Andy Robinson, La Vanguardia
Rodrigo Tacla Durán, exabogado de la constructora brasileña Odebrecht, admite que al amparo de esta compañía creció una amplia red de sobornos y financiación ilegal de partidos políticos, que iba “desde Patagonia hasta Sierra Madre”, es decir, desde Argentina hasta México. A cambio de licitaciones de obras públicas, el gigante brasileño repartía generosas comisiones ilegales.
Destapado por el Departamento de Justicia en Washington hace nueve años, la famosa investigación judicial brasileña lava jato -lavacoches–, es el escándalo de corrupción más grande de la historia de la región.
Ha derribado, como bolos en una bolera, a jefes de gobierno, poderosos empresarios, ministros y altos funcionarios en una decena de países. También se ha cobrado la vida del ex presidente peruano Alan García que se suicidó hace dos semanas tras ser acusado de dar trato favorable en concurso de obras públicas a Odebrecht, a cambio de financiación para sus campañas electorales, la acusación más típica de la enorme trama latinoamericana de Odebrecht.
Odebrecht ha tumbado hasta a un jefe de Estado, el caso de Pedro Pablo Kuczynski, el presidente conservador de Perú que se vio forzado a dimitir dos semanas antes de la cumbre hemisférica en Lima hace justo un año, un calendario nada oportuno ya que la cumbre fue organizada por la administración Trump con el fin de demostrar que la corrupción es una plaga de la izquierda bolivariana.
La financiación de partidos que es ilegal en América Latina no lo es en EEUU
Lo cierto es que el escándalo Odebrecht no tiene señas ideológicas. Ha golpeado a partidos de la izquierda en Brasil, Venezuela y Ecuador, y a partidos de la derecha en México, Colombia y Brasil también.
Sin embargo, pese a ser elogiado como la punta de lanza de la lucha contra la corrupción en América Latina, el caso Odebrecht –con sus polémicos métodos jurídicos importados desde EEUU– ha levantado una fuerte polémica en la región.
Para algunos, se ha criminalizado en exceso un sistema ilícito de financiación política que, en Estados Unidos habría sido legal porque el Tribunal Supremo avala las aportaciones privadas y sin límites a un candidato.
“El caso de Alan García parece similar al del expresidente brasileño Lula da Silva. Se trata de dinero para campañas políticas; no hay nada personal contra él excepto un dinero que cobró por una conferencia en la Federación Industrial de São Paulo (Fiesp)”, asegura Marcelo Mitterhof, economista de BNDES, el Banco Público de Desarrollo cuyos exdirectivos, tras repetidas acusaciones de estar involucrados en el caso Odebrecht, han salido absueltos.
Es más, como ha denunciado Tacla Durán, los métodos de la investigación y, concretamente, el uso muy extendido de la colaboración premiada –penas reducidas y hasta incentivos económicos para los delatores– son cuestionables en muchos casos.
Hay amplias pruebas –miles de documentos con listas de políticos sobornables entregados por los directivos de Odebrecht– de que la empresa había efectivamente institucionalizado la corrupción en diversos países. Pero, en muchos casos, como el de Lula o el del exvicepresidente ecuatoriano Jorge Glas, no hay pruebas salvo estas denuncias compradas a los colaboradores con la justicia. Muchos de ellos son allegados del expresidente de la constructora, Marcelo Odebrecht.
Odebrecht había institucionalizado la corrupción en una docena de países
Se multiplican las acusaciones contra el juez Sergio Moro, gran cabeza de la operación lava jato, cuya credibilidad como el azote de los políticos corruptos perdió brillo este año cuando aceptó el cargo de ministro de Justicia de Brasil en el gobierno del ultraderechista Jair Bolsonaro. “Hay un grave conflicto de intereses para estos fiscales y jueces”, dijo Tacla Durán en dos entrevistas mantenidas en Madrid donde ha buscado refugio de los fiscales de lava jato. Opina que los métodos jurídicos carecen de todo rigor y asegura que “cada delator de Odebrecht cobró 15 millones de reales (3,4 millones de euros al cambio) por firmar el acuerdo de colaboración premiado y pactaron sus testimonios”.
Interpol respalda estas graves acusaciones lanzadas contra Sergio Moro, que se negó a admitir a Tacla Durán como un testigo en el juicio de Lula. Esta agencia de policía internacional se negó a seguir una orden judicial de busca y captura contra Tacla Durán al considerar irregulares los métodos del juez brasileño.
