza sin legitimidad, obediencia sin lealtad. Arrighi aporta el ritmo histórico. La financiarización no marca el apogeo de la hegemonía, sino su ocaso. El orden angloamericano se ajusta precisamente a este patrón.

Lo que revela esta genealogía no es una conspiración, sino un régimen de poder. El dominio occidental moderno no abolió la soberanía, sino que la convirtió en indirecta. La autoridad se retiró de las instituciones visibles y se trasladó a redes que operan a través de las finanzas, la información y la producción de normas. Sin embargo, la influencia financiera se ha universalizado.

Los grandes diseños que en el siglo XIX conferían un dominio abrumador revelan ahora su profunda impotencia. La teoría del «corazón continental» de Mackinder fue finalmente adoptada por Estados Unidos, como se refleja en El gran tablero de ajedrez de Brzezinski, que rearticula los principios estratégicos británicos anteriores bajo la potestas de la llamada Pax Americana. La tragicomedia de Gran Bretaña radica en haber perfeccionado un modelo de gobernanza solo para encontrarse subordinada a él. El cazador se ha convertido en la presa. El poder que busca persistentemente la invisibilidad acaba perdiendo su capacidad de acción efectiva. Cuando la soberanía es rechazada en todas partes, resurge en otros lugares, sin mediación, sin disfraz y sin concesiones.

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Referencias:

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