Chile: desobediencia civil

Hervi Lara B., Alai

Durante la semana del 14 de octubre de 2019, estudiantes secundarios chilenos protestaron pon el alza del pasaje del metro (US$ 0,04), al mismo tiempo de hacer un llamado a evadir masivamente su pago. La respuesta de las autoridades fue la represión. Pero la protesta se mantuvo sumándose otras manifestaciones cada vez más masivas y que fueron adquiriendo carácter transversal, expresando múltiples demandas sistemáticamente desoídas por el gobierno. Por la noche del 17 de octubre, familias enteras ocuparon las calles denunciando la violencia policial y protestando no sólo por el alza del metro, sino por un modelo económico generador de enormes desigualdades al haber enriquecido a unos pocos a costa del empobrecimiento de la mayoría. Chile se rebeló contra el neoliberalismo y el gobierno del millonario Presidente de la República respondió declarando que “Chile está en guerra”, sin reconocer que su propio pueblo reclamaba por el sistema de pensiones (AFP), la destrucción de la educación pública y del sistema de salud, la corrupción institucional, el robo del agua, las “zonas de sacrificio”, la privatización del mar, la desnacionalización de los recursos naturales, los abusos del sistema financiero, los bajos salarios, la sobreexplotación de los trabajadores, el sistema de transportes, etc…, desembocando así en estallido social.

El gobierno, mostrando debilidad e incapacidad política, declaró Estado de Emergencia con la consiguiente ocupación militar de las calles, toque de queda, helicópteros policiales sobrevolando las ciudades, detenciones arbitrarias, abusos sexuales y violaciones, asesinatos, secuestros, desapariciones temporales y todo tipo de abusos de poder. Es la experiencia ya conocida de las intervenciones militares que incrementan los niveles de violencia, aumentando la tensión existente y retraumatizando a quienes antes habían vivido los horrores y crímenes de la dictadura militar a partir de 1973. Sin temor a la represión, el 25 de octubre se realizó una marcha autoconvocada por la ciudadanía, a la que concurrieron más de tres millones de personas a lo largo del país.

Ha habido una muestra de ingobernabilidad y de ausencia de partidos políticos, haciéndose patente la crisis de la democracia representativa. La dictadura había transformado todas las dimensiones de la vida sobre la base de la Constitución de 1980. Los partidos políticos se orientaron hacia sus intereses electorales y la ciudadanía se había desligado de la política, expresándose a través del consumismo y/o en la suma de intereses individuales. La democracia, en la tradición chilena, había sido concebida para desarrollarse en una sociedad “cerrada”. La globalización, en cambio, ha estado centrada en los mercados transnacionales, desentendiéndose de la economía interna, de la cultura, de la política y de las organizaciones sociales. Por tanto, la institucionalidad impuesta por la dictadura y aceptada y profundizada por los gobiernos post dictatoriales no ha resuelto los problemas del pueblo, sino que a la ciudadanía se le ha introyectado que ser es tener consumo de bienes y vivir en forma individualista.

El golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973 fue la primera victoria concreta de la Escuela de Chicago para que el capital financiero recuperara las ganancias logradas con el desarrollismo y el keynesianismo anteriores. Las políticas de los “Chicago Boys” también se impusieron en otros países bajo la coartada de una amplia gama de crisis. Chile fue la génesis de la contrarrevolución basada en el terror, bajo la inspiración de Milton Friedman y su “tratamiento de choque”, para quien “la economía es una fuerza de la naturaleza a la que hay que respetar y obedecer”. Es así como el poder militar y el terror político llevarían a Chile a convertirse en una “sociedad de propietarios”, a lo que incluso “The Economist” denominó “orgía de automutilación”.

Los generales estaban convencidos de que podrían retener el poder si lograban que los chilenos vivieran aterrorizados para que así se cumpliera la fórmula de “Capitalismo y libertad”: privatización, desregulación y recorte del gasto social. Ello permitió que una élite se enriqueciera en breve plazo al financiarse con deuda y subsidios públicos, acudiendo después a dinero público para pagar la deuda. Ello no habría sido posible sin la confluencia entre el Estado policial y las grandes empresas en su “guerra total” contra los trabajadores, lo que dio paso al “milagro” económico chileno que, al concentrar la riqueza al máximo, dio paso a un consumismo frenético en base al endeudamiento de las mayorías, a fábricas improductivas, a una infraestructura en desintegración, a la mitad de la población excluida de la economía, a una corrupción y nepotismo descontrolados, a la aniquilación de las empresas públicas, al traspaso de la riqueza del sector público al privado y de una deuda privada al sector público.