Todo empezó en Brasil hace cinco años cuando los fiscales del caso lava jato centraron su investigación anticorrupción en Odebrecht tras descubrir una trama corrupta en la petrolera semi estatal Petrobras. Ya era una práctica habitual pedir dinero a la constructora para garantizar el apoyo de los partidos políticos brasileños a cambio de obras lucrativas como refinerías. Con la ayuda del testimonio explosivo de Marcelo Odebrecht y otros directivos que habían firmado un acuerdo de colaboración premiada, Moro y sus fiscales empezaron a detener a cientos de políticos brasileños, principalmente del Partido de los Trabajadores (PT), acusados de cobrar sobornos, normalmente para financiar a sus partidos aunque en algunos casos como el del exministro Antonio Palocci, el principal acusador de Lula –en otro acuerdo de colaboración–, para su propio enriquecimiento. “Hay un abuso total de esta colaboración premiada sin otras pruebas; se ha reducido la pena de más colaboradores de los que se han inculpado”, explicó Thiago Bottino, experto en derecho de la Fundación Getúlio Vargas en Río de Janeiro, un crítico a la investigación brasileña. “Basar una investigación en tantas colaboraciones premiadas es contraproducente; se acabará hundiendo por falta de pruebas”, agrega.
Hay indicios de que los jueces utilizan el caso Odebrecht para hacer política
Con un objetivo de sacudir el sistema político clientelar en Brasil y concretamente el entonces poderoso PT, los jueces de lava jato centraban su investigación en frenar los pies al expresidente Lula. “Solo les interesaba ir a por Lula y muchos de los acuerdos de colaboración protegían a los delatores de Odebrecht de ser juzgados en otros países”, aseguró Bottino. Pero si los directivos de Odebrecht estaban blindados, los políticos cayeron como moscas en la telaraña dentro y fuera de Brasil.
Primero alcanzó a gran parte de la clase política brasileña, entre ellos el expresidente Michel Temer, el gobernador del estado de Río que recibió sobornos por las obras olímpicas realizadas por Odebrecht y otras constructoras y el candidato presidencial Aécio Neves. Luego cruzó la frontera para inculpar a toda América Latina.
En Perú tres expresidentes ya están bajo investigación por pedir dinero a Odebrecht a cambio de contratos. En México, el expresidente de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Agustín Lozoya, estrecho aliado del entonces presidente Enrique Peña Nieto, fue acusado de haber pedido 10 millones de dólares a Odebrecht para una campaña electoral del Partido Revolucionario Institucional (PRI) a cambio de acceder contratos en la construcción de refinerías. Según un nuevo libro de Raúl Olmos, la investigación contra Odebrecht alcanza no sólo a Peña Nieto sino a Felipe Calderón, otro expresidente.
En Ecuador, el exvicepresidente Glas y otros funcionarios del expresidente Rafael Correa, permanecen en la cárcel por su presunta involucración en el escándalo. Correa, por su parte, acusado en el mismo caso, vive en Bélgica a salvo de los jueces.
El proceso es el más importante habido en América Latina contra la corrupción
La exfiscal venezolana Luisa Ortega, ahora exiliada en Bogotá, acusa a Nicolás Maduro y sus colaboradores de haber recibido sobornos de Odebrecht. Al otro lado del espectro político, Mauricio Macri, el presidente liberal de Argentina se ha visto también involucrado. Igual que Álvaro Uribe, el neoconservador expresidente colombiano. En Colombia, el fiscal general calcula que Odebrecht pagó sobornos por 35 millones de dólares a funcionarios y políticos a cambio de trato preferencial en adjudicaciones de obra pública. La lista se extiende a Ricardo Martinelli, expresidente de Panamá.
En medio de una moralización justiciera que crece en muchos países latinoamericanos, el caso Odebrecht ha echado gasolina al fuego de indignación contra la clase política. Puede ser una reacción necesaria contra la corrupción endémica en la región desde hace siglos que pasa una enorme factura social y económica. Pero hay indicios preocupantes de que los mismos jueces quieren ser políticos al igual que Moro. Los fiscales de lava jato –liderados por el evangélico Deltan Dallagnol– han usado el dinero recaudado mediante los acuerdos de colaboración y las multas para formar una fundación anticorrupción que muchos creen que será su plataforma política.
Hasta se ha hecho una película de Netflix sobre la investigación jurídica sobre la red de sobornos, principalmente la trama brasileña titulada El mecanismo. Es una intriga turbia que, aun así, no logra igualar por suspense y drama lo que ha venido saliendo en los periódicos sobre maletas llenas de billetes o diamantes y listas de políticos comprados a los que se identifica con motes como nervosinho (el exalcalde de Río Eduardo Paes) o amigo (Lula). Pero El mecanismo tiene un problema, dice Tacla Durán; presenta el caso Odebrecht como un caso de políticos malos contra jueces buenos. “No hace falta que vea la serie; lo he visto por dentro; lo sé todo y esos jueces no son héroes”.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario