Nahia Sanzo, Slavyangrad
Cuando faltan menos de dos meses para el undécimo aniversario de la masacre de Odessa, el incendio provocado que mató a 42 personas, atrapadas en la Casa de los Sindicatos en llamas y sitiadas por la turba nacionalista que les increpaba desde el Campo de Kulikovo, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha emitido la segunda sentencia que no está dirigida a culpar a las víctimas. Durante tres años, hasta septiembre de 2017, Ucrania luchó, a base de dilatar el proceso, retorcer las normas y simplemente de ejercer su poder, para condenar a un grupo de personas a las que acusaba de haber provocado los disturbios de aquella mañana que fueron el antecedente de la tragedia que se produciría la tarde de aquel 2 de mayo. Todos los acusados de aquel juicio en el que las garantías procesales brillaron por su ausencia fueron declaradas no culpables. Dos de los acusados, que habían pasado todo el tiempo transcurrido entre mayo de 2014 y septiembre de 2017 en prisión, fundamentalmente gracias a que las amenazas de la extrema derecha local que forzaron a los jueces a revocar la orden de arresto domiciliario, fueron detenidos nuevamente en la misma sala en la que habían sido declarados inocentes. Se les acusó entonces de minar la integridad territorial de Ucrania por actos en los que habían participado en la primavera de 2014. Sin ninguna posibilidad de obtener justicia, ambos fueron intercambiados, Mefedov a Rusia, país del que era originario, y Dolzhenkov a Donetsk, entregado como prisionero de una guerra que no había conocido. En junio de 2024, Mefedov consiguió la primera condena contra Ucrania en el caso de Odessa, en esa ocasión por detención ilegal.
La sentencia publicada la semana pasada responde a la demanda “relativa a los choques violentos entre partidarios y detractores de Maidan y el fuego en la Casa de los Sindicatos de Odessa el 2 de mayo de 2014, que dio lugar a fuertes bajas”. Las siete demandas se refieren a un total de “28 personas. 25 de las personas demandantes perdieron a sus familiares, ya fuera en los enfrentamientos o a consecuencia del incendio, y tres de los demandantes sobrevivieron al fuego con diversas lesiones”. “Entre los familiares de los demandantes que perdieron la vida ese día, había partidarios y opositores del Maidan y, posiblemente, simples transeúntes. Respetando la elección de los demandantes, que a menudo preferían no mencionar sus opiniones políticas o las de sus familiares, el Tribunal sólo indicó las opiniones políticas de las personas afectadas cuando ello era esencial para establecer y comprender los hechos o cuando, en cualquier caso, los propios demandantes habían hecho pública esa información”, indica el documento publicado por el Tribunal para presentar la sentencia.
Esas pinceladas muestran el marco en el que se ha juzgado la actuación de Ucrania. El Tribunal en ningún momento aspira a determinar qué ocurrió aquel día en Odessa, cuáles fueron los actores culpables de los disparos en el centro de la ciudad, que costaron la vida, por ejemplo, al líder del Praviy Sektor local, o quién bloqueó los accesos a la Casa de los Sindicatos, encerrando a decenas de personas en un edificio al que estaban siendo lanzados cócteles Molotov. Evitando, en parte debido a que la demanda incluía a personas de ambos bandos, la cuestión política, la sentencia no aspira a resolver qué ocurrió en Odessa aquel 2 de mayo y, sobre todo, por qué ocurrió. Es más, en los escasos momentos en los que se apunta a las causas de la creación de las condiciones en las que todas las tensiones políticas explotaran de forma violenta, la sentencia se escuda en el chivo expiatorio más sencillo, la propaganda rusa. Aun así, la sentencia se ha visto por parte de las víctimas y sus familiares como una victoria y ha causado un fuerte rechazo en los sectores nacionalistas, que desde aquel 2 de mayo, se enorgullecen de lo que allí ocurrió y han saboteado durante años cualquier intento de homenaje a las víctimas incorrectas de aquel día.
