Tribunal Europeo marca un hito y frena un desalojo en España

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos resolvió paralizar el desalojo de un edificio de viviendas ocupado por 16 familias en la ciudad catalana de Salt. La edificación es propiedad de un “banco malo” creado por el gobierno español para gestionar activos tóxicos de las entidades rescatadas por el Estado. Si bien la medida es temporal, representa un hito: el tribunal europeo, con sede en la ciudad francesa de Estrasburgo, atendió las razones humanitarias esgrimidas por los ocupantes, a quienes la Justicia española les da la espalda. Las familias del edificio, en su mayoría inmigrantes, celebraron la decisión judicial entre lágrimas y abrazos arropados por la consigna “Sí se puede”, grito de guerra lanzado por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca cada vez que consigue parar un desalojo o desahucio, como se lo conoce en España.

Los inmigrantes pasaron una noche tensa bajo la amenaza de ser echados por la policía. “Lo hemos pasado muy mal, con muchos nervios, y estamos muy agradecidos a la gente que nos apoyó”, afirmó Nuria Brugalada, una de las 43 personas que viven en el edificio. El caso de Salt es emblemático, ya que los afectados iban a ser desalojados a pedido de Sareb, entidad diseñada por el Ejecutivo de Mariano Rajoy, en el marco de una política que, supuestamente, debería resolver los problemas derivados de la crisis financiera en España. “Este caso es el ejemplo de la vergüenza que denunciamos: la exigencia de departamentos rescatados con dinero público que ahora se quieren entregar a inversores y especuladores extranjeros”, señaló Ada Colau, vocera de la PAH, después de celebrar la noticia de la paralización del desalojo.

La decisión del tribunal europeo es un precedente muy importante, subrayó la activista, quien recordó que aunque había un pronunciamiento favorable en el caso de una vivienda en Madrid, esta vez se trata de un edificio entero, lo que la PAH llamó un “macrodesahucio (desalojo)”. El bloque de viviendas, ubicado sobre la calle Castany 91, de Salt, en la provincia de Girona, llevaba tres años vacío y fue ocupado hace ocho meses por la PAH con la intensión de ayudar a un grupo de familias –43 personas, entre ellas 21 niños– que habían sido objeto de uno o más desalojos y que no tenían un techo bajo el cual vivir.

La plataforma ciudadana ya reubicó a unas 700 personas a través de la ocupación de algunas de las más de 300.000 viviendas vacías cuya existencia en el país denuncia la PAH. El 47 por ciento de la población de Salt es inmigrante y allí se produjo el 50 por ciento de los desalojos de la provincia de Girona. En este caso, el inmueble era propiedad del banco Mare Nostrum que, como otras entidades, fue rescatado con dinero público y muchos de sus activos pasaron a la Sareb (Sociedad de Gestión de Activos Inmobiliarios Procedentes de la Reestructuración Bancaria).

Con 45 por ciento de capital público, esa entidad fue creada, a mediados de 2012, a pedido de la troika –Banco Central Europeo, Comisión Europea y el Fondo Monetario Internacional– como parte de la política de reestructuración financiera exigida por el rescate europeo a la banca de España. En agosto, la Sareb solicitó el desalojo del inmueble de Salt y a pesar de los recursos presentados por los ocupantes de la PAH, un tribunal provincial de Girona le puso fecha a la ejecución de la orden: 16 de octubre a las 9.30.

Sin embargo, el abogado de los afectados, Benet Salellas, había presentado un recurso de amparo ante el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo. En el escrito exigió que se paralizara el desalojo, de forma urgente y permanente, alegando la vulneración de garantías y derechos fundamentales de los ocupantes del edificio por parte de la Justicia española. La respuesta llegó justo a tiempo, cuando amanecía, y cientos de miembros de la PAH, apoyados por bomberos y vecinos, se disponían a resistir el desalojo después de haber pasado la noche acampando en las inmediaciones de lugar. La resolución europea paraliza el desalojo hasta el 29 de octubre y pide al Ejecutivo español que informe de la situación de las familias afectadas antes del día 24 del mismo mes.