Jorge Elbaum, Página 12
El 2 de octubre de 2018, el columnista del Washington Post, Jamal Khashoggi, ingresó en el consulado de Arabia Saudita de Estambul. El periodista, que mantenía un posicionamiento crítico respecto a los bombardeos de Riad contra Yemen, debía actualizar su documentación para casarse semanas después con la ciudadana turca Hatice Centiz. Nunca salió de la delegación diplomática saudita. Después de torturarlo y asfixiarlo, lo descuartizaron. Su cuerpo, según conjeturas de la policía turca, fue disuelto en ácido. El homicidio fue ordenado por el príncipe heredero Mohamed bin Salman (conocido como MBS), quien, siete años después, logró reparar su imagen pública gracias a la inestimable colaboración de Donald Trump. Al fin y al cabo, no había muchas diferencias entre ambos. Uno, ordenó la disolución en ácido de un periodista; el otro bombardea, sin evidencia jurídica alguna, a tripulantes de barcazas o pesqueros en el Caribe.
En 2018, cuando MBS ordenó el asesinato, Trump transitaba su primera presidencia. En esa ocasión, el escándalo internacional supuso el primer enfrentamiento de Trump con la CIA, porque sus agentes habían probado –en colaboración con la Organización Nacional Turca de Inteligencia (MIT)– la responsabilidad del heredero, a partir de grabaciones en las que se escuchaba a la víctima rogar para que no lo asfixiaran. Para esa época Trump ya era un socio de MBS en emprendimientos inmobiliarios. Ante las filtraciones incontrastables, el heredero reconoció, en 2019, “su plena responsabilidad en el homicidio”. Su ejecución fue realizada por el Escuadrón Tigre, también conocido como Unidad 1103, que funciona como un escuadrón de la muerte dedicado a eliminar opositores de la realeza. Luego del crimen, para encubrir sus derivaciones, MBS montó la “estrategia de las moscas”, descripta en el documental El Disidente de Bryan Fogel, donde se detallan las operaciones en redes sociales destinadas a confundir a la opinión pública y culpabilizar a la víctima.
