lunes, 9 de mayo de 2016

Sorprendente giro en Brasil: anulan impeachment contra Dilma Rousseff


El presidente interino de la Cámara de Diputados, Waldir Maranhão, anuló este lunes el proceso de 'impeachment' (juicio político) lanzado contra la presidenta brasileña, Dilma Rousseff, en el Congreso. Según ha podido saber el diario local Folha de Sao Paulo, Maranhão sostiene que la votación llevada a cabo en la Cámara Baja para impulsar el 'impeachment' sobrepasó los límites de la denuncia contra Rousseff por un "crimen de responsabilidad".

El delito que se le imputa a Rousseff es aumentar el gasto público en plena campaña para la reelección en 2014 sin recabar antes la autorización del Congreso, lo que se conoce popularmente como 'pedaladas fiscales'. Según una auditoría realizada en octubre por el Tribunal de Cuentas (TCU), existen varias irregularidades contables en los presupuestos de 2014 por valor de 40.000 millones de reales (1.728 millones de euros). Por esta razón, este tribunal ha rechazado las cuentas del Ejecutivo de 2014, alegando que estaban maquilladas. Solo hay un precedente como ese, que se remonta a 1937. Además, había indicios de pedaladas también en las cuentas públicas de 2015.

Sin embargo, para Maranhão el debate en la cámara baja se centró en la presunta implicación de Rousseff en el escándalo de corrupción en Petrobras, cuestión que no está comprendida en la denuncia del 'impeachment'. El presidente interino indicó que aceptó una demanda de la Abogacía General del Estado, que defiende a Rousseff y exigió la "nulidad" de la sesión del pasado 17 de abril, en que 367 de los 513 diputados aceptaron las denuncias contra la mandataria y dieron lugar al trámite.

Maranhão llegó al cargo la semana pasada, después de que el Tribunal Supremo decidiera cesar a Eduardo Cunha -impulsor del juicio político contra la Presidenta- por usar la Cámara de Diputados en beneficio propio. Maranhão explicó que uno de los "vicios" detectados en esa sesión consistió en que los partidos políticos representados en la Cámara Baja orientaron el voto de sus diputados, lo que no tendría que haber ocurrido en una decisión de esa naturaleza. "Los partidos políticos no podían orientar una cuestión para que sus parlamentarios votasen de un modo u otro, toda vez que debían hacerlo de acuerdo a sus convicciones personales y libremente", aseguró.

También informó que ha pedido al Senado que devuelva el proceso a esa instancia, pese a que la Cámara Alta se apresta para celebrar la votación definitiva sobre la posible apertura de un juicio político a Rousseff. La intención de Maranhao es que la votación en la Cámara Baja se repita, lo que pudiera ocurrir cinco días después de que el Senado devuelva el proceso, según explicó en una nota oficial.

El Gobierno y la Abogacía General del Estado han alegado que el proceso para la posible destitución de Rousseff comenzó por una supuesta "venganza" de Cunha, salpicado por la corrupción en la empresa estatal Petrobras. La decisión de Maranhão, la primera que adopta desde que reemplazó a Cunha la semana pasada, ha dejado en el limbo la votación que debería celebrar el Senado, que estaba previsto que comenzara el próximo miércoles. Si el pleno del Senado votase y, por mayoría simple de sus 81 miembros, se inclinase por la apertura del proceso, Rousseff sería separada del cargo durante los 180 días que puede durar el juicio y durante ese período sería reemplazada por el vicepresidente Michel Temer, también enemistado con Rousseff, quien completaría el mandato que vence el 1 de enero de 2019.

La propia Rouseff pidió "cautela" ante la decisión, pues todavía desconoce "las consecuencias" que eso pudiera tener. "Sé que un recurso [contra el proceso] fue aceptado", y "no puedo fingir que no estoy sabiendo", declaró la gobernante en un acto con cientos de estudiantes y profesores, a los que pidió "cautela", porque "vivimos una coyuntura de mañas y artimañas".

Rousseff apuntó que, aún sin saber las consecuencias legales de esa decisión, "es necesario continuar percibiendo lo que está en curso", que volvió a definir como un "golpe contra la democracia", contra su mandato y contra los programas sociales de su Gobierno.

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