A propósito del desastre minero que mantiene atrapados a 33 trabajadores desde el 5 de agosto, esta nota editorial de Punto Final. El hecho da cuenta de lo lejos que está Chile del auténtico desarrollo, y ensombrece todos los festejos del "Bicentenario"
La tragedia de la mina San José no es un accidente más de los muchos que ocurren en la minería, en que anualmente hay decenas de víctimas casi siempre por las malas condiciones de seguridad. Lo mismo ocurre en la industria manufacturera, en la construcción y en los servicios. Pero este siniestro ha sido especial por su magnitud y características. La mina San José pertenece a la Compañía Minera San Esteban, de la mediana minería; es una explotación de cobre y oro muy antigua. Es propiedad de la familia Kémeny, de larga tradición en actividades extractivas comenzadas hace más o menos cincuenta años, cuando explotando minerales de hierro logró acumular una importante fortuna.
Desde hace años, la mina San José había sido denunciada como una explotación insegura. Sólo entre 2000 y 2004 hubo diez denuncias de los trabajadores ante el Servicio Nacional de Minería y Geología (Sernageomin), autoridades de Salud, el gobierno regional y la Superintendencia de Seguridad Social. Esos organismos hicieron oídos sordos, no acusaron recibo y menos dieron respuesta. En los últimos cuatro años hubo tres accidentes fatales y dos que significaron la amputación de extremidades de los afectados. El derrumbe del 5 de agosto tuvo, según se ha informado, una magnitud tal que produjo prácticamente el desplome de las galerías y de los ductos accesorios. De acuerdo a lo declarado por Antón Hraste, ex director regional del Sernageomin, “esa mina no debió ser reabierta nunca”, luego que él dispuso su cierre temporal en 2006 y definitivo en 2007. Sin embargo, el 30 de mayo de 2008 el Sernageomin autorizó la reapertura. La medida produjo asombro. Proponía medidas superficiales que no atacaban el problema fundamental de seguridad y ni siquiera se ordenó un control para asegurar su cumplimiento. Por ejemplo, el escaleramiento de una chimenea de escape que, al no hacerse, la dejó impracticable ante un accidente como el que ha ocurrido. Tampoco la empresa cumplió otras obligaciones y comenzó a ahorrar en los gastos de seguridad para obtener mayores ganancias, aprovechándose además de los dineros de las cotizaciones previsionales de los trabajadores que no depositaba como era su obligación. La actitud del Sernageomin es inaceptable y se vincula a la influencia que tienen los Kémeny ante las autoridades. Tal como en el terremoto y tsunami de febrero, una catástrofe vuelve a poner en evidencia lo lejos que está Chile de los países desarrollados y de cómo es sólo un cuento de caminos aquel que trata de convencernos que Chile tiene una economía y empresarios “de clase mundial”. El hecho mismo de que hubo que traer maquinaria minera de Australia y Estados Unidos -no disponible en Chile a pesar de ser el productor más importante de cobre en el mundo-, evidencia una situación alejada de los exigibles máximos de calidad. Chile reaparece como un país pobre manejado por un puñado de ricos -que lo son de manera extrema-. El país despierta de súbito ante una realidad desoladora. La cacareada “responsabilidad empresarial” en Chile no funciona, salvo en pocas empresas. Los dueños del capital se preocupan esencialmente de ganar dinero sin fijarse mucho en las formas de hacerlo. Como están muy cerca o dentro de los gobiernos, disponen de manga ancha para cometer abusos.
