Señor Presidente:
Soy Baltasar Garzón, el juez español que ordenó la detención de Augusto Pinochet en Londres el 16 de octubre de 1998. No le conozco, ni he mostrado interés en hacerlo. Sí lo he hecho con todos los demás presidentes democráticos de su país, al que tanto quiero. Quizás por el cariño hacia el pueblo chileno y por la defensa que siempre he hecho de las víctimas, mi defensa de los pueblos originarios y de los más vulnerables, he decidido dirigirle esta misiva con profundo dolor e indignación por lo que está ocurriendo en Chile.
Señor Presidente, tal parece que chilenas y chilenos han dicho basta. Y lo están diciendo fuerte y claro. Se trata de un estallido social espontáneo que no está dirigido por partido político alguno. Una simple protesta estudiantil por el alza en el billete de metro, severamente reprimida por la policía, Carabineros de Chile, fue la mecha que encendió la rabia y la ira acumulada durante casi treinta años. Ellos han sido los ejecutores de una medida política ordenada por su gobierno.
Señor Presidente, convendrá conmigo que, debajo del pretendido milagro económico que muchos atribuyen a Pinochet, un modelo de desarrollo mantenido por la transición chilena y la posterior democracia, se esconde el triste récord de ser uno de los diez países más desiguales del mundo, al mismo nivel de Ruanda, según el índice Gini aplicado por el Banco Mundial. Es cierto que en el país existe desarrollo y mucha riqueza, pero sólo para una reducida élite política y empresarial. Asimismo, Chile posee también unas cifras macroeconómicas inmejorables, con un sostenido crecimiento durante décadas, pero con un paulatino y constante empobrecimiento y endeudamiento de la inmensa mayoría de la ciudadanía, que este año alcanzó su máximo histórico, según la prensa y el propio Banco Central. Su país, señor Presidente, también ingresó hace años en el selecto club de las naciones ricas, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), como flamante país desarrollado, con altos niveles de productividad y competitividad, pero, nuevamente, a costa de bajos salarios de los trabajadores y de una casi total desprotección social.
