martes, 14 de mayo de 2013

La crisis en Europa como tapadera para consolidar el neoliberalismo


Este documento de trabajo e infográfico presenta una panorámica de la ‘liquidación’ de servicios y bienes públicos en toda Europa, un proceso que está generando grandes ganancias para un puñado de transnacionales pero que suele toparse con la resistencia de la ciudadanía. Con el pretexto de la crisis del euro en la Unión Europea se avanza hacia el dominio corporativo de la sociedad, a través de la privatización de los servicios públicos y la liberalización de los mercados financieros. Este análisis de Joseph Zacune presenta una panorámica general de lo que podría definirse como ‘una gran liquidación a precio de saldo’ de servicios y activos públicos en toda Europa. Sumada a las medidas de liberalización y austeridad, está demostrando ser una catástrofe para los ciudadanos y las ciudadanas. A la vez, las empresas privadas se están haciendo con bienes públicos en crisis a precios bajos y a los bancos se les ha rescatado a expensas de la ciudadanía.
Joseph Zacune, Transnational Institute
“La defensa de la austeridad siempre ha pretendido utilizar la crisis, no resolverla. Y sigue siendo así”
Paul Krugman, premio Nobel de Economía en 2008.
La Unión Europea está atravesando su mayor crisis económica desde que fue creada, hace 20 años. El crecimiento económico se está derrumbando: la economía de la eurozona se contrajo un 0,6% en el cuarto trimestre de 2012 y todo indica que el frenazo se seguirá acentuando.

La crisis del euro se atribuyó erróneamente al gasto público y la consiguiente imposición de recortes y aumento de los préstamos se ha traducido en la creciente deuda de los países y la subida del desempleo. Como era de prever, la deuda pública de los países en crisis se ha disparado: las ratios de deuda sobre el PIB más elevadas en el tercer trimestre de 2012 se registraron en Grecia (153%), Italia (127%), Portugal (120%) e Irlanda (117%).

Los Estados miembros de la Unión han respondido aplicando estrictos programas de austeridad, realizando duros recortes en servicios públicos básicos y prestaciones sociales. Estas medidas son una copia de las controvertidas políticas de ajuste estructural que se impusieron a los ‘países en desarrollo’ durante las décadas de 1980 y 1990, y que llevaron al desprestigio del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial. Al igual que sucedió en el Sur, las políticas de austeridad en Europa se están ensañando sobre todo con los sectores más pobres, mientras que los europeos más ricos –entre los que se encontraría la élite de la banca que provocó la crisis financiera – han salido indemnes o incluso han incrementado sus fortunas.

Tras los efectos inmorales y negativos de recortes innecesarios, se halla un intento mucho más sistemático de la Comisión Europea y del Banco Central Europeo (respaldados por el FMI) de intensificar la liberalización de la economía europea y la privatización de activos públicos. La triste paradoja es que una crisis económica que muchos proclamaron como ‘la muerte del neoliberalismo’ se está utilizando, más bien, para consolidarlo. Esto se hace especialmente evidente en los países en crisis de la Unión, como Grecia y Portugal, pero es aplicable a todos los países de la UE e incluso está integrado en las últimas medidas adoptadas por la Comisión Europea y el Banco Central Europeo (BCE).

Sin embargo, también se están viviendo victorias alentadoras en la batalla para salvaguardar y mejorar los servicios públicos europeos y debemos tenerlas presentes como fuente de inspiración. En Europa incluso está ganando terreno una contratendencia a favor de la remunicipalización, ya que cada vez se hacen más patentes los costes y las desventajas de privatizar servicios públicos, en particular el agua.

A medida que crece la conciencia pública de que la Comisión Europea, lejos de resolver la crisis, la está aprovechando para afianzar las mismas políticas neoliberales que ya demostraron su fracaso en el pasado, estos contramovimientos y crecientes resistencias populares están luchando por una Europa que no esté dominada por las grandes corporaciones.

