La aplicación de políticas neoliberales, como las reformas laborales que tenían como objetivo, en teoría, aumentar la flexibilidad laboral (lo cual consiguieron a costa de un enorme crecimiento de la precariedad, de la inestabilidad laboral y de la desprotección social), y como los recortes del gasto y empleo públicos que han afectado especialmente a las transferencias y servicios públicos del ya muy poco financiado Estado del Bienestar español, incluyendo el catalán (a fin de reducir el déficit público con la intención, en teoría, de tranquilizar a los mercados financieros), por parte de los gobiernos liderados en España por el Sr. Zapatero primero y por el Sr. Rajoy después (con el apoyo de Ciudadanos), y de los gobiernos del Sr. Mas y del Sr. Puigdemont –y ahora del Sr. Torra– (en alianza con Unió Democràtica y más tarde con ERC) en Catalunya, ha tenido un impacto devastador en la calidad de vida y el bienestar de las clases populares de España, incluyendo Catalunya. Nunca antes en el periodo democrático se había visto tal deterioro. Desde el inicio de la Gran Recesión –causada por la aplicación de tales políticas– en 2007 hasta el año pasado, 2017, la tasa de desempleo pasó de un 8,2% a un 17,2% (un crecimiento del 110%). En número de personas, significó pasar de tener 1.846.000 parados a tener 3.917.000 (2.071.000 personas más). Durante el mismo periodo de tiempo 2007-2017, el porcentaje de personas en paro de larga duración pasó de ser un 1,7% (377.000 personas) a un 7,7% (1.724.000 personas). El porcentaje de trabajadores que ganaron solo una tercera parte del salario medio pasó de ser el 21% a un 27% (en el caso de personas solteras sin hijos), y del 13% a un 14% en el caso de parejas con un salario y dos hijos. Y el porcentaje de trabajadores que ganaban menos del salario mínimo subió de un 8,8% a un 12%. Hoy España (incluyendo Catalunya) tiene una de las tasas de riesgo de pobreza más altas en la UE (un 22%), que es incluso mayor en el caso de los niños (32%).
La tasa de ocupación (porcentaje de la población que trabaja) entre la gente joven es hoy solo del 18% (en Catalunya el 25%), una situación dramática y que augura un futuro nivel de vida para los jóvenes que estará por debajo del de sus padres. Pero no solo los jóvenes están en una situación muy preocupante. Otro grupo etario con grandes dificultades es el trabajador “maduro” (por encima de 55 años), que representan el 14% del total de parados, habiendo crecido su desempleo un 293% durante el periodo 2007-2017. Esta situación tan deteriorada en el mundo del trabajo explica también el gran crecimiento de las desigualdades, siendo España (incluyendo Catalunya) el país que tiene unas desigualdades más acentuadas en la UE-15.
El desmantelamiento del Estado del Bienestar
Como consecuencia de los recortes, el porcentaje del PIB gastado en la sanidad pública bajó durante el periodo 2009-2015 de un 5,8% a un 5,4% en Catalunya, y de un 6,8% a un 6,5% en España, porcentajes de gasto sanitario público más bajos que en el promedio de la Unión Europea de los Quince (UE-15), el grupo de países de la UE de mayor desarrollo económico, y mucho más bajos que en Suecia (donde subió durante el mismo periodo de un 7,3% a un 9,2%). Un tanto igual ocurrió con la educación, cuyo gasto bajó en Catalunya de un 4,21% a un 3,68% (durante el periodo 2009-2015), y en España de un 5,02% a un 4,16%, mucho más bajos que en la UE-15. Y así un largo y penoso descenso por cada uno de los capítulos del Estado del bienestar español, incluyendo el catalán.
