La evasión de impuestos mediante la triangulación con paraísos fiscales es una práctica recurrente entre multinacionales, lo que hace perder a los entes recaudadores entre 100.000 y 240.000 millones de dólares anuales. Los ministros de Finanzas del G-20 acordaron ayer un paquete de medidas para una reforma integral de la normativa tributaria internacional, con el objetivo de frenar esta elusión fiscal. El paquete fue elaborado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y deberá ser convalidado por los jefes de Estado de ese grupo de países en la cumbre anual a mediados de noviembre en Turquía. La iniciativa surge luego de años de polémicas sobre los impuestos ínfimos que pagan firmas como Apple, McDonald’s, Starbuck’s, Google, Facebook, Amazon, Ikea, JP Morgan o Pepsi, entre otras, muchas de las cuales son investigadas por distintos gobiernos. Entre las propuestas figura la limitación de las deducciones sobre intereses, la regulación de nichos fiscales para las patentes y el intercambio de informaciones sobre las normas vigentes por sector en cada país.
El plan comenzó a gestarse por la comunidad internacional hace tres años con participación de miembros de la OCDE, del G-20 y países en desarrollo y de la comunidad empresarial, académica, gremial y civil. Busca complicar el trabajo de las grandes multinacionales que hacen desaparecer sus beneficios tras transferirlos a paraísos fiscales donde no se les conoce actividad económica, según señaló la OCDE. El objetivo es que las multinacionales paguen impuestos en donde realmente están activas. El plan, denominado BEPS (erosión de la Base Imponible y el Traslado de Beneficio, por sus siglas en inglés), fue adoptado por los ministros de Finanzas del G-20.
“Es un momento histórico”, dijo el viceministro turco de Finanzas Cevdet Yilmaz, en una conferencia de prensa en la reunión del FMI y el Banco Mundial. Los grandes grupos corporativos suelen aprovechar las ventajas que ofrecen los paraísos fiscales, que cobran tasas impositivas mínimas a partir de cierto volumen de dinero. El tamaño de estas empresas les permite abrir filiales en estas jurisdicciones offshore, en donde reciben el dinero para poder tributar menos. Las denominadas técnicas de “optimización fiscal” rozan la ilegalidad y hacen perder al fisco, según estimaciones de la OCDE, de 4 a 10 por ciento de los impuestos corporativos.
Los ministros presentes coincidieron en que el problema son lagunas legales que permiten esa evasión fiscal. Bajo el amparo de estos huecos legales, son varias las multinacionales que pagan menos impuestos y están siendo investigadas por transferencia de fondos. Uno de los casos más conocidos es el de Apple, que utilizaría su holding en Irlanda, Apple Operations International, y no paga impuestos en Estados Unidos, el país de origen. A fin del año pasado la Comisión Europea abrió una investigación sobre Apple en Irlanda, en donde hay indicios de un posible acuerdo, por el que las filiales de Apple en ese país estarían pagando impuestos cercanos al 2 por ciento. McDonald’s también podría ser sometida a una investigación de la Comisión Europea para aclarar sus prácticas fiscales. La cadena de comida rápida fue acusada por tres federaciones internacionales de sindicatos por evasión de impuestos por un valor de 1000 millones de euros en países europeos entre 2009 y 2013. La firma habría empleado un esquema de “tax ruling” para declarar en Luxemburgo más de 3700 millones de euros en beneficios realizados en otros países de la comunidad.
Frente a estas prácticas se acordó regular los BEPS, que se suma al arsenal de medidas con que cuenta la comunidad internacional para luchar contra la evasión fiscal, como el existente sistema de intercambio automático de datos bancarios. El plan había recibido anteayer el respaldo del G-24, que reúne a países en desarrollo y emergentes como Argentina, Brasil, Guatemala, México, Perú, Trinidad y Tobago, y Venezuela. Durante la reunión de ayer los funcionarios renovaron su compromiso para aplicar las medidas “de forma rápida, generalizada y coherente”, y reiteraron la necesidad de que la OCDE elabore un marco de supervisión inclusivo para principios del 2016, en el que todos los países participen en igualdad de condiciones. “Están detrayendo de nuestras economías recursos necesarios para reactivar el crecimiento, atajar los efectos de la crisis mundial y crear mejores oportunidades para todos”, dijo el secretario general de la entidad, Angel Gurría.
El paquete fue elaborado en base a un plan de 15 acciones que gira en torno de tres pilares: dotar de coherencia a aquellas normas de derecho interno que abordan actividades transfronterizas, reforzar las exigencias de actividad sustancial en los actuales estándares internacionales para así establecer la conexión entre los tributos y el lugar de realización de las actividades económicas y de creación de valor, y mejorar la transparencia y seguridad jurídica para empresas y administraciones. Cerca de 90 países trabajan de manera conjunta en el desarrollo de un instrumento multilateral que permita introducir estas medidas fiscales en los acuerdos bilaterales en vigencia, que estará abierto a la firma de los interesados en 2016.
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