La indignación nacionalista con el fallo es representativa fundamentalmente porque no hay forma racional de ignorar la sentencia alegando prejuicios prorrusos del Tribunal. Para ello solo hay que observar cómo el preámbulo enmarca los hechos de Odessa en el desarrollo político de meses anteriores en Ucrania. “Las protestas del Maidán culminaron el 22 de febrero de 2014, cuando el presidente Yanukovich se marchó a la Federación Rusa y fue destituido por el Parlamento ucraniano por no cumplir con sus deberes constitucionales”, afirma al describir el derrocamiento del presidente electo en las urnas y destituido en una sesión de la Rada en la que, ni siquiera con la presión de las fuerzas de choque de Maidan, se obtuvieron los votos necesarios para considerar válida la moción de censura. Por el contrario, a la hora de describir lo ocurrido en Crimea semanas después, el texto escribe que “a punta de pistola, el Consejo Supremo destituyó al Gobierno de Crimea, nombró a un nuevo «Primer Ministro» y decidió celebrar un «referéndum» sobre el futuro estatuto de Crimea. Ese «referéndum» tuvo lugar el 16 de marzo de 2014 y, según los resultados publicados, hubo un apoyo abrumador a la integración de Crimea en la Federación Rusa. El 18 de marzo de 2014, Crimea pretendió unirse a Rusia sobre esa base. El 27 de marzo de 2014, la Asamblea General de las Naciones Unidas subrayó la invalidez del mencionado «referéndum»”. El referéndum es puesto en duda, mientras que Yanukovich simplemente “se marchó”.
“A finales de abril de 2014, los aficionados de los clubes de fútbol Chornomorets de Odesa y Metalist de Kharkiv anunciaron una concentración Por una Ucrania unida para el 2 de mayo de 2014 antes del partido de esa tarde. Los participantes en la concentración debían caminar desde la plaza Soborna hasta el estadio, situado a 2,5 km al este del punto de partida (mientras que el campamento de tiendas de campaña de los activistas contrarios a Maidan estaba a unos 3 km al sur). Poco después, empezaron a aparecer en las redes sociales mensajes contra Maidan en los que se describía el acto como una marcha nazi y se pedía a la población que lo impidiera. Los datos de inteligencia obtenidos por el Servicio de Seguridad mostraron indicios de una posible incitación a la violencia, los enfrentamientos y los desórdenes. La unidad de ciberdelincuencia del Ministerio del Interior también detectó mensajes en las redes sociales que evocaban disturbios masivos”, escribe el Tribunal para describir la situación de tensión en la ciudad en un marco de “enfrentamientos” y siempre sin recordar que la manifestación y la llegada a la ciudad de miles de ultras del Metalist de Járkov formaban parte del mismo plan, acabar con el campamento del Campo de Kulikovo. Allí llevaba un tiempo establecido un campamento en el que diversos grupos, algunos de ellos nacionalistas rusos, otros comunistas, miembros del Partido de la Regiones o anarquistas recogían firmas para un referéndum de federalización del país, suficiente argumento como para que la sentencia se limite a aglutinar a todos esos diferentes colectivos bajo una única etiqueta, prorrusos, término utilizado desde 2014 por Ucrania para demonizar y deslegitimar cualquier opción no nacionalista.
“En cuanto la marcha empezó a dirigirse hacia el estadio, los activistas contrarios a Maidan se acercaron y atacaron a los manifestantes, algunos disparándoles, sin que la policía interviniera. Ambos bandos utilizaron artefactos pirotécnicos y pistolas de aire comprimido, y lanzaron piedras, granadas aturdidoras y cócteles Molotov”, continúa el relato para admitir que “manifestantes a favor de la unidad acabaron imponiéndose en los enfrentamientos y cargaron contra el campamento prorruso del Campo de Kulikovo. Los manifestantes contrarios a Maidan se refugiaron en la Casa de los Sindicatos, un edificio de cinco plantas situado frente a la plaza”. No hay mención a la desproporción de fuerza entre atacantes y atacados ni, por supuesto, sugerencia alguna de que el acto estaba completamente planificado y destruir el campamento de Kulikovo era el principal objetivo del nacionalismo radical y del Gobierno nacido de Maidan.
