Vijay Prashad, Counter Punch
Durante más de seis décadas, Estados Unidos ha intentado que el pueblo cubano pague las consecuencias de su decisión de seguir un camino socialista e independiente. La última fase de esta guerra económica se ha centrado en la arteria más vulnerable de la isla: su suministro energético. Seis meses después de que Washington intensificara la presión sobre los países y las empresas que abastecen de petróleo a Cuba, esta política no ha traído democracia ni mejorado la vida de los cubanos de a pie. Lo que sí ha provocado son hogares más oscuros, autobuses paralizados, hospitales inoperativos y mayores dificultades para transportar alimentos del campo a las ciudades.
La tarea inmediata es prevenir una catástrofe humanitaria. La tarea más importante es sustituir la coerción por la cooperación soberana y ayudar a Cuba a construir un sistema energético que no pueda volver a ser estrangulado por una potencia extranjera.
Seis meses de crisis cada vez más profunda
El 29 de enero de 2026, el presidente estadounidense Donald Trump emitió una orden ejecutiva que establecía un mecanismo para imponer aranceles adicionales a los productos de cualquier país que suministrara petróleo a Cuba, directa o indirectamente. Washington presentó la medida como una defensa de la seguridad nacional de Estados Unidos. Su propósito práctico era inconfundible: obligar a terceros países a elegir entre una pequeña nación caribeña con dificultades económicas y el acceso al enorme mercado estadounidense.
Las medidas arancelarias autorizadas en virtud de esta y otras órdenes de emergencia quedaron sin efecto el 20 de febrero. Sin embargo, la declaración de emergencia se mantuvo vigente, al igual que el sistema de sanciones más amplio, las amenazas contra los proveedores y la incertidumbre en torno a los buques con destino a Cuba. El resultado se ha descrito como un bloqueo petrolero efectivo: no necesariamente una línea permanente de buques de guerra estadounidenses, sino un sistema de presión secundaria capaz de disuadir a gobiernos, bancos, aseguradoras, navieras y comerciantes del comercio legítimo con Cuba. El golpe recayó sobre una economía que ya se encontraba bajo una presión extraordinaria. Cuba había dependido durante mucho tiempo del petróleo importado, en particular de Venezuela, mientras que producía solo una parte de sus necesidades. Los suministros venezolanos disminuyeron tras el ataque estadounidense a ese país el 3 de enero de 2026, los suministros mexicanos se vieron sometidos a presión estadounidense y Cuba carecía de divisas para comprar suficiente combustible en otros lugares. El envejecimiento de las centrales térmicas, el retraso en el mantenimiento, los huracanes, la inflación y la pérdida de ingresos por turismo agravaron el daño.
La escasez de combustible afectó todos los aspectos de la vida social. Las fallas técnicas en la frágil red eléctrica provocaron repetidamente apagones en toda la isla. Los cortes de electricidad paralizaron las bombas de agua, mientras que los refrigeradores se averiaron, echando a perder los escasos alimentos y medicinas. Las familias se vieron obligadas a cocinar, estudiar y dormir bajo un calor extremo sin un suministro eléctrico fiable.
El transporte también quedó paralizado. Circulaban menos autobuses públicos, las gasolineras cerraron o racionaron sus suministros, y los trabajadores tuvieron dificultades para llegar a sus puestos de trabajo. Cuando no hay diésel disponible, las cosechas se dificultan y los alimentos no pueden transportarse desde los productores rurales hasta los consumidores urbanos. La recogida de basura y el saneamiento se deterioran. Las ambulancias, los hospitales y las clínicas deben racionar el combustible para los generadores, al tiempo que aumenta la escasez de medicamentos y suministros básicos. Los vuelos se cancelaron o desviaron porque los aeropuertos cubanos no podían garantizar el combustible para la aviación, lo que perjudicó aún más al turismo, una de las principales fuentes de divisas del país.
La carga es desigual. Los hogares con dólares a veces pueden obtener alimentos, transporte, baterías o equipos solares; los trabajadores y pensionistas que dependen de pesos tienen muchas menos opciones. Las mujeres asumen gran parte del trabajo adicional no remunerado de conseguir alimentos y agua y cuidar a sus familiares. Las comunidades rurales, las personas con discapacidad y los pacientes que requieren medicamentos refrigerados enfrentan riesgos particulares. Las principales víctimas de la política estadounidense son todos los cubanos.
