El más reciente análisis de la Troika sobre la situación en Grecia, establece que el Gobierno de Atenas debe aplicar otras 150 reformas económicas durante los próximos dos años, como parte de los acuerdos para recibir un nuevo rescate financiero, a pesar de la profunda crisis que envuelve al pueblo griego y el creciente rechazo popular a las medidas de austeridad.
Los auditores del tridente, conformado por la Comisión Europea (CE), el Banco Central Europeo (BCE) y el Fondo Monetario Internacional (FMI), precisan que Atenas obtendrá un plazo adicional de dos años para aplicar las reformas que le impusieron, pero esto le costará al país hasta 38 mil millones de euros.
La Troika sostiene que el país ha llevado a cabo sólo el 60 por ciento de las reformas exigidas, por lo que es necesario implementar el resto de los recortes. Entre las reformas propuestas por Europa destacan las relacionadas a la liberalización del mercado laboral, como por ejemplo la flexibilización del despido, la reducción del salario mínimo y la eliminación de los privilegios de ciertas profesiones.
La Troika sugiere que los acreedores de Grecia acepten abandonar una parte de lo que se les adeuda, lo que implicaría que serán los contribuyentes de otros países europeos quienes financiarán el rescate heleno. Este punto ya recibió el rechazo de Alemania, país que se niega a perder parte del dinero que prestaron a Atenas como medida extraordinaria de apoyo. También el BCE, que acumula unos 40 mil millones de euros en bonos griegos, indicó que no puede sumarse a esta iniciativa porque sus estatutos le prohíben financiar a Estados.
En relación a cómo llevar el control sobre las reformas griegas, la Troika propone mantener tramos de rescate en una cuenta congelada especial, cuya liberación solo se hará después de la introducción de las reformas. Asimismo, la sociedad europea plantea aprobar una nueva ley de control presupuestario más estricta que contemple subidas de impuestos automáticas, en caso de que no se apliquen los ajustes.
Atenas espera un tramo de ayuda de 31 mil 500 millones de euros, y el primer ministro, Antoni Samaras, he reiterado que de no obtener este crédito, el país puede ir a la quiebra antes de finales de noviembre.
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