Las transformaciones de los gobiernos post dictatoriales superaron los enclaves autoritarios, pero no implementaron una Constitución legitimada por la voluntad popular. Los acuerdos secretos entre los dirigentes de los partidos políticos opositores a Pinochet, los grandes empresarios y las Fuerzas Armadas (bajo la tutela de USA), convirtieron a la experiencia de la dictadura en un sustrato cultural de la sociedad, al negar la memoria histórica y naturalizar el paso de antiguos proyectos colectivos a una sociedad atomizada, en la que la política pasó a ser una expresión más del mercado. Sin mediaciones políticas, se terminaron las organizaciones y proyectos hacia fines comunes, lo que condujo a un desencanto de la democracia.

De esta manera, el Estado dejó de buscar el bien común, sino que se convirtió en subsidiario de servicios públicos de mala calidad, como la educación, la salud, las pensiones, la vivienda, las obras públicas, el transporte. Si alguien requiere acceso a servicios de calidad, debe pagarlos con sus propios recursos, convirtiendo a los ciudadanos en consumidores de servicios privados.

El paso siguiente han sido los millonarios escándalos de grandes empresas, de políticos, de las Fuerzas Armadas, de Carabineros y del propio Presidente de la República, Sebastián Piñera y de varios de sus cercanos.

Todo esto ha colmado la paciencia de la ciudadanía y también de los que excluidos del sistema que se han “visibilizado” a través de saqueos de lugares simbólicos del abuso, ataques delictuales a bienes públicos y desmanes desatados, lo que ha tenido como secuela la violencia estatal indiscriminada, ocultada y negada para garantizar la impunidad de los agentes de seguridad estatal. Uno de los lemas sintomáticos ha sido: “el pueblo despertó”. Y lo ha graficado un campesino al afirmar “tenemos que seguir en la lucha”, al ver cómo antes de las protestas un río seco ayer, fluye hoy a caudales después que una gran empresa liberase el agua injustamente arrebatada a quienes subsisten de la agricultura. Es una muestra del “milagro” económico que tiene a Chile como uno de los diez países más desiguales del mundo. Chile es miembro de la OCDE al ser protegido por las grandes potencias que lo tienen como modelo a costa de los bajos salarios de los trabajadores y la desprotección social. Como consecuencia, cada familia chilena tiene un promedio de deuda en créditos de consumo del 75% del ingreso familiar.

El “reventón social” más extendido, violento y significativo de la historia del país, al cuestionar la legitimidad y la representatividad del modelo neoliberal, ha dejado decenas de muertos, miles de heridos y de detenidos arbitrariamente, innumerables violaciones y abusos sexuales. Ello ha exigido la reconstrucción de la política y la refundación de las relaciones sociales. Esto, sobre la indispensable Asamblea Constituyente para una nueva Constitución democrática, la que debe considerar el término de todos los poderes fácticos; el fin de la apropiación privada de los bienes públicos; asumir la memoria histórica; recomponer el sistema de partidos políticos; educación púbica con formación ética y ciudadana; asegurar el pluralismo de los medios de comunicación; regulación de redes sociales; generación de espacios de encuentros entre los mundos social y político; establecer códigos de conducta democrática en todos los ámbitos; recuperar el sentido de pertenencia y de responsabilidad ante el país; debatir y asumir temas emergentes como los territorios, medioambiente, género, intersubjetividad, étnicos, migración. Si estos no tuvieren canalización o resolución, se agudizarían las desigualdades.

El plazo histórico para avanzar es breve, porque la élite actualmente en el poder tenderá a aprobar legislaciones populistas para bajar las tensiones y asegurar la estabilidad en el poder, resguardando así los capitales propios y transnacionales. Esto exige superar la debilidad teórica y política del pueblo, que tiene el legítimo derecho a protestar y a ser respetado por el Estado, lo que debe ser garantizado por la Jurisdicción Internacional, la Corte Penal Internacional y el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Es lo que afirma el juez español Baltasar Garzón (quien ordenó la detención de Pinochet en Londres (16-10-98). En carta a Sebastián Piñera le señala que “la comunidad internacional está atenta y vigilante, y no permitirá que en Chile se vuelvan a repetir los horrores del pasado”.