Hace sólo unos días recibí una llamada de Pablo Iglesias preguntándome si estaría dispuesto a estar en su propuesta de lista de miembros del Consejo Ciudadano de Podemos, cuya elección tendrá lugar esta semana. Le dije que podía contar conmigo tan pronto me lo pidió. Y las razones de mi aceptación son fáciles de entender para aquellos que conocen mi trabajo y mi biografía. Desde hace años he documentado las causas y las consecuencias del enorme subdesarrollo social de España, que se traduce en ser uno de los países de la Unión Europea de los Quince (UE-15, el grupo de países de semejante nivel de desarrollo al de España) con uno de los gastos públicos sociales por habitante más bajos de esta comunidad, subfinanciación que incluso ha descendido todavía más durante los años de la Gran Recesión. Los datos hablan por sí solos. Los servicios públicos del Estado del Bienestar (la sanidad, la educación, las escuelas de infancia –mal llamadas guarderías en España-, los servicios domiciliarios a las personas dependientes, los servicios sociales, la vivienda social, la formación profesional, la prevención de la pobreza y de la exclusión social, los servicios de integración de la población inmigrante, y muchos otros), así como las transferencias públicas (como las pensiones y ayudas a las familias), están muy poco financiados.
Esta situación no se debe a que España sea pobre. No lo es. Ya antes de la crisis su PIB era el 94% del promedio del PIB per cápita de la UE-15. Y, sin embargo, su gasto público social por habitante (el gasto en los servicios y en las transferencias públicas del Estado del Bienestar) era solo el 74% del promedio del gasto público social por habitante de la UE-15. España, por su nivel de desarrollo económico, debería gastarse al menos unos 66.000 millones más de lo que se gasta en su pobre Estado del Bienestar. España tiene este dinero. Lo que pasa es que el Estado (sea central, autonómico o local) no lo recoge. Y la causa de que no lo recoja se debe primordialmente al excesivo poder político y mediático de los que derivan sus rentas de la propiedad del capital y de sus gestores, que ejercen su influencia a través de los partidos conservadores y liberales, y también hoy, por desgracia, a través del Partido Socialista, cuya dirección y aparato se han ido integrando en la estructura de poder político-mediático y en los establishments financieros y económicos del país. La evidencia de que ello es así es abrumadora (ver mi libro El subdesarrollo social de España. Causas y consecuencias, Anagrama, 2006). Y esta influencia política y mediática es lo que explica las nefastas reformas laborales que han provocado el gran deterioro del mercado laboral con una elevada tasa de desempleo, de precariedad y de bajos salarios.