Es importante destacar que las dimensiones más duras y antisociales de estas políticas neoliberales, tanto los recortes (como la ley de estabilidad presupuestaria de 2012 o el decreto de recortes del mismo año) como las reformas laborales y la amnistía fiscal, fueron aprobadas por los dos partidos gobernantes en España (el PP) y en Catalunya (CiU). CiU era una coalición de dos partidos: CDC, un partido liberal, y UDC, un partido cristianodemócrata. Más tarde CDC dejó de aliarse con UDC y pasó a gobernar con ERC, apoyado desde fuera del gobierno por la CUP. Tal partido (CDC, ahora PDeCAT) es un partido neoliberal que hasta hace unos días pertenecía a la misma familia política que Ciudadanos (otro partido político neoliberal), de la que fue expulsado por su historial de corrupción en su etapa pujolista. Este partido ha promocionado, como parte de su política neoliberal, la llamada declaración del Dia de l’Alliberament Fiscal, que expresa el deseo de establecer un límite en cuanto a la carga fiscal, distanciándose de garantizar los servicios básicos del Estado del Bienestar. Tal declaración es presentada en forma de moción de este partido en los ayuntamientos catalanes (inspirada por un movimiento semejante de la derecha en EEUU, conocido como Tax Freedom Day, que favorece la limitación de la carga fiscal junto con un cuestionamiento del compromiso estatal de garantizar el acceso a la sanidad y a la educación). En su día, Convergència fue responsable de los mayores recortes de gasto público sanitario conocidos en la UE-15 (promovidos por el conseller de Salud, Boi Ruiz, que había sido presidente de la patronal sanitaria privada antes de ser nombrado consejero, y que durante su mandato recomendó que la gente afectada por los recortes contratara un seguro sanitario privado).
Es también importante subrayar que tales partidos políticos neoliberales (PP, Ciudadanos y el PDeCAT) lideran los bloques nacionalistas –el españolista los dos primeros, y el catalanista, hoy independentista, el último (siendo partidos en polos opuestos en sus políticas nacionales)–. Todos ellos utilizan el nacionalismo para movilizar a sus bases a la vez que en los pasillos y despachos del poder –como en el Congreso de los Diputados– firman y apoyan las mismas políticas que han hecho un enorme daño a las clases populares a ambos lados del Ebro. Ni que decir tiene que detrás de su supuesto “amor a la patria y a la nación” hay un intento de ocultar el daño e impopularidad creada por la implementación forzosa (pues no estaban en sus programas electorales) de tales políticas neoliberales, las cuales han creado dicha enorme crisis social. Sin las movilizaciones de banderas –la borbónica por el lado españolista y la estelada por el lado independentista–, tales partidos habrían disminuido espectacularmente su apoyo electoral como ha ocurrido en la mayoría de países de la UE.
Gran parte de la población es consciente de la enorme crisis y atribuye a las políticas neoliberalres aplicadas su existenciaComo era de esperar, artículos publicados en revistas de signo neoliberal próximas a los nacionalistas de ambos lados han intentado convencer a la ciudadanía de que la situación se ha resuelto y que los recortes se han revertido alcanzando los niveles de gasto que España, incluyendo Catalunya, tenían antes de la crisis. Artículos titulados “La remisión de los recortes” o parecidos son comunes en tales medios. Pero los datos muestran la enorme falsedad de esos supuestos. En realidad, la gran mayoría de la ciudadanía es plenamente consciente de ello. En una encuesta reciente publicada en El País (11.11.18), la gran mayoría de españoles (82%), incluyendo los catalanes, no creen que España haya salido de la crisis. Y un porcentaje también muy elevado (66%) acusa a las políticas de la clase política (es decir, de los partidos gobernantes) de la crisis y de su continuidad como consecuencia de tales políticas. El 73,6% de los encuestados, que representan a la población española, creen (con razón) que España tiene mayor pobreza, un 77,9% que hay menor calidad en el empleo, el 67,4% que hay mayores desigualdades y el 58,5% que hay menor desarrollo económico. Las estadísticas muestran que tales percepciones responden claramente a una realidad. Casi un cuarto de la población sufre riesgo de pobreza y exclusión social, incluyendo gente asalariada. Y los ingresos y el nivel de vida de la mayoría de la población han disminuido. Es también importante señalar que además de responsabilizar a la clase política gobernante por la enorme crisis, también el 67,2% responsabiliza al Banco Central Europeo, al Fondo Monetario Internacional y a la Comisión Europea (comúnmente conocidos como la Troika) por haber promovido tales políticas.
