Es un hecho incontrovertible que la mayoría de los mexicanos siente una gran lejanía frente a su gobierno y la mayoría de las instituciones del Estado. Son muchos años los que han pasado para forjar esta percepción del pueblo de México. Las injusticias, la impunidad y la corrupción, aunados a un persistente mal manejo de la economía mexicana han profundizado la desconfianza. Y el recelo no sólo se manifiesta frente a la esfera de la administración pública. El desgano ha terminado por invadir la vida cívica.
Hoy el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pretende construir una ofensiva muralla entre su país y el nuestro. La sociedad mexicana ha reaccionado de muchas maneras. Se han hecho llamados a la unidad nacional para mostrar al nuevo ocupante de la Casa Blanca el repudio generalizado a su absurda iniciativa. Pero la verdad de las cosas es que el primer muro que habría que echar por tierra es el que separa a los mexicanos de un gobierno que sólo representa los intereses de una minoría.
Uno de los mejores ejemplos de esta forma de actuar del gobierno está plasmado en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. En su momento, el gobierno en turno presentó al TLCAN como una herramienta que permitiría transitar a la estabilidad y a la prosperidad económica. Pero la realidad no tardó en desmentir esa fantasía y mostrar que el modelo económico que entronizaba dicho tratado no garantizaba ni el desarrollo económico ni la estabilidad. El primer llamado de atención vino con la crisis de diciembre de 1994, un estallido que se quiso presentar como una simple debacle cambiaria, pero que en realidad mostraba al mundo entero la bancarrota del modelo neoliberal que el TLCAN buscó consolidar. La crisis de diciembre 1994 fue resultado de una debacle macroeconómica que llevaba años gestándose y cuyos efectos todavía padecemos hoy.
A muchos les podría parecer exagerado decir que el TLCAN se negoció a espaldas del pueblo mexicano. Pero si uno examina el capítulo del sector agropecuario, en especial todo lo que concierne a la producción del sector maicero mexicano, los hechos son elocuentes. Bajo la presión social que reclamaba ser cuidadosos frente a la vulnerabilidad del sector maicero, el TLCAN introdujo un sistema de protección a los pequeños productores para permitirles ajustarse frente a la competencia de las importaciones de maíz producido con una fuerte dosis de subsidios. Ese plazo de protección debía durar 14 años y contemplaba aplicar un sistema de arancel cuota que iría gradualmente eliminándose. Este sistema consistía en una cuota libre de arancel (fijada inicialmente en 3 millones de toneladas) que iría reduciéndose 3 por ciento cada año y un fuerte arancel a las importaciones por arriba de esta cuota. Se suponía que en 1994 el arancel para esas importaciones sería superior al 200 por ciento ad valorem y que para el año 2008 se habría reducido a cero. Insisto, la transición al libre comercio de maíz debía durar 14 años.
Pero el gobierno mexicano no cobró el arancel previsto y la fase de transición para el sector maicero se desdibujó desde el primer año de vida del TLCAN. Las autoridades argumentaron que hacer efectivo el arancel haría aumentar el precio de la tortilla y desencadenaría presiones inflacionarias. De hecho, el precio de la tortilla se disparó de todos modos. El monto de los impuestos que el gobierno mexicano no cobró superó 2 mil millones de dólares (de 1994) y los productores mexicanos quedaron al descubierto desde el primer año de vigencia del TLCAN. Durante los años siguientes el apoyo real al campo a través de programas como Procampo se desplomó, mientras que las inversiones en infraestructura para la irrigación nunca llegaron. El resultado final: a lo largo de la vigencia del TLCAN se han perdido alrededor de 2 millones de empleos en el campo. Y habría que contabilizar también el efecto negativo sobre la biodiversidad del maíz mexicano, ya que son esos pequeños productores los que año con año cuidan y desarrollan la variabilidad genética de este grano básico.
Hoy que Trump habla de renegociar el TLCAN habría que aprovechar para rediseñar no sólo el capítulo agropecuario, sino toda la política económica para ese sector. Este esfuerzo debiera estar articulado con una política de conservación de empleos productivos en el campo con el fin de combatir la pobreza de manera sustentable. Cabe señalar que hoy los esquemas para apuntalar el campo podrían aumentar sensiblemente y aun así México estaría cumpliendo con las condiciones estipuladas en el seno de la Organización Mundial de Comercio.
La negociación del capítulo agropecuario siempre estuvo marcada por la controversia. Pero lo que ilustra el ejemplo anterior es una obstinada cerrazón por parte del gobierno y de grupos allegados al poder que se niegan a cuidar el interés colectivo. Mientras no se derribe este muro que separa al pueblo mexicano de sus gobernantes, es algo ilusorio el llamado a la unidad nacional frente al agresivo temperamento del nuevo inquilino de la Casa Blanca.
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