“Los activistas de Maidan empezaron a prender fuego a las tiendas. Un grupo de manifestantes prorrusos en el tejado del edificio de los sindicatos lanzó cócteles molotov contra la multitud que se encontraba debajo”, añade el Tribunal poniendo al mismo nivel a quienes atacaban y quienes se defendían con las únicas herramientas de las que disponían desde un edificio que ya estaba sitiado. “A las 19.45 horas se declaró un incendio en el edificio de los sindicatos”, afirma el texto sin precisar que fueron los cócteles Molotov lanzados desde el exterior los que hicieron arder la Casa de los Sindicatos, cuyas salidas estaban bloqueadas. “Los extintores del edificio no funcionaban. La policía llamó a los bomberos, pero fue en vano. Algunas de las personas que se encontraban en el edificio, entre ellas el señor Dmitriyev, intentaron escapar saltando desde las ventanas superiores. Él sobrevivió a la caída y fue trasladado a una ambulancia. Varias personas murieron al caer, entre ellas el hijo de la señora Radzykhovska y el hijo de la señora Nikitenko. Las imágenes de vídeo muestran a manifestantes a favor de la unidad fabricando escaleras y plataformas improvisadas desde un escenario en la plaza y utilizándolas para rescatar a las personas atrapadas en el edificio. Otros vídeos Otras imágenes de vídeo muestran a manifestantes a favor de la unidad atacando a personas que habían saltado o se habían caído”, añade sin precisar que esos intentos de rescatar a las personas atrapadas en el edificio en llamas se produjeron en la fase final, tras horas de asedio, cuando la tragedia era un hecho consumado y mucho después de esas imágenes de personas heridas que habían salido del edificio siendo apaleadas ante la mirada de la multitud nacionalista.
A la hora de valorar la actuación de las autoridades ucranianas, objeto de la demanda, el Tribunal tiene en cuenta la situación política y mediática del momento apegado siempre a la versión ucraniana de los hechos. “El Tribunal consideró que la desinformación y la propaganda de Rusia habían tenido su parte de culpa en los trágicos acontecimientos. Los enfrentamientos habían comenzado con el ataque de un grupo de activistas anti-Maidan a la marcha prounidad con el pretexto de que estos últimos habían estado planeando destruir el campamento de tiendas «Kulykove Pole», a pesar de que no se habían desviado de su ruta prevista hasta que fueron atacados. Esa injustificada oleada de violencia había estado precedida por la continua difusión de mensajes agresivos y emocionales de desinformación y propaganda sobre el nuevo Gobierno ucraniano y los partidarios del Maidán, difundidos por las autoridades y los medios de comunicación rusos”, escribe el fallo dando por buena la alegación ucraniana de que era necesaria la propaganda rusa para percibir la evidente polarización y tensión política que se vivía en Odessa y también la irrisoria excusa de que fueron los disturbios de aquella mañana los que causaron la voluntad de la extrema derecha de destruir el campamento que llevaban días anunciando que pretendían destruir.
Pese a una postura marcadamente proucraniana en el análisis de los hechos, de las posturas políticas y las circunstancias que hicieron posible el estallido de violencia ante unas autoridades que permanecieron impasibles, el fallo afirma que “el Tribunal ha considerado que, tan pronto como las autoridades tuvieron conocimiento de la información de inteligencia y de las publicaciones en las redes sociales, deberían haber reforzado la seguridad en las zonas pertinentes y haber adoptado las medidas de seguridad adecuadas para detectar y erradicar cualquier provocación lo antes posible y con el mínimo riesgo para la vida. Sin embargo, no se había hecho nada. Por el contrario, el Gobierno admitió que las autoridades policiales ignoraron la información disponible y las señales de advertencia pertinentes y se prepararon para un partido de fútbol ordinario. No se hizo ningún esfuerzo por enviar refuerzos policiales.
Tampoco hubo ningún intento significativo de prevenir los enfrentamientos. El Tribunal observó que los fiscales locales, las fuerzas del orden y los oficiales militares se habían reunido con el Fiscal General Adjunto el 2 de mayo de 2014 para discutir los desafíos existentes para el orden público en la región y, al parecer, no habían estado localizables durante gran parte o todo el tiempo. El Tribunal consideró que la actitud y pasividad de dichos funcionarios inexplicable”. La dejación de funciones de las autoridades ha tardado once años en ser admitida por un tribunal, pese a que fue evidente desde el mismo 2 de mayo, cuando las imágenes eran difundidas en tiempo real.
