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lunes, 9 de octubre de 2017

Los sindicatos británicos exigen recuperar la propiedad pública del sector energético

Viento Sur

El Congreso anual de la Unión de los sindicatos británicos (Trade Union Congress-TUC) votó una resolución importante sobre el cambio climático pidiendo que el sector energético vuelva a ser propiedad pública y esté sometido a un control democrático.

La resolución, votada por unanimidad, llama a la Confederación Nacional -que cuenta con 5,7 millones de miembros- a trabajar con el Partido Laborista para alcanzar este objetivo y aplicar un programa masivo para la conservación de la eficiencia energética. La resolución se pronuncia a favor de la creación de un grupo de presión cuya finalidad sea conseguir una estrategia de “transición justa” para las trabajadoras y trabajadores afectados e impulsar las investigaciones sobre los riesgos a largo plazo que suponen las inversiones en combustibles fósiles para los fondos de pensiones.

El manifiesto electoral de 2017 del Partido Laborista “For the Many, Not the Few” (A favor de la mayoría, no de unos pocos) destaca el fracaso de la privatización de la energía, la debilidad de la política energética, la necesidad de cumplir los compromisos del Reino Unido respecto al clima y de lograr que un 60 % de su energía alcance en 2030 el objetivo de cero carbono o que sea obtenida de fuentes renovables.

Esta declaración se comprometía también a que la energía vuelva a ser de propiedad pública para promover la energía renovable, a un precio asequible para los consumidores y bajo control democrático. El manifiesto llama a la creación de compañías de energía “públicas, responsables localmente y cooperativas para competir con los suministradores de energía privados existentes”.

viernes, 3 de enero de 2014

Austeridad, Servicios públicos y Salud Mental: la necesidad de un cambio de rumbo

Manuel Girón, Viento Sur

A finales de la década de los 90 comenzó una larga caída de la tasa de beneficio de las grandes empresas. Para tratar de compensar esta tendencia especularon con productos financieros, y en este último periodo con aquellos derivados de la especulación inmobiliaria. Con la quiebra de este mercado en 2007-2008, los empresarios dejaron de ver expectativas de beneficio y, como la búsqueda de beneficio es el combustible del sistema, dejaron de invertir y dejaron a la gente sin empleo. A los gobiernos se les dijo que tenían que cubrir los activos financieros ficticios que se habían creado para especular, y estos –a las órdenes de la Troika–, lo hicieron y lo siguen haciendo. Al hacerlo, produjeron un aumento enorme de los gastos del estado. La deuda generada para financiarlos es cada vez mayor, y el peso de los intereses que hay que pagar aumenta de forma exponencial. Esta deuda es la justificación (falsa) para recortar el gasto en servicios públicos, para retirar prestaciones, para instaurar copagos, y para privatizar servicios.

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