Es un hecho incontrovertible que la mayoría de los mexicanos siente una gran lejanía frente a su gobierno y la mayoría de las instituciones del Estado. Son muchos años los que han pasado para forjar esta percepción del pueblo de México. Las injusticias, la impunidad y la corrupción, aunados a un persistente mal manejo de la economía mexicana han profundizado la desconfianza. Y el recelo no sólo se manifiesta frente a la esfera de la administración pública. El desgano ha terminado por invadir la vida cívica.
Hoy el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pretende construir una ofensiva muralla entre su país y el nuestro. La sociedad mexicana ha reaccionado de muchas maneras. Se han hecho llamados a la unidad nacional para mostrar al nuevo ocupante de la Casa Blanca el repudio generalizado a su absurda iniciativa. Pero la verdad de las cosas es que el primer muro que habría que echar por tierra es el que separa a los mexicanos de un gobierno que sólo representa los intereses de una minoría.
Uno de los mejores ejemplos de esta forma de actuar del gobierno está plasmado en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. En su momento, el gobierno en turno presentó al TLCAN como una herramienta que permitiría transitar a la estabilidad y a la prosperidad económica. Pero la realidad no tardó en desmentir esa fantasía y mostrar que el modelo económico que entronizaba dicho tratado no garantizaba ni el desarrollo económico ni la estabilidad. El primer llamado de atención vino con la crisis de diciembre de 1994, un estallido que se quiso presentar como una simple debacle cambiaria, pero que en realidad mostraba al mundo entero la bancarrota del modelo neoliberal que el TLCAN buscó consolidar. La crisis de diciembre 1994 fue resultado de una debacle macroeconómica que llevaba años gestándose y cuyos efectos todavía padecemos hoy.
