Los dos grandes ejes de la política económica en la Legislatura presidida por el PP han constituido dos grandes errores. Por un lado, la realización de una política fiscal basada en la austeridad, aplicando fuertes medidas de contracción del gasto público, muy señaladamente en el gasto social, lo que produjo, en el contexto de la crisis iniciada en 2008, una segunda recesión de la economía española. Y por otro, la aplicación de una estrategia de devaluación salarial, mediante la desregulación general del mercado de trabajo que, pese a que se defendió como una vía para recuperar la competitividad, el crecimiento y la reducción del desequilibrio exterior, no ha alcanzado ninguno de estos objetivos, mientras sí ha ocasionado la que era su pretensión real y última: una depresión salarial que permitiera transferir rentas del trabajo hacia excedentes empresariales para apoyar el proceso de desendeudamiento de las empresas. Ambos ejes llevan en su esencia el aumento de las desigualdades, como así ha sido: España es uno de los veintiocho países de la UE en que más han crecido la desigualdad y la pobreza.
La recuperación de la estabilidad de la financiación de la deuda pública española en los mercados no se consiguió en absoluto por estas medidas, sino, sobre todo, por la actuación directa del BCE, y en parte por la recapitalización del sistema financiero, obligada por las pérdidas acumuladas en sus balances como resultado del estallido de la burbuja inmobiliaria y de la temeraria política crediticia que siguió (en su conjunto, no solo las cajas de ahorro) en los años previos a la crisis. La costosísima recapitalización de las entidades financieras se ha realizado con cargo a los contribuyentes, que tendremos que pagar durante varias generaciones deuda pública y los correspondientes intereses a beneficio de las entidades financieras privadas, sin que, por cierto, el Gobierno haya establecido un compromiso pleno de devolución a la Hacienda Pública de esas ayudas.
La recuperación económica del último año y medio, contrariamente a lo que señala la propaganda oficial, ha venido de la mano de varios factores externos.
Primero, la aceptación de objetivos más relajados de reducción del déficit público por parte de la Comisión Europea y los gobiernos del Eurogrupo, lo que ha coincidido con el final de la legislatura y el periodo preelectoral, permitiendo incluso al Gobierno español que acometiera una electoralista reducción de los impuestos a pesar del incumplimiento de los objetivos de déficit.
Segundo, la acentuación de una política monetaria claramente expansiva.
Tercero, la depreciación del euro y la pronunciada caída de los precios del petróleo, que han permitido que el sector exterior de la economía española dejase de aminorar el crecimiento de la demanda interna y apoyase de este modo la recuperación.
No se conoce, por lo tanto, ninguna medida significativa de política económica adoptada autónomamente por el Gobierno a la que pueda atribuírsele la superación de la recesión económica.
La crisis, en consecuencia, no ha sido superada. Persisten importantes desequilibrios (el más importante, un paro desorbitado, pero también un elevado endeudamiento privado y público), y las debilidades de la economía española continúan sin resolverse. La austeridad, los recortes sociales y la devaluación de los salarios siguen siendo las equivocadas orientaciones de la política económica europea y española.
Por una política económica común de la izquierda
Afrontamos en este momento el final de un periodo político y el inicio de un nuevo ciclo. Las fuerzas políticas han presentado sus propuestas también económicas ante los ciudadanos. Sin embargo, a nuestro juicio, esos planteamientos no están siempre (intencionadamente o no) suficientemente claros, completos y estructurados como para que se comprenda cual es la estrategia que se plantea para la economía española en los próximos años. Por otro lado, está en la naturaleza y en la razón de ser de EFC intervenir en el debate político poniendo el pensamiento económico al servicio de los ciudadanos y contribuir a sentar las bases de “una política económica común de la izquierda” que es, a nuestro juicio, la opción que requiere nuestro país para garantizar progreso, eficiencia y bienestar.
Economistas Frente a la Crisis apuesta por una ética social
El eje vertebrador de la creación de EFC, “La economía al servicio de los ciudadanos” introduce dos conceptos-síntesis básicos: Ciudadanía, de carácter colectivo, en el que la libertad y la igualdad social constituyen los elementos determinantes, y ciudadano, de carácter individual, como sujeto de derechos y obligaciones. EFC considera que la responsabilidad social, tanto como valor colectivo como individual, constituye un factor básico sobre el que no han puesto suficiente énfasis los grupos y partidos progresistas.
La defensa de lo público y el desarrollo del estado del bienestar no pueden contemplarse de forma exclusiva como un conjunto de derechos; debe incluir, inexcusablemente, el concepto de uso responsable de lo COMÚN, y la erradicación de la corrupción. La sanidad, la educación, la protección social pública, la calidad ambiental… son derechos que han de ser defendidos y ejercidos con orgullo y responsabilidad. Esto exige una profunda cultura de lo público, solo alcanzable con la puesta en marcha de una política proactiva que debe calar todos los ámbitos y cuya raíz se encuentra en la escuela laica.
La feroz batalla planteada por grupos conservadores y religiosos contra la implantación obligatoria de la asignatura “Educación para la ciudadanía” fue en realidad una batalla contra un modelo de sociedad democrática, responsable, igualitaria y laica. En la misma línea cabe considerar una visión de la cultura elitista y empobrecedora, desconectada de las necesidades de desarrollo global del país, y que se utiliza, en no pocas ocasiones, como instrumento interesado para desviar la atención de los verdaderos problemas del país.
Una propuesta progresista de país, en la actualidad muy desdibujada, basada en el desarrollo de la sociedad del bienestar, solo puede prosperar si está soportada no solo por consideraciones de carácter socioeconómico, sino que debe venir impregnada de civismo ético basado en la educación y la cultura de la ciudadanía y del ciudadano. EFC nació de un impulso ético y nuestros planteamientos continuarán decididamente en esa línea.
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