Y hace solamente unos días el barómetro del CEO (Centro de Estudios de Opinión del la Generalitat de Catalunya) mostraba que los dos principales problemas (que están incluso por encima del desempleo) que la mayoría de la población catalana considera que hay en Catalunya son la insatisfacción con la política (que incluye las políticas públicas que se están aplicando) y las tensiones entre Catalunya y España (que en realidad quiere decir entre el bloque unionista y el separatista). En la misma encuesta, el 66% favorece la protesta social para lograr que “los políticos cambien de rumbo”, y la gran mayoría suspende con claridad la gestión de los gobiernos catalán y español.
La respuesta popular a la enorme crisis
Como era de esperar, apareció un movimiento de protesta, el 15-M, cuyo principal eslogan era una denuncia de tales políticas y de los partidos gobernantes que las impusieron, indicando que la clase política carecía de legitimidad pues no estaba sirviendo a la población. El “no nos representan” era su denuncia, y el “sí se puede” era el camino para encontrar una solución. Era fundamental que se cuestionara el argumento del establishment neoliberal que justificaba la aplicación de tales políticas indicando que eran las únicas posibles. Tal movimiento mostró con datos (ver Navarro, V. Torres, J. Garzón, A. Hay alternativas. Propuestas para crear empleo y bienestar en España. Sequitur, 2011) que sí se podían seguir otras alternativas. Y se estableció un movimiento político-social, Podemos, que ha tenido un gran impacto político en el país. De nuevo, en la encuesta de El País, una mayoría de la población (alrededor del 66%) cree que la aparición de Podemos fue consecuencia del rechazo a tales políticas. Entre otros cambios, el fin del bipartidismo es un resultado de ello.
La respuesta del establishment neoliberal
Hay que subrayar que tal crisis fue fácil de predecir. Algunos lo hicimos: en el libro Neoliberalismo y Estado del Bienestar (Ariel Económica, 1997) ya avancé que las políticas iniciadas en la década de los años ochenta a los dos lados del Atlántico Norte crearían una enorme crisis. Y así ocurrió. Tales políticas favorecieron sistemáticamente a las rentas del capital a costa de las rentas del trabajo, creando unas enormes desigualdades que crearían una crisis económica y financiera, que a su vez originaría una gran crisis social y, por último, una gran crisis política que cuestionaría la legitimidad de las instituciones que sustentan la estructura de poder.
Por lo general, el establishment neoliberal está hoy a la defensiva, aun cuando el conflicto de banderas está en cierta medida alentado por los dos bandos, a fin de ocultar la crisis social y sus responsabilidades en su establecimiento. A mayor responsabilidad, mayor es el grito de las banderas. Por lo demás, su apoyo a tales políticas continúa.
Ahora bien, en el panorama político español ha habido cambios en gran parte como consecuencia de la movilización y protesta que ha aparecido en las calles. El PSOE ha sido sensible y ha sido receptivo a las propuestas de Unidos Podemos, siendo su resultado el establecimiento de una propuesta de presupuestos cuya aplicación sería el inicio del fin del neoliberalismo. Desde el incremento del salario mínimo (de los más bajos de la UE) hasta la regulación del precio del alquiler, hay toda una serie de propuestas que beneficiarían enormemente la calidad de vida y el bienestar de la población, y muy en particular de las clases populares de los distintos pueblos y naciones de España. Predeciblemente las derechas españolas (PP y Ciudadanos) se han opuesto a ello, aunque no ha sido la única oposición que está encontrando la propuesta de presupuestos.
Más sorprendente ha sido la oposición de las izquierdas independentistas, que han puesto la aprobación de los presupuestos como parte de una negociación con el gobierno socialista, subrayando que su apoyo a los presupuestos sería un favor al gobierno que no están dispuestos a realizar a no ser que este cambie en su política hacia los presos. Los presupuestos, que sin lugar a dudas beneficiarían a la mayoría de la población catalana, quedan, pues, supeditados a la resolución del tema de los presos.
Conscientes de que tal posición les podría suponer un coste electoral, algunas voces de tales izquierdas del bloque independentista han indicado que favorecen las medidas sociales que incluyen los presupuestos, ofreciéndose a apoyar tales cambios no como parte de unos presupuestos, sino como una suma de decretos-ley, cada uno de los cuales contendría una medida social. Según la Constitución, el gobierno está autorizado a establecer medidas presupuestarias excepcionales de apoyo a decretos-ley que el gobierno considere de especial interés. Y así lo ha propuesto el mismo gobierno Sánchez.
