El presidente de Brasil Michel Temer fue obligado a retirar una orden ejecutiva que había emitido en la que llamaba al ejército a las calles y les otorgaba el poder de arresto por el período de una semana.
La medida fue supuestamente tomada para parar una protesta en la capital de Brasilia el miércoles que había sido convocada por los sindicatos y los movimientos sociales para oponerse a las “reformas” de pensiones y laborales que atacan derechos sociales básicos y exigen exigir la destitución de Temer y el reemplazo por medio del llamado a elecciones directas.
Llamar al ejército, sin embargo, tenía el aire de ser un acto de desesperación por la parte de un presidente que confronta múltiples acusaciones de corrupción y es visto como ilegítimo por la mayoría de la población brasileña.
Las más recientes encuestas de opinión indican que Temer —el ex vicepresidente que fue instalado en el palacio presidencial por medio de la destitución de su predecesor, la presidenta del Partido de los Trabajadores (PT) Dilma Rousseff en agosto de 2016 por acusaciones fabricadas de irregularidades presupuestarias— es opuesto por el 95 por ciento de la población, con un 85 por ciento aprobando la inmediata convocación a nuevas elecciones.
La manifestación del miércoles en Brasilia trajo a decenas de miles de manifestantes hacia las calles de la aislada e interna capital. La protesta fue en gran parte pacífica hasta que un grupo de miembros enmascarados del llamado bloque negro (black bloc), un grupo frecuentemente infiltrado por agentes provocadores, atacaron a la policía y vandalizaron edificios de ministerios llegando a incendiar el de agricultura.
La policía respondió con una fuerza desproporcionada y abrumadora contra toda la manifestación, desatando masivas cantidades de gas lacrimógeno, disparando granadas aturdidoras y balas de caucho, enviando policías montadas con porras hacia los grupos y, en un punto, disparando munición real a los manifestantes.
Unas 50 personas fueron heridas en la represión. Entre los casos más serios se encontraba un vendedor ambulante que ni siquiera era parte de la protesta pero le cayó una bala en la cara.
La orden que convocaba al ejército para proteger la capital vino cuando la manifestación ya se había en gran parte dispersado. La confusión y el aparente pánico con que fue tomada la decisión plantearon preocupaciones sobre que Temer estaba recurriendo al uso del ejército en un intento de sostener a su gobierno plagado por crisis y reprimir a la oposición de masas.
El llevar las tropas a las calles bajo las presentes condiciones de crisis extrema tiene implicaciones políticas históricas en Brasil, un país que fue gobernado por más de dos décadas por una dictadura militar después del golpe de 1964, que fue apoyado por EEUU.
La promulgación del decreto bajo el estatuto brasileño de “garantizar ley y orden” hizo que se desplegaran tropas alrededor de los ministerios del gobierno y en otras partes de la capital. Soldados del ejército ya habían estado estacionados por un tiempo afuera de Planalto, el palacio presidencial nacional.
Bajo los términos de la ley, el ejército debe ser convocado solamente por períodos limitados cuando las fuerzas policíacas sean incapaces de lidiar con una supuesta amenaza al orden social y las instituciones gubernamentales.
Ni el gobernador del distrito federal de Brasilia ni, aparentemente, el propio comando del ejército creían que esta era la situación el miércoles.
El gobernador de Brasilia Rodrigo Rollemberg afirmó que no se le fue consultado, como requiere la ley, antes de que las tropas sean convocadas, denunciando así la decisión como una “medida extrema” no justificada por la situación en la capital.
El general Eduardo da Costa Villas Bôas, comandante del ejército brasileño, realizó una declaración el miércoles después de la promulgación de la orden, asegurando a la población que el ejército actuaría de acuerdo con la Constitución. “Nuestra democracia no está en peligro”, declaró. Que tal garantía parezca algo necesario remarca la profundidad de la crisis política actual.
Villas Bôas expresó de forma clara su desacuerdo con la premisa del decreto, afirmando a los medios que “yo creo que la policía debe tener aún la habilidad para mantener el orden”. Declaró que el ejército debe mantenerse en alerta “a menos de que algo se salga de control”.