Una salida basada en la paz, la soberanía y la reconstrucción
La solución debe comenzar con un acuerdo humanitario inmediato en materia de energía. Cuba necesita suministros predecibles, no cargamentos ocasionales que dependan de permisos políticos. Las Naciones Unidas, junto con los gobiernos latinoamericanos y caribeños dispuestos a colaborar, deberían establecer un corredor de combustible supervisado. Los envíos podrían destinarse a la generación de energía, hospitales, agua y saneamiento, producción de alimentos, transporte público y preparación ante desastres.
Una exención carece de sentido si los bancos no procesan los pagos, las aseguradoras no cubren los buques y las navieras temen represalias. Los gobiernos participantes deberían ofrecer garantías de pago, seguros y protección jurídica a los proveedores humanitarios. Estados Unidos debería emitir licencias generales y permanentes en lugar de exenciones caso por caso.
En segundo lugar, la ayuda de emergencia debe abrir la puerta a una desescalada negociada. Washington y La Habana deben iniciar conversaciones estructuradas, con el apoyo, cuando sea necesario, de CARICOM, CELAC, México y otros intermediarios de confianza. El principio fundamental debe ser la reciprocidad sin coerción. Estados Unidos debe suspender las medidas que penalizan el comercio con terceros países y establecer un calendario verificable para el levantamiento de las sanciones. La negociación no puede implicar exigir un cambio de régimen a cambio de que la población pueda satisfacer sus necesidades básicas. Tampoco deben las necesidades humanitarias quedar supeditadas a cada disputa sin resolver entre ambos gobiernos.
En tercer lugar, Cuba ya ha comenzado a diversificar sus proveedores y su sistema energético. Los contratos con varios productores, las compras conjuntas con socios caribeños y las reservas regionales de almacenamiento podrían reducir los costos y amortiguar las interrupciones repentinas. La cooperación técnica podría ayudar a estabilizar los equipos de generación antiguos mientras se construye nueva capacidad. A mediano plazo, la solución más duradera reside en la energía renovable y descentralizada. Cuba cuenta con abundante luz solar y un potencial significativo para la energía solar, la biomasa y la generación eólica estratégicamente ubicada. Los sistemas solares en los tejados de clínicas, escuelas, granjas y edificios de apartamentos, junto con baterías, reducirían la demanda de la red eléctrica nacional. Las microrredes comunitarias podrían mantener en funcionamiento las bombas de agua, la refrigeración y las comunicaciones cuando una planta principal falle. El bagazo de la industria azucarera y los residuos agrícolas pueden contribuir a la generación si los proyectos se gestionan de forma sostenible. Las energías renovables no deben convertirse en un eslogan que ignore las limitaciones materiales: los proyectos necesitan financiación, repuestos, técnicos capacitados, baterías y sistemas de reciclaje.
Para los países del Sur Global, la difícil situación de Cuba no es una disputa bilateral lejana. Las sanciones secundarias y las amenazas arancelarias establecen el peligroso principio de que un Estado poderoso puede dictar los socios comerciales legítimos de cualquier otra nación. Defender el derecho de Cuba a comprar energía es, por lo tanto, parte de defender un orden internacional democrático. El Sur Global debe oponerse a la coerción extraterritorial, apoyar el suministro humanitario y la cooperación en energías renovables, y colaborar con otros Estados para proteger el comercio legítimo de las sanciones unilaterales.
El pueblo cubano ha sobrevivido a seis décadas de presión gracias a la organización social, la solidaridad internacional y una resistencia admirable. Sin embargo, no debemos idealizar esta resistencia. Ningún pueblo debería verse obligado a vivir indefinidamente sin electricidad, transporte, alimentos ni medicinas para demostrar su compromiso con la soberanía. La salida justa no es ni la capitulación ni el aislamiento. Es el levantamiento del castigo colectivo y la cooperación internacional basada en la igualdad. Ese camino puede devolver la luz al país, preservando al mismo tiempo el derecho de Cuba a determinar su propio futuro.
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