Costes sociales de la crisis

Editorial de El País

Desde principios de la década de los noventa, la sociedad española viene conformándose como la resultante de un mercado de trabajo dual. En ese mercado se distingue cada vez con mayor nitidez un conjunto de trabajadores y asalariados que disponen de contratos fijos, protegidos por normas estrictas de indemnización y derechos legales adquiridos frente a un universo laboral cada vez más amplio de trabajadores a tiempo parcial, frecuentemente precario, que impide por su propia naturaleza fragmentaria el aprendizaje del oficio o profesión, con niveles muy bajos de retribución -los mileuristas- y sin derechos acumulados. En este mercado dual, el volumen de trabajadores con contratos permanentes tiende a disminuir en beneficio de la contratación temporal o parcial. Este fenómeno, agudizado por la presión competitiva de países con mercados de trabajo sin derechos y con salarios próximos a la miseria, ha exacerbado las hipótesis sociológicas de que a medio plazo la contratación fija en los mercados occidentales quedará reducida a un grupo exiguo de privilegiados, atareados en labores de cierta complejidad, mientras que el volumen mayor de trabajo, de menor calificación, es servido por la mayor parte de la población asalariada a través de contratos irrisorios y sin derechos.

La recesión económica agudiza estos temores. El desempleo de larga duración, el número creciente de parados y la creciente resistencia que muestran las empresas a la contratación fija o temporal parecen reforzar la tesis de que la clase media, formada en estructuras laborales de estabilidad, tenderá a desaparecer o a reducir su tamaño. Pero no es seguro que la estructura laboral vigente o las consecuencias de esta recesión destructiva empujen hacia un mundo dividido en unos pocos privilegiados y una mayoría de mileuristas. En primer lugar, porque algunas sociedades han conseguido conjurar parcialmente esa fatal división y son las que con mayor tenacidad han apostado por invertir en educación de calidad y han desarrollado economías con más valor añadido. Y después, porque es inevitable una reforma del mercado de trabajo. Esa reforma debería reforzar la estabilidad del empleo y los derechos de los trabajadores y descartar una precarización del empleo para competir con los mercados asiáticos; sencillamente, porque no es posible competir en una carrera cuya meta final es la eliminación de cualquier compromiso legal o retributivo. Así no se sostiene una economía desarrollada.

Mientras llega el cambio laboral, que bien podría empezar a debatirse sobre el modelo de contrato único y estable con costes de indemnización y despido proporcionales a los años trabajados, la sociedad española está pagando de forma muy desigual las facturas de la recesión. La base social que soporta el paro y las reducciones de renta se limita a los trabajadores de empresas privadas de sectores que no están protegidos por la regulación. Ni las actividades reguladas -el ejemplo más conocido es la electricidad- ni el funcionariado parecen afectados por esta crisis. Tampoco se tiene constancia de que las comunidades autónomas, con gastos de estructura muy altos, o los ayuntamientos se apliquen con fervor a elaborar planes de reducción de costes. Si la austeridad no se aplica sobre bases sociales más amplias, el ajuste va a durar más de lo que suponen el Gobierno y los agentes sociales.

El País