El comandante del ejército reconoció que la atmósfera tanto en el palacio presidencial como en el mismo comando del ejército era de “shock” y “gran inseguridad” luego de que salieran a la luz revelaciones que implicaban a Temer en la corrupción y obstrucción de justicia.
La suprema corte de Brasil la semana pasada autorizó la apertura de una investigación criminal contra Temer luego de que fuera grabado por el CEO del conglomerado gigante de empaques de productos cárnicos JBS, Joesley Batista, vociferando su aprobación a pagos para comprar el silencio de Eduardo Cunha, el ex jefe de la cámara baja del congreso. Temer también fue grabado cuando Batista le dijo que él y su compañía le pagaban a fiscales y jueces para detener las investigaciones hacia su compañía. La cinta fue entregada a fiscales como parte de un acuerdo conciliatorio.
Si bien Temer de manera repetida ha declarado que no renunciará y que tendrá que ser botado de la presidencia, se informa que sus aliados políticos más cercanos en el congreso lo están abandonando y pidiendo su renuncia.
“Los partidos políticos aliados al gobierno de Michel Temer han llegado a la conclusión de que el presidente ha perdido su habilidad para permanecer en el cargo”, informó el jueves el influyente diario Folha de S.P. El periódico reportó que el derechista PSDB (Partido de la Social Democracia Brasileño) está liderando la campaña contra Temer y ha comunicado su actitud al presidente brasileño. El propio líder y candidato presidencial del PSDB, que quedó en un segundo lugar cercano a Rousseff en las elecciones presidenciales del 2014, ha sido despojado de su lugar en el senado y ordenado a que entregue su pasaporte a medida que los fiscales preparan su encarcelamiento por cargos de corrupción.
De acuerdo a Folha, los partidos burgueses que habían apoyado a Temer durante la salida de Rousseff ahora están inclinándose a que el Tribunal Superior Electoral (TSE) Federal de Brasil emita un acuerdo a comienzos del próximo mes para que invalide la elección en el 2014 de Rousseff y Temer, quién fue su compañero de carrera como vicepresidente, sobre la base de que la campaña fue financiada ilegalmente.
Semejante decisión conduciría a elecciones indirectas por el congreso, cuyos miembros tienen la mayor preocupación de salvar sus pellejos ya que docenas de congresistas y un tercio completo del senado están bajo investigación en conexión con el escándalo de corrupción multimillonario centrado en los sobornos y pagos de favores emergentes de las licitaciones con el gigantesco conglomerado energético estatal Petrobras.
La convocatoria de elecciones directas requeriría que el congreso apruebe una enmienda constitucional, lo cual se ve actualmente como improbable. Folha reportó que el Partido de los Trabajadores, que está demandando públicamente elecciones directas, promoviendo al ex presidente Lula da Silva —también en juicio por cargos de corrupción— como su posible candidato, está tras bastidores negociando con otros partidos burgueses un candidato para reemplazar a Temer por medio de un voto en el congreso.
El principal diario financiero del país Valor publicó el jueves una entrevista con el reconocido economista Yoshiaki Nakano, rector de la Escuela de Economía de Sao Paulo en la Fundación Getulio Vargas, en la que argumentaba que la renuncia de Temer era “el escenario más favorable para la economía”.
La preocupación del gran capital brasileño es que el escándalo de corrupción ha dañado la habilidad de Temer de hacer aprobar los masivos ataques a los derechos básicos y estándares de vida de los trabajadores brasileños inscritos, por vez primera, en las llamadas reformas de pensión y trabajo que están ahora estancadas en el congreso.
Fue para implementar semejantes medidas, que expanden los ataques ya comenzados bajo los gobiernos del PT de Lula y Rousseff, que Temer fue llevado hacia el poder. El objetivo es colocar el peso entero de la peor crisis económica en un siglo en las espaldas de la clase trabajadora brasileña.
Sin embargo, el gobierno del país y todos los partidos burgueses, incluyendo el PT, se han vuelto tan desacreditados que imponer tal agenda se vuelve cada vez más difícil, con la excepción de que se retorne a métodos dictatoriales de gobierno.
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