“El Tribunal ha considerado que la negligencia imputable a los funcionarios y autoridades del Estado iba más allá de un error de juicio o un descuido”, afirma el fallo para posteriormente añadir que “el Tribunal ha concluido que las autoridades competentes no hicieron todo lo razonablemente posible para prevenir la violencia, para detenerla tras su estallido y para garantizar medidas oportunas de rescate de las personas atrapadas en el incendio del Edificio Sindical. Por tanto, se habían producido violaciones del aspecto sustantivo del artículo 2 del Convenio”.
Ucrania era responsable además de la investigación posterior a los hechos y también ahí su actitud es deficiente para el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. “El Tribunal ha considerado que las autoridades investigadoras no se esforzaron lo suficiente por asegurar, recopilar y evaluar adecuadamente todas las pruebas. Por ejemplo, en lugar de establecer un perímetro policial para proteger las zonas afectadas del centro de la ciudad, lo primero que hicieron las autoridades locales después de los hechos fue enviar servicios de limpieza y mantenimiento a las zonas afectadas. La primera inspección sobre el terreno se llevó a cabo casi dos semanas más tarde y no se produjo ningún resultado significativo. Asimismo, el Edificio Sindical había permanecido libremente accesible al público durante 17 días después de los hechos. También se observaron graves omisiones en la obtención y el tratamiento de las pruebas forenses. Algunas pruebas esenciales nunca habían sido examinadas, y algunos informes de examen sólo se habían emitido recientemente o seguían pendientes ocho años después de los hechos”, escribe el Tribunal, que en ningún momento plantea la posibilidad de que esas negligencias fueran en realidad intención de ocultar las pruebas del homicidio de 42 personas.
En un alarde de ingenuidad o de ignorancia, obviando que gran parte de la sociedad ucraniana no se interesó por las víctimas sino por defender a los culpables, el fallo afirma que “en cuanto a la implicación de las víctimas o de sus familiares y al escrutinio público, el Tribunal subrayó que, debido a la gravedad de los hechos, el derecho a la verdad no correspondía únicamente a las víctimas y a sus familiares, sino también al público en general, que tenía derecho a saber lo que había sucedido”.
Pese a mostrar la dejación de funciones de las autoridades y calificar de no independiente la escasa investigación realizada, “el Tribunal señaló que la acusación de falta de imparcialidad en la investigación carecía de fundamento. Las autoridades no habían sido más diligentes en la investigación de las muertes de activistas pro-Maidán que en la de las muertes de activistas anti-Maidán. Asimismo, las extensas críticas del Tribunal a las investigaciones sobre los sucesos del 2 de mayo de 2014 eran válidas para todos los demandantes, independientemente de sus opiniones políticas o de las de sus familiares fallecidos”. El argumento roza el insulto teniendo en cuenta que, como ha relatado durante once años el académico ucraniano-canadiense Ivan Katchanovski, también en el caso de Maidan Ucrania tiene cosas que esconder.
El final de la sentencia aporta una nueva condena a Ucrania, en este caso por el retraso con el que se entregó el cuerpo de su padre, fallecido en la Casa de los Sindicatos y que ya había sido reconocido, a una de las demandantes. Tampoco en ese caso el Tribunal se plantea siquiera el humillante trato sufrido por las personas supervivientes, algunas de ellas detenidas inmediatamente, o las familiares de quienes habían fallecido en el incendio.
“El Tribunal de Justicia declara que Ucrania debe pagar a los demandantes diversas cantidades en concepto de daños morales y en concepto de costas y gastos, tal como se establece en la sentencia”, concluye el fallo, que introduce unas compensaciones irrisorias y que llega demasiado tarde. A pesar los términos en los que se produce y las claras omisiones de la sentencia, esta condena a Ucrania es la única victoria moral a la que pueden aspirar quienes sobrevivieron y las familias de quienes perdieron la vida en la Casa de los Sindicatos de Odessa en 2 de mayo de 2014.
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Ver también:
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Strategic Culture. 4/05/2024 - EEUU construyó un laboratorio biológico en Ucrania para 'patógenos altamente peligrosos'
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