Joseph Stiglitz: El precio de la desigualdad

Joseph Stiglitz, Project Syndicate

A los estadounidenses les gusta pensar en su país como una tierra de oportunidades, opinión que otros en buena medida comparten. Pero aunque es fácil pensar ejemplos de estadounidenses que subieron a la cima por sus propios medios, lo que en verdad cuenta son las estadísticas: ¿hasta qué punto las oportunidades que tendrá una persona a lo largo de su vida dependen de los ingresos y la educación de sus padres?

En la actualidad, estas cifras muestran que el sueño americano es un mito. Hoy hay menos igualdad de oportunidades en Estados Unidos que en Europa (y de hecho, menos que en cualquier país industrial avanzado del que tengamos datos).

Esta es una de las razones por las que Estados Unidos tiene el nivel de desigualdad más alto de cualquiera de los países avanzados. Y la distancia que lo separa de los demás no deja de crecer. Durante la “recuperación” de 2009 y 2010, el 1% de los estadounidenses con mayores ingresos se quedó con el 93% del aumento de la renta. Otros indicadores de desigualdad (como la riqueza, la salud y la expectativa de vida) son tan malos o incluso peores. Hay una clara tendencia a la concentración de ingresos y riqueza en la cima, al vaciamiento de las capas medias y a un aumento de la pobreza en el fondo.

Sería distinto si los altos ingresos de los que están arriba se debieran a que contribuyeron más a la sociedad. Pero la Gran Recesión demostró que no es así: hasta los banqueros que dejaron a la economía mundial y a sus propias empresas al borde de la ruina recibieron jugosas bonificaciones.

Si examinamos más de cerca la cima de la pirámide encontraremos allí sobreabundancia de buscadores de rentas: hay quienes obtuvieron su riqueza ejerciendo el monopolio del poder; otros son directores ejecutivos que aprovecharon deficiencias de las estructuras de gobierno corporativas para quedarse con una cuota excesiva de la ganancia de las empresas; y hay todavía otros que usaron sus conexiones políticas para sacar partido de la generosidad del Estado, ya sea cobrándole demasiado por lo que compra (medicamentos) o pagándole demasiado poco por lo que vende (permisos para explotación de minerales).

Asimismo, parte de la riqueza de los financistas proviene de la explotación de los pobres, por medio de préstamos predatorios y prácticas abusivas con el uso de tarjetas de crédito. En estos casos, los que están arriba se enriquecen directamente de los bolsillos de los que están abajo.

Tal vez no sería tan malo si hubiera aunque sea un grano de verdad en la teoría del derrame: la peculiar idea de que enriquecer a los de arriba redunda en beneficio de todos. Pero hoy la mayoría de los estadounidenses se encuentran peor (con menos ingresos reales ajustados por la inflación) que una década y media atrás en 1997. Todos los beneficios del crecimiento fluyeron hacia la cima.

Los defensores de la desigualdad estadounidense argumentan que los pobres y los que están en el medio no tienen por qué quejarse: puede ser que la porción de torta con la que se están quedando sea menor que antes, pero gracias a los aportes de los ricos y superricos, la torta está creciendo tanto que en realidad el tamaño de la tajada es mayor. Pero una vez más, los datos contradicen de plano este supuesto. De hecho, Estados Unidos creció mucho más rápido durante las décadas que siguieron a la Segunda Guerra Mundial, cuando el crecimiento era conjunto, que después de 1980, cuando comenzó a ser divergente.

Esto no debería sorprender a quien comprenda cuál es el origen de la desigualdad. La búsqueda de rentas distorsiona la economía. Por supuesto que las fuerzas del mercado también influyen, pero los mercados dependen de la política; y en Estados Unidos, con su sistema cuasicorrupto de financiación de campañas y el ir y venir de personas que un día ocupan un cargo público y al otro están en una empresa privada, y viceversa, la política depende del dinero.

Por ejemplo, cuando la legislación de quiebra privilegia los derivados financieros por encima de todo, pero no permite la extinción de las deudas estudiantiles (por más deficiente que haya sido la educación recibida por los deudores), es una legislación que enriquece a los banqueros y empobrece a muchos de los que están abajo. Y en un país donde el dinero puede más que la democracia, no es de extrañar la frecuencia con que se aprueban esas leyes.

Pero el aumento de la desigualdad no es inevitable. Hay economías de mercado a las que les está yendo mejor, tanto en términos de crecimiento del PIB como de elevación de los niveles de vida de la mayoría de sus ciudadanos. Algunas incluso están reduciendo las desigualdades.

Estados Unidos paga un alto precio por seguir yendo en la otra dirección. La desigualdad reduce el crecimiento y la eficiencia. La falta de oportunidades implica que el activo más valioso con que cuenta la economía (su gente) no se emplea a pleno. Muchos de los que están en el fondo, o incluso en el medio, no pueden concretar todo su potencial, porque los ricos, que necesitan pocos servicios públicos y temen que un gobierno fuerte redistribuya los ingresos, usan su influencia política para reducir impuestos y recortar el gasto público. Esto lleva a una subinversión en infraestructura, educación y tecnología, que frena los motores del crecimiento.

La Gran Recesión agravó la desigualdad, provocando recortes en gastos sociales básicos y un alto nivel de desempleo que presiona sobre los salarios a la baja. Por añadidura, tanto la Comisión de Expertos de las Naciones Unidas sobre las reformas del sistema monetario y financiero internacional, que investiga las causas de la Gran Recesión, como el Fondo Monetario han advertido que la desigualdad conduce a inestabilidad económica.

Pero, lo que es más importante, la desigualdad en Estados Unidos está corroyendo sus valores y su identidad. Cuando llega a semejantes extremos, no es sorprendente que sus efectos se manifiesten en todas las decisiones públicas, desde la política monetaria a la asignación del presupuesto. Estados Unidos se ha convertido en un país que en vez de “justicia para todos” ofrece favoritismo para los ricos y justicia para los que puedan pagársela: esto quedó demostrado durante la crisis de las ejecuciones hipotecarias, cuando los grandes bancos creyeron que además de demasiado grandes para quebrar, eran demasiado grandes para hacerse responsables.

Estados Unidos ya no puede considerarse la tierra de oportunidades que alguna vez fue. Pero no tenemos por qué resignarnos a esto: todavía no es demasiado tarde para restaurar el sueño americano.

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