El colapso e intervención de Ueno Bank ha desatado una histórica crisis financiera en Paraguay que provocó la renuncia del presidente del país Santiago Peña. La entidad fue intervenida y disuelta por el Banco Central del Paraguay (BCP) debido a una severa caída en su índice de solvencia (al 5,56%, cuando el mínimo legal es 12%) e irregularidades masivas en el otorgamiento de créditos de alto riesgo a empresas vinculadas con sus propios dueños.
La medida implicó la suspensión de todos sus servicios y el congelamiento de los depósitos, mientras las autoridades buscan determinar cómo devolver el dinero a los ahorristas. El proceso también alcanza a organismos públicos y fondos jubilatorios que tenían inversiones en el banco.
Cerca de 3 millones de usuarios (aproximadamente el 60% de la población adulta del país) quedaron con sus cuentas, aplicaciones, transferencias y tarjetas totalmente bloqueadas. Unos 32.000 jubilados que cobraban sus haberes a través de esta entidad por vía digital, quedaron bloqueados. Más de 15.000 conductores de aplicaciones de transporte no pueden cobrar sus ingresos cotidianos y miles de empleados del holding bajo total incertidumbre laboral. Una crisis brutal e incetidumbre completa para el pueblo paraguayo.