Los decretos-ley no son lo que se supone
El error de sustituir los presupuestos por decretos-ley es, sin embargo, creer que las medidas sociales de los presupuestos pueden sustituirse por una suma de tales decretos, lo cual es altamente cuestionable, tal como la experiencia demuestra. No hay duda de que las derechas neoliberales, el PP y Ciudadanos, llevarán esos decretos-ley al Tribunal Constitucional (TC), basándose en que una condición para su aprobación es su excepcionalidad. En otras palabras, los decretos-ley en los temas sociales enunciados tienen que responder a circunstancias de urgencia y excepcionalidad, categoría subjetiva que, sin lugar a dudas, dará pie a la intervención del TC, lo que llevará, además de a un gran retraso, a la posibilidad muy probable de que dichas medidas sean vetadas por tal tribunal. La judicialización de la política es una constante en la estrategia de las derechas en España, conscientes de que el poder judicial en este país está muy escorado a la derecha, como el juicio de los presos políticos está demostrando. De ahí que tal judicialización dificultará e incluso imposibilitará su aprobación. Así pasó con anteriores decretos-ley, como la declaración de inconstitucionalidad en el año 1997 de una reforma fiscal de 1992, o en el año 2016 de unos créditos extraordinarios aprobados en 2014. En ambos casos el TC indicó que unos cambios de tal naturaleza no podían seguir la vía extraordinaria, sino la ordinaria. Y así podría pasar, anulando la probabilidad de que tales medidas pudieran ser aprobadas.
La enorme responsabilidad de las izquierdas independentistas en perpetuar la enorme crisis social existente en Catalunya y en EspañaEs un gran error y una enorme incoherencia el ligar y relacionar la aprobación de los presupuestos (que significan un paso muy importante, ya que contienen medidas de gran calado que beneficiarían enormemente a las clases populares de Catalunya y de España) a cambios del gobierno español en el tema nacional. La continua supeditación de la resolución de la enorme crisis social a la resolución del tema nacional está convirtiendo a tales izquierdas en cómplices del enorme daño que los partidos neoliberales están imponiendo a la población.
Su comportamiento durante el “procés” está ahora alcanzando su máxima expresión en su oposición a la aprobación de tales medidas progresistas. Las clases populares están sufriendo y no pueden supeditarse las acciones encaminadas a eliminar o al menos disminuir tal dolor a acciones en otros ámbitos, anteponiendo el tema nacional (por muy noble que su causa les parezca) a la resolución de la brutal crisis social.
Hoy, la gran mayoría de la población catalana votaría a partidos de izquierdas. Según la última encuesta del CEO, la suma de los votos de ERC, PSC, Catalunya en Comú y la CUP sería mayoritaria entre la población (58,5%). Es lógico, pues, asumir que, conforme al principio de representatividad y solidaridad que debería guiar a las izquierdas, la mayoría de catalanes desea que estas medidas sean aprobadas. Ahora bien, las izquierdas independentistas (ERC y CUP) prefieren mantener la alianza con otros partidos independentistas (y por lo tanto con la derecha neoliberal del PDeCAT), una alianza que sería minoritaria (la suma de ERC, PDeCAT y CUP no alcanzaría el 50%, concretamente sería el 48,4%). Y la suma de las derechas (PDeCAT, Ciudadanos y PP) sería solo del 39,5%. Y, en cambio, los partidos neoliberales de derechas, claramente en minoría, serían los mayores beneficiarios del veto independentista a los presupuestos.
Las izquierdas independentistas deberían anteponer el deseo de las clases populares, en un momento de gran crisis social. Ignorar tal deseo (a favor de un futuro incierto) es un gran error que, por desgracia, se ha cometido durante un largo periodo de tiempo. Parecen no entender que la estrategia de tensión que están favoreciendo está llevando a una situación que está causando un enorme daño a la mayoría de la población, que no es para nada responsable ni de la situación, ni de los presos políticos, ni de la rigidez y represión del Estado central, ni de la torpeza del gobierno catalán. Así de claro.
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