En su etapa más reciente, el borrador del Acuerdo sobre el Comercio de Servicios (TISA, por sus siglas en inglés) que negocian en secreto cincuenta gobiernos, entre ellos el de México, y que pretende regular de manera supranacional servicios de salud, agua, financieros, telecomunicaciones, transparencia y transporte, entre otros, plantea que los países firmantes den a los proveedores de servicios financieros extranjeros el mismo trato que a los nacionales. El instrumento, por añadidura, pasaría por encima de regulaciones establecidas por diversas naciones por razones culturales, sociales, ambientales (como para enfrentar el cambio climático) o de desarrollo y establecería, en caso de que llegue a firmarse, la facultad de “tribunales ‘comerciales’ privados” de decidir la forma en que los países regulan actividades que son fundamentales para el bienestar social”.
Lo anterior se desprende de los borradores secretos de la negociación del TISA proporcionados a La Jornada por WikiLeaks, así como del análisis de los documentos realizado por esa organización fundada por Julian Assange. Se trata de los anexos relativos a servicios financieros, regulación nacional, transparencia y telecomunicaciones, entre otros, y que fuero entregados a este diario, en exclusiva para México, y a otros cinco medios de Europa y América.
“Servicios turísticos, de salud y medio ambiente, así como finanzas, telecomunicaciones y transporte, forman parte crucial de la vida cotidiana (y) los gobiernos las regulan con varios objetivos; sin embargo, el TISA los trata como transacciones comerciales entre un proveedor y un consumidor, dentro de un mercado que debería estar sujeto a una regulación suave y basada en el mercado”, señala el documento de Wikileaks. El TISA, agrega, “va contra las regulaciones que restringen el tamaño y la forma de los mercados locales de servicios (acceso al mercado), y aquellas que discriminan a las empresas extranjeras (trato nacional)”.
El convenio en negociación incluye, en su rubro de “transparencia”, una cláusula por la cual los gobiernos firmantes se comprometerían a informar acerca de regulaciones antes de que éstas entren en vigor, a fin de que los consorcios extranjeros puedan tener conocimiento de ellas y, señala WikiLeaks, con el propósito de “dar a los intereses comerciales la oportunidad de cabildear a favor o en contra de las propuestas”.
En abril y junio del año pasado La Jornada informó de versiones previas del borrador del acuerdo, que también le fueron proporcionadas por WikiLeaks. Se señalaba entonces que alertaba ya entonces que la negociación, impulsada inicialmente a principios de 2013 por Estados Unidos y Australia, era respuesta a “los repetidos fracasos en el seno de la Organización Mundial de Comercio (OMC) por lanzar una nueva fase de liberalización del comercio internacional, conocida como Ronda Doha”. En los tratos participan, además de los ya señalados, Canadá, Chile, Taiwán, Colombia, Costa Rica, Hong Kong, Islandia, Israel, Japón, Liechtenstein, México, Noriega, Nueva Zelanda, Pakistán, Panamá, Paraguay, Perú, Corea del Sur, Suiza, Turquía y la Unión Europea, que representa los intereses de 28 naciones. Significativamente, ningún gobierno integrante del grupo BRICS –Brasil, India, China, Rusia y Sudáfrica– toma parte en las negociaciones.
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