La crisis del euro, que se ha convertido en una profunda y prolongada recesión en toda la UE, tiene sus raíces en la doctrina económica ‘neoliberal’ que se ha planificado y aplicado durante las últimas tres décadas. El ‘neoliberalismo’ promueve el dominio corporativo de la sociedad a través de la privatización del sector público y la liberalización de los mercados financieros. Esta doctrina, por lo general, caracteriza los derechos de los trabajadores y las trabajadoras, los impuestos, la protección del medio ambiente y el bienestar social como obstáculos que interfieren en las ganancias económicas a corto plazo.

La doctrina del Shock


Las élites empresariales y políticas, en lugar de aprender de la crisis, la están usando como pretexto para profundizar el neoliberalismo y eliminar los obstáculos que dificultan una mayor dominación corporativa, como los derechos de los trabajadores y gran parte del Estado de bienestar.

Justo antes de que tuviera lugar la cumbre de jefes de Estado de la Unión Europea de marzo de 2013 en Bruselas, Corporate Europe Observatory puso al descubierto cómo BusinessEurope –uno de los grupos de lobby empresarial más poderoso en Europa– está trabajando mano a mano con la Comisión Europea para imponer reformas neoliberales. La Comisión, entre otras cosas, está haciéndose eco de las demandas de ‘flexibilidad salarial’ de BusinessEurope para mantener bajos los costes laborales e incrementar sus ganancias. La Comisión Europea está priorizando las políticas que benefician principalmente a las empresas transnacionales en lugar de apoyar a las pequeñas empresas, los derechos de los trabajadores y las trabajadoras, y los servicios públicos básicos.

La gobernanza económica neoliberal se consagró ya en el Tratado de Lisboa, presentado para su ratificación en 2005, y la crisis del euro se están utilizando como una oportunidad para introducir nuevos instrumentos legislativos, como el llamado ‘six-pack’, el Semestre Europeo y el Pacto Presupuestario. Esta imposición de políticas impulsadas desde Bruselas aleja la toma de decisiones de los votantes e incrementa el control de burócratas que no han sido elegidos.

Una de las principales disciplinas que la Troika exige a los países en crisis es la privatización de servicios y bienes del sector público como condición para acceder a los préstamos.

Los activos que están en el punto de mira de las privatizaciones abarcan numerosos ámbitos, desde edificios estatales y bancos nacionales a servicios públicos de agua, energía, transporte, salud y correos, pasando por infraestructuras para el transporte. La legalidad de las privatizaciones impuestas es cuestionable, ya que el artículo 345 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) exige a la Comisión que sea neutral en cuanto a la propiedad pública o privada de las empresas: “Los Tratados no prejuzgan en modo alguno el régimen de la propiedad en los Estados miembros”. Las privatizaciones que se impulsan en el marco de los programas de austeridad se justifican arguyendo que, con ellas, se generarán ingresos para devolver la deuda. Sin embargo, aunque las deudas se han incrementado desde que comenzó la crisis del euro, sobre todo en el sur de Europa, la deuda pública general de la eurozona y la UE se ha mantenido estable, en un porcentaje de alrededor del 90% y el 85% del PIB, respectivamente, a finales del tercer trimestre de 2012.

Un grupo de organizaciones de la sociedad civil europea ha exigido a la Comisión Europea que deje de imponer la privatización del agua sobre Grecia y Portugal. En una respuesta escrita el 26 de septiembre de 2012, la Comisión admitió que está promoviendo de forma deliberada la privatización del agua como una de las condiciones para ofrecer sus paquetes de ‘rescate’:
“Como usted sabe, la privatización de las empresas públicas contribuye a la reducción de la deuda pública, así como a la reducción de los subsidios, otras transferencias o garantías es¬tatales a compañías de propiedad estatal. También tiene el potencial de aumentar la eficiencia de las empresas y, por extensión, la competitividad de la economía en su conjunto, a la par que atrae inversión extranjera directa.”
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