lunes, 14 de septiembre de 2015

El fracking destruye hasta en Estados Unidos


Iván Restrepo, La Jornada

La televisión privada y la pública de Europa exhiben estos días documentales en los cuales se tratan temas relacionados con México. En uno se muestra la tragedia que viven los pueblos de Estados Unidos donde las compañías petroleras utilizan la técnica del fracking para extraer hidrocarburos. Ella demanda, entre otras cosas, muchísima agua y diversos químicos. Dos estados del vecino país, Dakota del Norte y Montana, son visitados por los reporteros del documental para saber los efectos de tan perjudicial forma de obtener oro negro y gas. En ambas entidades miles de granjeros se dedican a las actividades agropecuarias y existe desde hace mucho tiempo una ganadería muy importante. Pero mientras las pocas familias beneficiadas al ceder sus tierras a las petroleras para extraer hidrocarburos presumen cómo se hicieron ricas, decenas de productores del campo muestran los daños que la nueva actividad les ocasiona en lo económico, la salud y el ambiente en general.

A diferencia de lo que argumentaron en defensa del fracking los legisladores de ese negocio político-económico que lucra con el nombre de Partido Verde: traerle beneficios de todo tipo para el país y no afectar el medio ambiente, en Dakota del Norte y Montana ocurre lo contrario: muere el ganado víctima de los residuos químicos que deja dicha técnica; el agua que llega a los hogares contiene niveles de cianuro por encima de la norma. El olor que desprenden los mecheros de gas encendidos continuamente enrarecen el aire a lo que se agrega el ruido procedente de la maquinaria utilizada para extraer hidrocarburo desde lo más profundo de la tierra. Además, las compañías arrojan los desechos tóxicos que deja el fracking a cielo abierto, en pleno campo, violando así normas legales que lo prohíben, pues dejan inermes los suelos y se filtran a los mantos freáticos de los que se abastecen de líquido los hogares y el sector agropecuario.

En el documental también se entrevista a las autoridades de las poblaciones donde se usa dicha técnica. El número de residentes aumenta notablemente creando así problemas sociales, de seguridad y servicios públicos. A cambio, las compañías ejecutan diversas obras para beneficio y esparcimiento de las comunidades. Pero los funcionarios se preguntan lo que pasará cuando se vayan las petroleras y dejen en sus pueblos contaminación y desajustes económicos y sociales ante la pérdida de las actividades tradicionales. Por su parte, los legisladores de ambos estados se niegan a ser entrevistados luego de las reuniones que las familias perjudicadas por el fracking han sostenido con ellos y las autoridades locales y estatales. Un legislador lo único que alcanza a balbucear es que Estados Unidos es el mejor lugar del mundo, y que los daños por el fracking son mínimos en comparación con los beneficios que proporciona. A la exhibición del documental citado en el canal del Poder Legislativo de Francia (que prohibió utilizar en su territorio dicha técnica), se agregó la discusión de tres expertos en el tema. Concluyen que debe erradicarse en el mundo por ser nociva para la población y el ambiente.

Recién el presidente Enrique Peña Nieto nombró secretaria de Relaciones Exteriores a Claudia Ruiz Massieu, antes de Turismo. Según los columnistas afines al gobierno, su designación se explica por ser la persona más conocida del gabinete en el exterior. Ella bien servirá ahora para que dicho documental se exhiba en el país y lo vean especialmente quienes en el Congreso y en el sector público y empresarial defienden el fracking. En la tarea de exhibirlo por doquier puede contar con la ayuda de Arturo Escobar, nuevo subsecretario de Prevención y Participación Ciudadana en la Secretaría de Gobernación. Destacado integrante del Partido Verde y defensor del fracking, se le conoce también como el diputado Vuitton, porque en 2009 lo detuvieron en el aeropuerto de Tuxtla Gutiérrez con una maleta de esa carísima marca donde llevaba más de un millón de pesos. Hoy como funcionario tiene la obligación de defender los intereses ciudadanos y no los de las trasnacionales petroleras y sus socios locales.

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