Una nueva filtración de WikiLeaks muestra que las negociaciones han mantenido, e incluso endurecido en algunos aspectos, la línea denunciada el año pasado aquí y aquí. Uno de los documentos filtrados recoge la obligación de los estados de informar al resto de países -y por tanto a sus empresas- antes de aprobar normativas que puedan afectar a sus intereses comerciales. Y, mientras algunos de los estados negociadores piden acotar esta imposición, EEUU, Canadá y otros tantos exigen que se mantenga ante prácticamente cualquier escenario.
Esto afectaría incluso a las medidas adoptadas de urgencia por los respectivos gobiernos, ya que incumplirían la cláusula que obliga a dar una “oportunidad razonable” al resto de estados firmantes para hacer comentarios en base a sus intereses o los de sus empresas. El TiSA impone que las partes tengan “tiempo suficiente” para comentar, sin acotar ningún periodo temporal concreto, y establece que los estados “deben considerar” sus aportaciones.
Y, si EEUU logra imponer su posición, la obligación de dar cuentas al resto de estados se aplicaría a las regulaciones “a cualquier nivel de gobierno”, por lo que según los expertos de WikiLeaks esto obligaría hasta al más pequeño de los ayuntamientos a informar sobre las normativas que planee aprobar por su posible impacto en los intereses económicos y financieros de los inversores extranjeros.
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